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Los ciudadanos podrán dejar sus propuestas para la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento en ‘post-its’

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Pensa-la

VALÈNCIA, 18 Oct.- El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha el espacio de reflexión ‘Pensa-la’ sobre el presente y futuro de la plaza del Ayuntamiento, para que la ciudadanía opine sobre este enclave emblemático que será peatonal a partir del 20 de marzo de 2020, tras las Fallas, y deje sus propuestas en ‘post-its’.

‘Pensa-la’ está habilitado en la misma plaza desde este jueves como una invitación a los valencianos a realizar una reflexión colectiva del «corazón de València». El espacio continúa este viernes y también este sábado, 19 de octubre, en coincidencia con la Feria de la Juventud de 17 a 22 horas, detalla el consistorio en un comunicado.

Se trata de una acción dirigida a todo el que pase por la plaza y quiera participar. La idea es que la gente pueda reflexionar sobre «cómo queremos llegar a la plaza, cómo queremos vivirla, qué queremos que ocurra, qué ocurre ahora que queremos mantener y qué no queremos mantener», como ha destacado la concejala de Participación Ciudadana, Elisa Valía, en la presentación de este debate «profundo e intenso».

Los sillones dispuestos en ‘Pensa-la’ invitan a «reflexionar sobre lo que quiere cada uno, sobre lo que le gusta y lo que no le gusta de lo que ve ahora». De esta forma, los ciudadanos pueden sentarse y «tomar su tiempo mirando las fachadas y analizando los usos que tiene ahora mismo», para después dejar sus propuestas a través de ‘post-its’ instalados en un gran panel o en el cuestionario online.

La reflexión sobre el futuro de la plaza ya estuvo presente en los presupuestos participativos, por lo que el Ayuntamiento cree que «es algo que reclama la ciudadanía». Ahora «no se está sometiendo a debate la cuestión de si se peatonaliza o no, porque eso ya fue debatido», ha explicado la edil, sino que arranca «una fase posterior y muy interesante para el futuro de la plaza: cómo queremos llegar, cómo queremos vivirla y qué queremos que ocurra».

Para ello, el proyecto cuenta con varios grupos de trabajo –colectivos de la sociedad civil, técnicos municipales y mesa política con la oposición–, con la intención es mantener informados a todos los afectados y recoger comentarios o peticiones. El tercer grupo se reunirá periódicamente para dar cuenta de los avances e incorporar sugerencias concretas.

Fuente: EUROPA PRESS

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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