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Los test rápidos enfrentan a farmacéuticos con médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio

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Lo han pedido las dos comunidades autónomas más influyentes, Cataluña y Madrid. Bruselas lo admite para la Unión Europea si se garantizan una serie de condiciones de seguridad. Es el último frente abierto en la pandemia de coronavirus: la realización de test de antígenos contra la COVID-19 en las farmacias.

En España, el Ministerio de Sanidad se ha mostrado muy reticente a adoptar la medida, ya que sus expertos consideran muy complicado que se pueda garantizar la seguridad de la personas en estos establecimientos.

Los colegios profesionales también han hablado, y las opiniones están muy enfrentadas. Los farmacéuticos, como es obvio, están completamente a favor de la medida, siempre que se dé el visto bueno desde Sanidad. El presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, ha afirmado hoy en declaraciones a Radio Valencia SER que sus colegiados son «los profesionales sanitarios mejor preparados» de todos.

Las organizaciones que representan al resto de profesiones sanitarias han salido en tromba en contra de la medida. La Organización Medica Colegial, a través de su vicepresidenta segunda, Manuela García, ha dicho esta tarde a la agencia EFE que desaconseja por completo la realización de estos test rápidos, ya que consideran que las farmacias «no son lugares adecuados».

La reacción de los enfermeros y enfermeras españoles ha sido todavía más contundente. La Mesa de la Profesión Enfermera, que forman el sindicato Satse y el Consejo General de Enfermería (CGE), ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea,  Ursula von der Leyen, mostrándole su oposición absoluta a la medida.

En la carta, los enfermeros españoles desarrollan una serie de argumentos jurídicos, administrativos y sanitarios que, en su opinión, la hacen inviable. Además, expresan su preocupación porque se puedan realizar estos análisis en «establecimientos comerciales como son las oficinas privadas de farmacia».

La primera reacción contra la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias llegaba esta mañana por parte de los Técnicos de Laboratorio. La Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel) ha señalado su «más absoluta oposición» a la medida, ya que ni el recinto ni los farmacéuticos están cualificados para este tipo de pruebas que además, en su opinión, vulnerarían la normativa vigente.

 

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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