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Los test rápidos enfrentan a farmacéuticos con médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio

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Lo han pedido las dos comunidades autónomas más influyentes, Cataluña y Madrid. Bruselas lo admite para la Unión Europea si se garantizan una serie de condiciones de seguridad. Es el último frente abierto en la pandemia de coronavirus: la realización de test de antígenos contra la COVID-19 en las farmacias.

En España, el Ministerio de Sanidad se ha mostrado muy reticente a adoptar la medida, ya que sus expertos consideran muy complicado que se pueda garantizar la seguridad de la personas en estos establecimientos.

Los colegios profesionales también han hablado, y las opiniones están muy enfrentadas. Los farmacéuticos, como es obvio, están completamente a favor de la medida, siempre que se dé el visto bueno desde Sanidad. El presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, ha afirmado hoy en declaraciones a Radio Valencia SER que sus colegiados son «los profesionales sanitarios mejor preparados» de todos.

Las organizaciones que representan al resto de profesiones sanitarias han salido en tromba en contra de la medida. La Organización Medica Colegial, a través de su vicepresidenta segunda, Manuela García, ha dicho esta tarde a la agencia EFE que desaconseja por completo la realización de estos test rápidos, ya que consideran que las farmacias «no son lugares adecuados».

La reacción de los enfermeros y enfermeras españoles ha sido todavía más contundente. La Mesa de la Profesión Enfermera, que forman el sindicato Satse y el Consejo General de Enfermería (CGE), ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea,  Ursula von der Leyen, mostrándole su oposición absoluta a la medida.

En la carta, los enfermeros españoles desarrollan una serie de argumentos jurídicos, administrativos y sanitarios que, en su opinión, la hacen inviable. Además, expresan su preocupación porque se puedan realizar estos análisis en «establecimientos comerciales como son las oficinas privadas de farmacia».

La primera reacción contra la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias llegaba esta mañana por parte de los Técnicos de Laboratorio. La Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel) ha señalado su «más absoluta oposición» a la medida, ya que ni el recinto ni los farmacéuticos están cualificados para este tipo de pruebas que además, en su opinión, vulnerarían la normativa vigente.

 

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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