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Los hosteleros de España exigen la rectificación o el cese de Fernando Simón

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Madrid, 19 ene (EFE).- La patronal Hostelería de España ha exigido este martes la rectificación o el cese inmediato del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por considerar que ha criminalizado al sector con sus últimas declaraciones.

La entidad ha lamentado que Simón dijera ayer que la medida con mayor impacto en el control de la transmisión de la covid-19 haya sido el cierre de los bares, y ha cuestionado la veracidad de esta afirmación basándose en los datos que figuran en los propios informes de Sanidad sobre el origen de los contagios.

El presidente de la patronal, José Luis Yzuel, ha instado a los responsables políticos a actuar con «seriedad en su toma de decisiones» y les ha pedido «respeto» para los hosteleros.

Según los estudios del Ministerio de Sanidad acerca del foco de los contagios, los bares y restaurantes aparecen como el origen de un 3 % de los casos aproximadamente, lejos del ámbito familiar o el laboral.

En un comunicado, los representantes del sector de la hostelería han argumentado que las cifras que presentan las diferentes comunidades autónomas sobre el nivel de incidencia reflejan en su opinión que no existe correlación entre la adopción de más restricciones en los establecimientos y una mejora de la situación sanitaria.

Como ejemplo han citado dos modelos de gestión «muy dispares», como han sido Madrid -con menor nivel de restricciones- y Cataluña -donde se llegó a cerrar totalmente bares y restaurantes-, ya que sus gráficas de contagios muestran tendencias similares.

«Lo mismo ha ocurrido en comunidades como Castilla y León y Andalucía, o también en Cantabria, donde tras dos meses y medio con el interior de los locales cerrados, la tasa de contagios ha subido un 34 %», han apuntado.

La patronal ha calificado la declaración de ayer de Simón como «falsa» y le ha acusado de «falta de responsabilidad por no tener en cuenta el fuerte impacto que pueden tener (sus palabras) sobre un sector motor de la economía nacional», que antes de la pandemia representaba un 6,2 % del PIB y daba empleo a cerca de 1,7 millones de personas.

«Estamos hartos de la criminalización por parte de las autoridades y de estar en el foco continuo de las restricciones», ha insistido Yzuel, quien ha asegurado que los bares y restaurantes han adoptado «todas las medidas de seguridad que se han impuesto» para poder consumir con seguridad en sus locales.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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