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Valencia

La prisión de Picassent suspende las comunicaciones y permisos por un brote que afecta a 133 internos

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EFE

València, 27 ene (EFE).- El centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent (Valencia) ha suspendido todas las comunicaciones -ordinarias y especiales- y permisos y solo permitirá la entrada al centro de los trabajadores para tratar de contener los contagios de covid que afectan por ahora a 133 internos, la mayoría asintomáticos.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, estas medidas, que entrarán en vigor este miércoles, tienen una vigencia inicial de dos semanas.

Así, se suspenden todas las salidas de permiso, programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor, situación de necesidad, por razones judiciales o sanitarias imprescindibles.

Se suspenden también los talleres productivos y solo se permitirá el acceso al personal funcionario y laboral, y al personal extrapenitenciario cuya labor sea indispensable.

Estas disposiciones se toman tras el cribado realizado a los internos del centro penitenciario y ante la situación epidemiológica de la provincia de Valencia.

Actualmente en este centro hay 133 casos positivos, la inmensa mayoría asintomáticos y sin hospitalizaciones, entre una población que se sitúa en 1.910 internos.

El número de internos confinados en celda, como marca el protocolo sanitario, es de 473, han indicado las mismas fuentes.

En cuanto al número de trabajadores afectados, son 16 los funcionarios que han dado positivo tras someterse a una PCR y 6 se encuentran en aislamiento.

A estas cifras hay que sumar otros 6 pertenecientes al Centro de Inserción Social, mientras que el número de empleados en cuarentena asciende a 27.

Para paliar esta restricción de las comunicaciones y permisos de las personas que se encuentran en prisión, se ampliará el número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, y se potenciará el uso de videollamadas.

Respecto a esta decisión de Instituciones Penitenciarias, el sindicato Acaip-UGT ha lamentado que «no se adoptasen medidas drásticas y tajantes cuando se detectó el primer brote de importancia a principios de enero, y por eso ahora se ha llegado a esta situación».

«Es imposible saber cuál es la extensión real del coronavirus en el mayor centro penitenciario de España, ya que la actividad en el interior del centro ha seguido siendo prácticamente normal hasta el día de hoy», añade en un comunicado.

Asimismo, se insiste en que Acaip-UGT «había solicitado el pasado 8 de enero, después del primer brote grave en el centro, que se limitara toda la actividad no esencial en el mismo», una petición que se repitió el pasado domingo, junto con la solicitud de que se dotase al personal de mascarillas FFP2.

Este sindicato eleva la cifra de internos contagiados a 157, y añade que son otros 425 los que permanecen en cuarentena.

Respecto a los trabajadores, Acaip indica que hay un total de 15 casos positivos (12 con origen extralaboral y 3 laboral) y 19 están en cuarentena (14 origen extralaboral y 5 laboral).

Por otra parte, en el Centro Penitenciario de Alicante II (Villena) hay 45 internos positivos, 28 de ellos recientes, y son todos asintomáticos, ha informado Interior.

El número total de internos confinados sanitariamente con carácter preventivo en celda son 140.

El número de funcionarios de este centro que actualmente se encuentran de baja por ser positivos asciende a siete.

Con respecto al resto de prisiones de la Comunitat Valenciana no hay datos nuevos respecto a la semana pasada, concluye la información del Ministerio.

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Valencia

Argüeso defiende su actuación durante la dana del 29O: «Fui al 112 y salvé muchas vidas»

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Valencia justicia dana

También respalda a Mazón y afirma que no tenía obligación de acudir al Cecopi

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS)
El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ha asegurado este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que el 29 de octubre de 2024, día en el que se produjo la devastadora DANA en la Comunitat Valenciana, se dirigió personalmente al centro 112 debido a la falta de respuesta a sus solicitudes de rescate. Según ha afirmado, su intervención directa permitió salvar numerosas vidas.

Argüeso ha declarado en calidad de investigado dentro del proceso judicial que analiza la gestión de la emergencia por la riada. Durante su testimonio, ha recalcado que no tenía competencias para convocar al Cecopi, algo que correspondía a la entonces consellera Salomé Pradas, quien lo hizo sobre las 15:00 horas. También ha defendido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegurando que no fue convocado al Cecopi y que, por tanto, no tenía por qué acudir.

Según el exnúmero dos de Emergencias, la dirección del operativo estaba en manos de Pradas y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Asimismo, ha asegurado que no fue informado de la retirada de los bomberos forestales del barranco del Poyo, y que lo desconocía hasta fechas recientes. Ha indicado además que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, estaba de vacaciones en esos días, y que su sustituta fue quien le pidió reincorporarse por la gravedad de la situación.

Gritos y protestas a su llegada a los juzgados

Argüeso ha llegado a los juzgados de València a las 9:45 horas, en medio de un ambiente de tensión. Familiares de víctimas y miembros de asociaciones lo recibieron con protestas, pancartas y gritos de “asesinos” y “di la verdad”, mientras sonaba una alarma del sistema ES-Alert. La Policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos.


Salomé Pradas se desvincula de la dirección del operativo y se declara inexperta en emergencias

La exconsellera afirma que siguió siempre las instrucciones técnicas

También ha comparecido ante la jueza instructora la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, quien ha declarado durante casi tres horas, visiblemente emocionada. Pradas ha insistido en que no tenía experiencia en gestión de emergencias y que no dirigía el operativo, recalcando que fue su primera crisis de este tipo desde que asumió el cargo en julio de 2024.

Durante su testimonio, Pradas ha entregado un listado de llamadas realizadas y recibidas el día de la catástrofe, y ha explicado el rol de cada administración implicada. Ha señalado que la coordinación técnica recaía en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), liderado por José Miguel Basset, ex inspector jefe del Consorcio de Bomberos.

En relación con el retraso del aviso ES-Alert enviado a la población, Pradas ha defendido que no fue responsabilidad de Carlos Mazón, sino que se siguieron las directrices técnicas. El mensaje se emitió a las 20:11 horas, cuando ya había localidades inundadas y personas atrapadas.

“229 fallecidos, 0 responsables”: el clamor de las víctimas

La llegada de Pradas a la Ciudad de la Justicia, sobre las 9:17 horas, también estuvo marcada por una protesta masiva. Manifestantes portaban pancartas con lemas como “Mazón dimisión”, “Valencia no olvida” y “Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia”. Incluso se exhibió una figura gigante de Mazón con las manos rojas, simbolizando responsabilidad por la tragedia.

Pradas ha insistido en que su cargo era “institucional” y que eran los técnicos quienes tomaban decisiones. También ha señalado que no recibió ninguna advertencia sobre un posible desbordamiento del barranco del Poyo hasta avanzada la tarde, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no emitió alertas previas concluyentes.


 

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