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Las grandes ciudades valencianas viven este fin de semana su segundo cierre

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EFE/Juan Carlos Cárdenas

València, 4 feb (EFE).- Las dieciséis ciudades de la Comunitat Valenciana de más de 50.000 habitantes vivirán este fin de semana su segundo cierre perimetral, entre las tres de la tarde del viernes y las 6 de la mañana del lunes, en aplicación de las restricciones adoptadas para intentar frenar el avance de la pandemia.

Se trata de una medida que afecta a las cinco grandes ciudades de la provincia de Valencia (València, Torrent, Sagunto, Gandia y Paterna), las nueve de Alicante (Alicante, Alcoi, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela, Petrer, San Vicent del Raspeig y Torrevieja) y las dos de Castellón (la capital y Vila-real).

En principio se va a aplicar tres fines de semana, ya que el decreto que establece esta restricción entró en vigor la semana pasada y estará vigente hasta el próximo 15 de febrero.

En esas 16 localidades queda limitada la entrada y la salida de personas entre esas horas del fin de semana a lo estrictamente indispensable, con las mismas excepciones que para el cierre perimetral de la Comunitat, como por ejemplo el retorno a la residencia habitual, la asistencia a centros sanitarios o al lugar de trabajo, o el cuidado de personas vulnerables.

Durante el pasado fin de semana, la movilidad en estos municipios perimetrados se redujo un 50 % con respecto al anterior tanto en el transporte por carretera como por ferrocarril, según explicó el domingo el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien agradeció la corresponsabilidad de la ciudadanía.

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, que afecta al 46 por ciento de la población de la Comunitat Valenciana, más de 2,3 millones de habitantes, se establecieron controles policiales en los accesos y salidas de las localidades, estaciones de autobuses y trenes, centros comerciales y zonas de ocio.

También se recurrió a drones y a quads para vigilar playas y zonas de gran afluencia de público, y se establecieron dispositivos especiales de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía autonómica y Policía Local.

El primer fin de semana de estos cierres perimetrales se saldó con más de 3.900 propuestas de sanción, relacionadas sobre todo con incumplimientos de la restricción de circulación y el uso de la mascarilla. La Policía Nacional levantó 3.200 actas de sanción y a 24 personas; la Guardia Civil impuso 512 sanciones, y la Policía Autonómica 202 actas.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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