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La operación en la que se ha detenido a Corbín investiga comisiones ilegales en más de diez contratos municipales

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – La operación ‘Azud’, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del Ayuntamiento de esta ciudad durante el mandato del Partido Popular.

En este operativo, que se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 13 de València, hay dos personas detenidas –José María Corbín y otro abogado– y más de una decena de investigados por delitos contra la administración pública, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras.

Las mismas fuentes prevén que este jueves pasen a disposición judicial los arrestados, ya que durante la jornada de hoy continúan los registros iniciados ayer en domicilios y el despachos como el de Corbín y este miércoles se practicarán en la residencia de verano familiar en Jávea (Alicante).

En concreto, la operación Azud, que trascendió ayer auque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana realizaron al bufete del abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá.

CENTRAL OPERATIVA DE SANEAMIENTO

Por ello, se ha requerido al consistorio información sobre diversas contrataciones. Entre la documentación recopilada por los agentes, figuran facturas en la Central Operativa de Saneamiento (COS) de València.

Así, efectivos de la UCO estuvieron este martes hasta las 21.30 horas en las dependencias de saneamientos para recabar facturas de la empresa que tiene adjudicado este servicio municipal dependiente de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a este departamento.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de València han reiterado que las actuaciones llevados a cabo la pasada jornada por la UCO de la Guardia Civil en diferentes puntos de la ciudad no se realizaron en Aumsa, empresa municipal dependiente de la Concejalía de Urbanismo.

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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