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La vacuna rusa Sputnik V muestra una eficacia del 97,6 %, según su fabricante

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EFE/ Rayner Peña R./Archivo

Moscú, 19 abr (EFE).- La vacuna anticovid rusa Sputnik V ha demostrado una eficacia del 97,6% durante la campaña de vacunación que ha abarcado ya a 3,8 millones de rusos, informó hoy el Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR).

«El análisis de los datos de la tasa de infección de casi 4 millones de personas vacunadas en Rusia muestra que la eficacia de la vacuna es aún mayor (que el 91,6 % de eficacia, anunciado por la revista The Lancet), alcanzando el 97,6%», afirmó Kiril Dmítriev, director del FIDR, en un comunicado.

Estos datos confirman que el fármaco ruso ofrece, según Dmítriev, «una de las mejores tasas de protección contra el coronavirus entre todas las vacunas».

FIDR basa su estimación en los resultados obtenidos por el registro de personas vacunadas del Ministerio de Sanidad ruso y el de pacientes de covid-19 detectados por el Sistema de Información Estatal Unificado de Salud.

Según el fondo, la tasa de contagio de 3,8 millones de rusos vacunados con ambos componentes del fármaco entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 fue sólo del 0,027%.

Como la vacuna requiere de un tiempo para generar inmunidad en el organismo humano, se contabilizaron las personas que enfermaron después de 35 días de recibir la primera dosis.

En contraposición, la tasa de contagios entre la población adulta no vacunada fue de un 1,1% durante el mismo período.

Alexander Gintsburg, director del Centro Gamaleya, fue más allá al afirmar que «la eficacia real de la vacuna Sputnik V puede ser incluso mayor de lo que muestran los resultados» del análisis, ya que la investigación no contempla el lapso de tiempo transcurrido entre el contagio real y el diagnóstico de la enfermedad.

FIDR adelantó que los resultados de este estudio serán publicados en una revista médica especializada en mayo próximo, sin especificar cuál.

Hasta ahora, la Sputnik V ha sido registrada en 60 países con una población total de 3.000 millones de personas.

Rusia, que cuenta con tres vacunas anticovid de fabricación propia, tiene previsto producir 88 millones de vacunas contra el coronavirus en la primera mitad de 2021, de los que 83 millones corresponderían a Sputnik V.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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