Paco Ferrandis

De la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares sobre el denominado “caso Nóos“, se pueden extraer dos conclusiones:

1. El ruido político-mediático se impone sobre el rigor de los métodos predicados de la Ciencia Jurídica en la impartición de justicia.
2. A pesar de haber resultado absueltos en el mencionado proceso judicial, los valencianos investigados en el mismo reciben un tratamiento mediático diferente al resto de personas absueltas, situados en un limbo jurídico entre el infierno de los condenados y el cielo de los (realmente) absueltos.

No había transcurrido ni media hora desde la comunicación de la citada sentencia (741 folios repletos de hechos y fundamentos jurídicos) y los representantes de los principales partidos políticos ya se sentían obligados a posicionarse a favor o en contra de la misma. Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el antimonárquico Podemos vertía su disconformidad con el resultado de una sentencia que consideraba “benévola” respecto de la Infanta Cristina. ¿Qué más da que, según los hechos demostrados y la argumentación jurídica manejados por las tres magistradas del TSJIB, #lodeCristina no acabara en años de prisión? Cuando uno es republicano su deseo es ver rodar las cabezas de los monarcas desde el cadalso o, como mínimo, observar cómo los cuerpos de la realeza son introducidos en el talego más sórdido. Todo lo demás, sobra.

Con las declaraciones de los líderes políticos se daba por inaugurado el PIM-PAM-PUM mediático. En él participaban jueces instructores, fiscales, periodistas, tertulianos de toda índole, tuiteros de lo más variado, y público en general, es decir #LaGente, que era invitada a participar en encuestas de lo más variado. Así, a ojo de buen cubero, a unos les parecía “bien” la sentencia; a otros, “mal”; a aquel se le antojaba que había quedado “corta”, y al otro le parecía “excesivo” que la Infanta hubiese acabado en el banquillo de los acusados. ¡Ay!, qué lejos ha quedado..

• Aquella época en la que se seguían los análisis periodísticos que pretendían dar cuenta de la rigurosidad con la que intenta manifestarse la práctica jurídica.
• El reconocimiento por las horas, los días y los meses dedicados por los jueces y magistrados a desbrozar los hechos contemplados en la trama del sumario.
• El respecto a la constatación de los hechos demostrados, los tipos delictivos aplicables a estos hechos, y el grado de participación de los condenados en las actividades delictivas…

Por poner un ejemplo señero, el periodista Eduardo Inda -quien admite en el programa Te doy mi palabra de Onda Cero que inició las pesquisas sobre el caso Nóos porque no le habían pagado una conferencia a la que fue invitado por Iñaki Urdangarín– además de criticar el tratamiento de favor hacia la Infanta Cristina, se permite comparar -por analogía, o algo así- la situación de Jaume Matas, expresidente de la Islas Baleares -condenado por la sentencia-, con la del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, que había declarado ante el tribunal como mero testigo, pero que, al parecer del Sr. Inda, merecía la misma condena. ¿Conocimientos jurídicos? Más bien, PIM-PAM-PUM mediático, y a otra cosa, mariposa.

Por lo que respecta al tratamiento que han dispensado los medios de comunicación -incluida TVE que, por definición, es el principal medio en manos del Gobierno de España- a los valencianos investigados en el juicio por el caso Nóos, hemos tomado nota de algunos titulares bien expresivos:

Diversos medios: “Alfonso Grau y la trama valenciana, absueltos” (el subrayado es mío).

Canal 24h de TVE: “Grau se enfrentaba a una petición fiscal de 11 años de prisión”.

El mismo canal, por contraste: “Absuelta Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid Olímpico”.

A estas alturas de la película, no debería extrañarnos el diferente tratamiento que reciben los investigados valencianos (#tramavalenciana para la prensa) respecto de los madrileños (absueltos sin más, sin trama). Una sentencia judicial no puede estropear el relato según el cual la Comunidad Valenciana -junto con la Región de Murcia– es presentada como el territorio de la corrupción por antonomasia, donde habita la mayor cantidad de políticos y ciudadanos corruptos por metro cuadrado. Los hechos judiciales, no obstante, van desmintiendo esta imagen interesada y las tramas valencianas se deshilachan…

Sin embargo, la trama contra los líderes políticos y empresariales valencianos se ha llevado por delante la urdimbre sociopolítica capaz de favorecer la vertebración del pueblo valenciano. Nos sobran los motivos:

• Desconfianza de los ciudadanos valencianos hacia sus líderes.
• Enfrentamiento radical -que frecuentemente se sustancia ante los tribunales de justicia- entre el PP y los partidos firmantes del Acuerdo del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos).
• Falta de alternativas viables a los problemas que atañen al pueblo valenciano.

Los políticos valencianos deberían ser conscientes de que todo este entramado dominado por el fraccionamiento social y el distanciamiento político, solo puede conducir a la neutralización de los esfuerzos para sacar a la Comunidad Valenciana de esa especial situación en la que, a pesar de poseer una renta per cápita inferior a la media española, debe contribuir al fondo general del que se nutren el resto de Comunidades Autónomas.

Confiemos en que esta última trama tenga un final feliz.