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La operación en la que se ha detenido a Corbín investiga comisiones ilegales en más de diez contratos municipales

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – La operación ‘Azud’, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del Ayuntamiento de esta ciudad durante el mandato del Partido Popular.

En este operativo, que se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 13 de València, hay dos personas detenidas –José María Corbín y otro abogado– y más de una decena de investigados por delitos contra la administración pública, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras.

Las mismas fuentes prevén que este jueves pasen a disposición judicial los arrestados, ya que durante la jornada de hoy continúan los registros iniciados ayer en domicilios y el despachos como el de Corbín y este miércoles se practicarán en la residencia de verano familiar en Jávea (Alicante).

En concreto, la operación Azud, que trascendió ayer auque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana realizaron al bufete del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá.

CENTRAL OPERATIVA DE SANEAMIENTO

Por ello, se ha requerido al consistorio información sobre diversas contrataciones. Entre la documentación recopilada por los agentes, figuran facturas en la Central Operativa de Saneamiento (COS) de València.

Así, efectivos de la UCO estuvieron este martes hasta las 21.30 horas en las dependencias de saneamientos para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal dependiente de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a este departamento.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de València han reiterado que las actuaciones llevados a cabo la pasada jornada por la UCO de la Guardia Civil en diferentes puntos de la ciudad no se realizaron en Aumsa, empresa municipal dependiente de la Concejalía de Urbanismo.

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Zarzuela considera que el Rey emérito debería recuperar su residencia fiscal en España si regresa

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rey Juan Carlos Le Figaro

La Casa del Rey vincula el regreso a la residencia fiscal

La Casa de S.M. el Rey considera que el Juan Carlos I puede regresar a vivir a España cuando lo estime oportuno. No obstante, en el entorno de Zarzuela entienden que, si el monarca emérito desea salvaguardar su imagen pública y la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.

Según esta posición, el eventual retorno no estaría condicionado jurídicamente, pero sí tendría implicaciones reputacionales para la Corona.

Un debate ligado a la imagen de la institución

Desde la Casa del Rey subrayan la importancia de preservar la estabilidad y la credibilidad de la monarquía parlamentaria. En ese contexto, la situación fiscal del emérito es vista como un elemento relevante en términos de percepción pública.

El debate se enmarca en la voluntad de reforzar la transparencia institucional y evitar cualquier controversia que pueda afectar a la figura del actual jefe del Estado, Felipe VI.

Residencia en el extranjero y posible regreso

Juan Carlos I fijó su residencia fuera de España en 2020. Desde entonces, ha realizado visitas puntuales al país, pero sin establecer de nuevo su residencia permanente.

La posibilidad de un regreso definitivo ha sido objeto de especulación en diversas ocasiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución insisten en que cualquier decisión debería tener en cuenta no solo el plano personal, sino también el impacto institucional.

La prioridad: proteger la Corona

La postura trasladada desde Zarzuela apunta a que, más allá del derecho individual del Rey emérito a regresar, la prioridad es proteger la imagen de la Corona y garantizar la coherencia entre residencia efectiva y fiscal.

En un contexto de máxima atención pública sobre la monarquía, cualquier paso relacionado con Juan Carlos I continúa generando interés político y mediático.

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