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La tercera ola de pandemia supone el 45% de los procesos de incapacidad

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València, 17 feb (EFE).- La tercera ola de la pandemia ha supuesto el 44,79 % de los procesos de incapacidad temporal en la Comunitat Valenciana, que ascienden a un total de 337.648 de los que 50.611 están activos, según Comisiones Obreras.

Del 21 de octubre de 2020 al 27 de enero de este año, en la tercera ola de la pandemia, se han declarado 206.340 procesos, y en el mes de diciembre y la fracción de enero han sido 151.217 procesos, unos datos que reflejan la magnitud de la intensidad con la que ha golpeado la pandemia, según recoge un estudio elaborado por CCOO PV a partir de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De los 337.648 procesos (94.466 por infección y 243.182 por aislamiento), 287.037 han finalizado y 50.611 están en vigor, 21.050 de ellos de personas infectadas y 29.561 por aislamiento.

Estas cifras de personas infectadas en la actualidad aconsejan una desescalada prudente, basada en la salud de las personas y la descongestión del sistema sanitario porque, según el responsable de Salud Laboral de CCOO PV, Daniel Patiño, otro mes y medio con estos datos sería «catastrófico» para el sistema sanitario, pero también para las empresas que siguen manteniendo su actividad.

El aislamiento ha sido un elemento de lucha contra el coronavirus y la posibilidad de utilizar esta prestación ha sido una herramienta útil que ha ayudado a mejorar el resultado global de las políticas de salud pública puestas en marcha, según asegura el sindicato en un comunicado.

«Si algo hemos aprendido en estas tres olas es que el falso debate entre salud y economía solo perjudica a las personas más vulnerables, las personas trabajadoras», ha manifestado Patiño.

En la Comunitat Valenciana están la tercera y la quinta provincia de España con mayor número de procesos por incapacidad temporal, un dato que debería hacer reflexionar acerca de» errores cometidos que no pueden repetirse».

Para el responsable de Salud Laboral, es comprensible la preocupación de algunos sectores, pero otra ola de esta magnitud expondría al sistema a «unos riesgos de consecuencias impredecibles para el conjunto de la sociedad».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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