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Los 600 migrantes del buque ‘Aquarius’ llegarán este sábado al puerto de València

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Jun. (EUROPA PRESS) -Los más de 600 inmigrantes y refugiados que están en el buque ‘Aquarius’ desembarcarán en el puerto de València este sábado a bordo de tres embarcaciones y, a partir de ese momento, el Ministerio del Interior empezará el procedimiento para identificarles.

Fuentes de Vicepresidencia aseguran que la llegada está prevista para el fin de semana, «más bien para el sábado». Desembarcarán tres embarcaciones: el Aquarius con 129 personas a bordo, y dos barcos italianos de rescate en los que irán los 500 restantes.

Pero antes de que atraque, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se desplazará este miércoles o el jueves a València para reunirse con el líder de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y coordinar el trabajo para la recepción de los migrantes. De los 629 migrantes a bordo, 123 son menores y, según han precisado estas mismas fuentes, «seguramente tengan que quedarse en València».

Una vez se produzca el desembarco, el Ministerio de Interior empezará a hacer todo el trabajo jurídico de identificación para saber quiénes tienen carácter de refugiados o no y, por tanto, podrán recibir protección internacional.

Las mismas fuentes han recalcado que, antes de hacer el ofrecimiento de València como puerto «seguro» para atracar, el domingo a última hora el presidente del Gobierno se interesó por la situación del buque que había trascendido a los medios de comunicación.

Asimismo, tras conocerse la decisión del ministro del Interior italiano de impedir la llegada del buque a un puerto de Italia, el líder del Ejecutivo apuntó que España no podía permitir que el barco quedase a la deriva. En este contexto, desde Vicepresidencia comenzaron todos los trabajos de coordinación para poder recibir a los migrantes del Aquarius.

En dicho proceso, intervienen el Ministerio de Fomento, Exteriores, Defensa y Trabajo. Fuentes de este último departamento han asegurado a Europa Press que la comunicación es «muy fluida» y «constante» con Vicepresidencia.

El lunes, una vez España tenía la «certeza» de que ningún estado europeo iba a ofrecer un puerto seguro y después de que el Gobierno hiciese público su ofrecimiento al buque de atracar en el puerto de Valencia, Fomento contactó directamente con el capitán del buque para comunicárselo, según apuntan fuentes del Ejecutivo.

Las ONGs que gestionaron el rescate de los más de 600 migrantes durante el fin de semana en el Mediterráneo en un principio rechazaron la oferta, alegando la «inseguridad» que suponía recorrer 700 millas hasta València con el barco «abarrotado». Tras ese rechazo inicial, España puso sobre la mesa que la llegada fuese al Puerto de Palma, después de recibir la respuesta positiva de la presidenta balear, Francina Armengol. Finalmente, las embarcaciones llegarán «únicamente» al puerto de València, han confirmado las mismas fuentes del Ejecutivo.

Fuentes de vicepresidencia aseveran que en ese proceso también intervino el Ministerio de Exteriores, que por la noche contactó con Jean-Claude Juncker y con el embajador de Italia.

Desde Vicepresidencia también se están coordinado con las comunidades autónomas, que están prestándose a acoger a los que sean refugiados, así como con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para canalizar los ofrecimientos de los ayuntamientos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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