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La operación en la que se ha detenido a Corbín investiga comisiones ilegales en más de diez contratos municipales

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – La operación ‘Azud’, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del Ayuntamiento de esta ciudad durante el mandato del Partido Popular.

En este operativo, que se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 13 de València, hay dos personas detenidas –José María Corbín y otro abogado– y más de una decena de investigados por delitos contra la administración pública, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras.

Las mismas fuentes prevén que este jueves pasen a disposición judicial los arrestados, ya que durante la jornada de hoy continúan los registros iniciados ayer en domicilios y el despachos como el de Corbín y este miércoles se practicarán en la residencia de verano familiar en Jávea (Alicante).

En concreto, la operación Azud, que trascendió ayer auque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana realizaron al bufete del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá.

CENTRAL OPERATIVA DE SANEAMIENTO

Por ello, se ha requerido al consistorio información sobre diversas contrataciones. Entre la documentación recopilada por los agentes, figuran facturas en la Central Operativa de Saneamiento (COS) de València.

Así, efectivos de la UCO estuvieron este martes hasta las 21.30 horas en las dependencias de saneamientos para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal dependiente de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a este departamento.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de València han reiterado que las actuaciones llevados a cabo la pasada jornada por la UCO de la Guardia Civil en diferentes puntos de la ciudad no se realizaron en Aumsa, empresa municipal dependiente de la Concejalía de Urbanismo.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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