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Llíria (València) retira una placa del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana

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VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) –

La Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Llíria (Valencia) ha ordenado la retirada de la placa conmemorativa ubicada en el Museu Arqueològic de Llíria (MALL) en la que figuraba el nombre del expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, con motivo de la inauguración del edificio en el año 2002.

Esta reacción institucional viene derivada «de la aplicación de un acuerdo plenario y de la detención por un presunto delito fiscal, hace pocas semanas, y la entrada en prisión provisional y sin fianza del que fuera jefe del Consell», explica la corporación municipal a través de un comunicado.

Desde el consistorio recuerdan que el pleno del Ayuntamiento de Llíria adoptó un acuerdo en la sesión celebrada el 25 de febrero de 2016, en el que se establecía «la revisión de todas las placas conmemorativas, o elementos similares, que pudieran existir en espacios públicos de Llíria, y retirada de aquellos en los que se mencionen a personas implicadas en casos de corrupción».

En aquel momento, el Ayuntamiento ya procedió a eliminar las placas del expresidente de la Diputación Alfonso Rus en el campo municipal de fútbol y en la Oficina de Atención Ciudadana, la del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas en Ca la Vila y otra del exconseller Serafín Castellano en las dependencias municipales del Mercado, por su presunta implicación en casos de corrupción.

Igualmente, y tras los últimos acontecimientos, anuncian que desde el Ayuntamiento se llevará a cabo una revisión del resto de edificios municipales y espacios patrimoniales para actuar en el mismo sentido.

Para seguir con esta misma línea de actuación, la concejalía también pedirá a las diferentes administraciones públicas que tienen delegaciones en Llíria, así como a las entidades privadas que colaboran con el Consistorio, que adopten medidas similares.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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