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La Generalitat confina a 210.000 personas en Lleida por nuevos contagios

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La Generalitat de Cataluña ha decretado el confinamiento desde este sábado a mediodía del perímetro de la comarca del Segrià, en el suroeste de Lleida limítrofe con Aragón, donde residen 210.000 personas, incluida la capital, debido a un aumento de casos de coronavirus en la provincia, que suma nueve brotes activos.

La medida más contundente frente a la pandemia desde el final del estado de alarma el 20 de junio -hasta ahora solo habían pasado a fase 2 de desescalada algunas zonas de Aragón- se ha producido en el primer fin de semana del periodo vacacional, una jornada en la que se ha incrementado considerablemente en España el tráfico por carretera hacia los lugares de descanso y el aeroportuario.

El Gobierno ha acordado restringir la entrada y salida de personas en la comarca del Segrià, dada la situación de casos de infección por COVID-19. La restricción entrará en vigor a partir de las 12.00 horas del día 4 de julio de 2020.

Además:

A partir de las 16:00 horas del día 4 de julio de 2020, quedará prohibida toda salida o entrada de la comarca del Segrià, salvo de personas trabajadoras en sus desplazamientos por motivos laborales en sus centros de trabajo, incluyendo el transporte, la prestación de servicios, el comercio y las actividades empresariales y otras económicas.

Las restricciones no afectarán a la circulación por autovías y autopistas cuando se trate de movilidad con origen y destino fuera de la comarca del Segrià siempre y cuando no comporte la movilidad fuera de estas vías.

Se recomienda a la población de la comarca del Segrià la permanencia en sus municipios de residencia y limitar la movilidad a los casos imprescindibles.

Dentro de la comarca del Segrià se podrán establecer otras medidas de restricción de actividades y movilidad.
Se emitirá un nuevo comunicado tan pronto como se produzcan novedades en el desarrollo de la situación de emergencia.

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Así queda la subida salarial para los funcionarios hasta el 2028

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subida salarial funcionarios
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.EP

El pacto incluye mejoras laborales, eliminación de la tasa de reposición y revisiones en complementos de residencia e insularidad. CCOO aún no ha decidido si lo apoyará.

El Ministerio de Función Pública ha alcanzado este miércoles un preacuerdo histórico con los sindicatos UGT y CSIF para incrementar el salario de los empleados públicos un 11% en los próximos tres años. La propuesta, que aún debe ser valorada por CCOO, contempla una subida del 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% adicional entre 2027 y 2028.

✔ Subida salarial desde 2025 con efectos retroactivos

El pacto fija para 2025 una subida del 2,5%, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y será abonada en la nómina de diciembre.

En 2026 el incremento será del 1,5% fijo, con un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera ese porcentaje. Ese tramo variable se cobraría en el primer trimestre de 2027, también con retroactividad.

Aunque la suma total es del 11%, los sindicatos calculan que el efecto arrastre podría elevar la mejora hasta el 11,5%.

✔ Eliminación de la tasa de reposición y mejoras laborales

El acuerdo no solo incluye incrementos salariales. También recoge importantes cambios estructurales:

  • Eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas en los ámbitos más tensionados.

  • Procesos selectivos más ágiles, con un plazo máximo de un año para su resolución.

  • Refuerzo de plantillas en servicios de atención al público.

  • Revisión y aumento en 2026 de los complementos de residencia e insularidad.

  • Mejoras en permisos, conciliación y salud laboral.

  • Avances en jubilación y refuerzo del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

“Es un acuerdo que termina con la tasa de reposición y garantiza que las ofertas públicas se ejecuten en un año”, señaló Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.

✔ CCOO mantiene su decisión en suspenso

Aunque UGT y CSIF han dado su visto bueno, CCOO todavía está analizando el texto. El Ministerio confía en que finalmente se incorpore al pacto, que se prevé suscribir este jueves con o sin su apoyo.

El departamento dirigido por Óscar López ha destacado que el acuerdo supone “un gran avance para los servidores públicos y garantiza su poder adquisitivo hasta 2028”.

Por su parte, CSIF, que ha respaldado el pacto, lo considera “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas”, marcadas por la inestabilidad y las limitaciones presupuestarias.

UGT, por su parte, celebra que “gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país”.

 

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