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La tercera ola de pandemia supone el 45% de los procesos de incapacidad

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València, 17 feb (EFE).- La tercera ola de la pandemia ha supuesto el 44,79 % de los procesos de incapacidad temporal en la Comunitat Valenciana, que ascienden a un total de 337.648 de los que 50.611 están activos, según Comisiones Obreras.

Del 21 de octubre de 2020 al 27 de enero de este año, en la tercera ola de la pandemia, se han declarado 206.340 procesos, y en el mes de diciembre y la fracción de enero han sido 151.217 procesos, unos datos que reflejan la magnitud de la intensidad con la que ha golpeado la pandemia, según recoge un estudio elaborado por CCOO PV a partir de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De los 337.648 procesos (94.466 por infección y 243.182 por aislamiento), 287.037 han finalizado y 50.611 están en vigor, 21.050 de ellos de personas infectadas y 29.561 por aislamiento.

Estas cifras de personas infectadas en la actualidad aconsejan una desescalada prudente, basada en la salud de las personas y la descongestión del sistema sanitario porque, según el responsable de Salud Laboral de CCOO PV, Daniel Patiño, otro mes y medio con estos datos sería «catastrófico» para el sistema sanitario, pero también para las empresas que siguen manteniendo su actividad.

El aislamiento ha sido un elemento de lucha contra el coronavirus y la posibilidad de utilizar esta prestación ha sido una herramienta útil que ha ayudado a mejorar el resultado global de las políticas de salud pública puestas en marcha, según asegura el sindicato en un comunicado.

«Si algo hemos aprendido en estas tres olas es que el falso debate entre salud y economía solo perjudica a las personas más vulnerables, las personas trabajadoras», ha manifestado Patiño.

En la Comunitat Valenciana están la tercera y la quinta provincia de España con mayor número de procesos por incapacidad temporal, un dato que debería hacer reflexionar acerca de» errores cometidos que no pueden repetirse».

Para el responsable de Salud Laboral, es comprensible la preocupación de algunos sectores, pero otra ola de esta magnitud expondría al sistema a «unos riesgos de consecuencias impredecibles para el conjunto de la sociedad».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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