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La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, aplazada

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VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Ayuntamiento de València ha decidido aplazar la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, prevista de manera inicial a partir del próximo 20 de marzo, debido a la crisis del coronavirus y al estado de alarma decretado por esta circunstancia, según han informado fuentes municipales.

La medida también incluye el aplazamiento de las modificaciones de la red de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad previstas a partir de dicha actuación y los cambios de tráfico que en consecuencia se iban a acometer en la calle de Colón.

El aplazamiento se mantendrá «hasta que la situación sanitaria permita» acometer este proyecto y atender, de este modo, cuestiones como esta y no las derivadas del contexto actual. Así, el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, ha anunciado esta medida «dada la situación actual» de «lucha para contener la expansión del Covid-19».

El edil ha destacado, en consecuencia, «la decisión de aplazar las iniciativas previstas para la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento hasta que la situación sanitaria permita priorizar otras cuestiones como esta».

Asimismo, ha asegurado que se trata de una medida «consensuada, por supuesto», en el seno del gobierno municipal que preside el alcalde Joan Ribó y que conforman Compromís y PSPV. «No es momento ni nos hemos planteado discrepancias en cosas como esta. Ahora todo el mundo tiene que estar a la altura» de la situación actual, ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Giuseppe Grezzi ha destacado la necesidad de «posponer» esta peatonalización y todas las actuaciones derivadas de ella tanto en este enclave como en otros puntos de la ciudad próximos como la calle Xàtiva, donde se ubicará uno de los nuevos intercambiadores para la circulación de los autobuses municipales, y la calle Colón, por la que se había previsto desviar la circulación de diversas líneas y transformarla en una vía con dos carriles para el transporte público y uno para el tráfico privado.

Así, ha apuntado que, en un momento como el actual de crisis por el coronavirus y del estado de alarma decretado ante la evolución de esta enfermendad, es conveniente «priorizar» las actuaciones de las administraciones. En esta línea, ha explicado que antes de decretarse el estado de alarma y llegar al contexto actual, cuando solo se conocía la suspensión de la celebración de las Fallas, se mantenía la idea de seguir avanzando en la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, también teniendo en cuenta que «con menos actividad» en la calle podría ser «más fácil» avanzar y provocar «menos molestias».

No obstante, el concejal ha comentado que la situación cambió el fin de semana y que, por ello, desde el equipo de gobierno local se ha decidido, a pesar de tenerlo «todo preparado», dejar la intervención para más adelante, cuando la situación lo permita y se pueda trabajar en la calle.

«No era adecuado ni oportuno» llevarla a cabo ahora, ha dicho Grezzi, que ha resaltado que no se plantea ninguna fecha para hacer efectiva la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento porque «no se sabe cómo evolucionará» la situación generada por el coronavirus. A este respecto, ha apuntado que se está diciendo que el estado de alerta podría prorrogarse más allá de los 15 días previstos inicialmente.

«Todo está preparado pero se pospone. Cuando remita todo lo relacionado con el coronavirus se retomará» la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento «conforme estaba previsto», ha insistido el titular de Movilidad Sostenible, que ha manifestado que cuando se vaya a retomar y ejecutar el proyecto se anunciarán las fechas con tiempo. Ha agregado que en este momento la «decisión más oportuna» es posponer la actuación.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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