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Los bares y restaurantes dejarán de facturar 1.000 millones estas navidades

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València, 15 dic (EFE).- Los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana dejarán de facturar 1.080 millones de euros estas navidades en relación a las de 2019, lo que repercutirá en la contratación de personal con una caída de 8.000 trabajadores, según las previsiones de Hostelería de España.

El nivel de reservas actual en los establecimientos de hostelería de cara a las fiestas navideñas y teniendo en cuenta las restricciones en vigor y la posibilidad que estas sean endurecidas en los próximos días, hace pensar que la facturación del sector caerá en un 60 % respecto a los datos obtenidos en la pasada Navidad.

Hostelería de España ha presentado este martes el Anuario de la Hostelería 2020, un documento en el que se recogen los principales datos y estadísticas del sector y que detalla la evolución del sector en España en general y en la Comunitat Valenciana, y que indica que, en el mejor de los escenarios, no se conseguirían recuperar los datos de 2019 hasta finales de 2021 o principios de 2022.

Según los datos de este informe, la Comunitat Valenciana registró una facturación en 2019 de 12.701 millones (el 6,8 % del PIB) con 35.096 establecimientos activos y 182.350 personas ocupadas.

En el caso que, como ha reclamado la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), las solicitudes constantes y urgentes de ayuda no sean atendidas, el volumen de locales abiertos podría descender en un 30 %, lo que supondría el cierre de 10.000 establecimientos en enero.

El sector insiste en que el president de la Generalitat, Ximo Puig, «todavía no ha respondido a la petición de una reunión con los hosteleros valencianos lanzada hace más de un mes» para exponer la situación en la que se encuentra el tejido empresarial hostelero y el plan de rescate de 80 millones de euros a fondo perdido solicitado por el sector desde noviembre.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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