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Los delitos sexuales aumentan un 22,5% en la Región

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ANA CÁNOVAS

MURCIA, 15 Feb. – La Región de Murcia registró el pasado año 479 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lo que supone un incremento del 22,5% en relación a los 391 delitos de este tipo cometidos un año antes, esto es, en 2017, según se desprende del balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

Incluso experimentaron un incremento el resto de delitos contra la libertad de indemnidad sexual, que crecieron un 23,7%, tras registrarse 433 denuncias; así como las agresiones sexuales con penetración, que pasaron de 41 en 2017 a 46 el pasado año (12,2%). El secuestro también registró un aumento del 100%, ya que de no registrar ninguno en 2017, el pasado año se produjeron tres.

No obstante, el resto de infracciones penales crecieron un 12%, hasta las 29.564 en 2018 y el total de infracciones de este tipo pasaron de 52.690 a 54.893, lo que supone un aumento del 4,2%. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria también registraron un leve crecimiento, pasando de 604 a 620 (2,6%).

Por el contrario, las sustracciones de vehículos experimentaron la mayor bajada, con un 26% menos, al pasar de 1.293 a 957; seguidas de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que registraron un descenso del 21,4% (de 14 a 11); y en grado de tentativa un 19,4% menos (de 31 a 25).

También, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron casi un 3%, hasta 6.757; y los robos con fuerza en domicilios y hurtos registraron una caída superior al 3%.. El tráfico de drogas disminuyó un 2%, hasta los casi 300 delitos; y no llegó al 1 por ciento el descenso de los robos con violencia e intimidación, que superaron los 1.400.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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