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Consumo

Los altavoces inteligentes ¿invaden nuestra privacidad?

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Los altavoces inteligentes son dispositivos conectados a Internet que llevan un asistente de voz integrado que reconoce los comandos que un usuario le da y responde conforme a lo que se le ha pedido.

Actualmente, hay 3 grandes jugadores en el mercado: Amazon Alexa, Google Assistant y Siri de Apple. Pero no son los únicos, en un segundo plano se encuentran Bixby de Samsung y Cortana de Windows, que aún no están tan consolidados como los otros, según afirma un estudio de la Organización de Consumidores (OCU).

¿Cómo funcionan?

Estos altavoces inteligentes tienen un micrófono, que para que funcione correctamente tiene que estar escuchando continuamente todo lo que suena a su alrededor, a la espera de que el usuario diga las palabras claves de activación: “Alexa”, “Ok, Google” u “Oye, Siri”, según el dispositivo.

Es entonces cuando, para procesar este comando y atender a la petición, el altavoz inteligente graba un pequeño archivo de audio (este contiene 1 segundo antes de la palabra de activación, el comando de voz y aproximadamente un segundo después de la orden) y lo envía encriptado a través de Internet a unos servidores centrales.

¿Escuchan nuestras conversaciones?

Últimamente no resulta extraño ver o escuchar noticias que dicen que los trabajadores de empresas como Amazon, Google y Apple se dedican a escuchar las conversaciones que los usuarios tienen con sus asistentes.

¿Es cierto lo que se dice en medios e Internet? Y si es así, ¿por qué? Las empresas dicen que los asistentes aprenden de los usuarios y, para ello, se estudian las conversaciones que estos tienen con sus altavoces inteligentes. Además, esto les ayuda a dotarlos de mayor “inteligencia” y, por tanto, mejorar el servicio que dan a sus dueños.

El problema está en que, en algunos casos, esta tarea la realizan empresas subcontratadas por Google, Apple o Amazon, algo que no está contemplado en los términos y condiciones de uso que el usuario acepta. Y esto no acaba aquí: algunos de estos trabajadores han revelado a los medios que no solo escuchan las conversaciones con los comandos, sino también conversaciones privadas de los usuarios. Ya sea por activación errónea de los altavoces o porque estos altavoces no solo graban cuando se habla con ellos, la duda queda ahí.

En cualquier caso, y con el objetivo de arrojar algo de luz sobre este tema, en OCU han realizando un análisis más exhaustivo de los datos que se graban y se envían a los servidores.

Los límites al altavoz

Si eres de los que no tiene nada que esconder, probablemente te dé igual que los altavoces inteligentes escuchen tus conversaciones. Total, no es más intrusivo que llevar tu móvil encima todo el día… ¡Qué importa un dispositivo más! En cambio, si eres más receloso de tu intimidad, directamente te recomendamos que no te compres un aparato de estos.

En el caso de que esta última advertencia llegue tarde porque un altavoz inteligente ya se ha colado en tu casa (y en tu vida), OCU ofrece unos consejos para minimizar la exposición de tus datos con estos altavoces. Para ello, te enseñan cómo evitar que trabajadores de las empresas escuchen tus conversaciones diciendo expresamente que no quieres participar en la mejora del servicio, cómo borrar el historial de grabaciones que ya tiene almacenado tu dispositivo o cómo apagar directamente el micrófono para que no escuche en determinados momentos:

Fuente: OCU.org

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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