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Los test rápidos enfrentan a farmacéuticos con médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio

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Lo han pedido las dos comunidades autónomas más influyentes, Cataluña y Madrid. Bruselas lo admite para la Unión Europea si se garantizan una serie de condiciones de seguridad. Es el último frente abierto en la pandemia de coronavirus: la realización de test de antígenos contra la COVID-19 en las farmacias.

En España, el Ministerio de Sanidad se ha mostrado muy reticente a adoptar la medida, ya que sus expertos consideran muy complicado que se pueda garantizar la seguridad de la personas en estos establecimientos.

Los colegios profesionales también han hablado, y las opiniones están muy enfrentadas. Los farmacéuticos, como es obvio, están completamente a favor de la medida, siempre que se dé el visto bueno desde Sanidad. El presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, ha afirmado hoy en declaraciones a Radio Valencia SER que sus colegiados son «los profesionales sanitarios mejor preparados» de todos.

Las organizaciones que representan al resto de profesiones sanitarias han salido en tromba en contra de la medida. La Organización Medica Colegial, a través de su vicepresidenta segunda, Manuela García, ha dicho esta tarde a la agencia EFE que desaconseja por completo la realización de estos test rápidos, ya que consideran que las farmacias «no son lugares adecuados».

La reacción de los enfermeros y enfermeras españoles ha sido todavía más contundente. La Mesa de la Profesión Enfermera, que forman el sindicato Satse y el Consejo General de Enfermería (CGE), ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea,  Ursula von der Leyen, mostrándole su oposición absoluta a la medida.

En la carta, los enfermeros españoles desarrollan una serie de argumentos jurídicos, administrativos y sanitarios que, en su opinión, la hacen inviable. Además, expresan su preocupación porque se puedan realizar estos análisis en «establecimientos comerciales como son las oficinas privadas de farmacia».

La primera reacción contra la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias llegaba esta mañana por parte de los Técnicos de Laboratorio. La Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel) ha señalado su «más absoluta oposición» a la medida, ya que ni el recinto ni los farmacéuticos están cualificados para este tipo de pruebas que además, en su opinión, vulnerarían la normativa vigente.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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