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Los VTC amenazan con dejar València si se imponen tiempos de espera

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VALÈNCIA, 21 Feb.- El presidente de Unauto VTC Comunitat Valenciana, Ricardo González, ha asegurado que las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) dejarán de operar en València si se implanta cualquier tipo de contratación previa de sus servicios, ya sean los 15 minutos propuestos por la Generalitat o la hora que plantea el ayuntamiento de la capital valenciana.

González se ha pronunciado de este modo este jueves, en declaraciones a Europa Press, después de que este pasado miércoles el Ayuntamiento de València manifestara la «voluntad» de «ampliar el término de precontratación» de los VTC a una hora mínima entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, ya que considera que «si no, habría una competencia desleal» frente a los taxistas.

Así lo anunció el concejal de Movilidad Sostenible del consistorio, Giuseppe Grezzi tras llegar a este acuerdo en la Mesa del Taxi, que el sector valoró como «aceptable» y una «medida mínima que necesitan los dos sectores para diferenciarse», en palabras del presidente de la Federación Sindical del Taxi en la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino.

Preguntado sobre esta propuesta, el presidente de Unauto VTC Comunitat Valenciana ha explicado que ya el pasado 5 de febrero comunicaron a la Generalitat que si se implantaban los 15 minutos mínimos de precontratación abandonarían la ciudad y ha descartado que la decisión anunciada por el Ayuntamiento de València tenga «ninguna influencia», dado que continúan «esperando el borrador» del decreto del Consell que regule estos puntos.

«No sabemos cómo se habilita al Ayuntamiento, si es conforme a derecho y quién decide, si el Ayuntamiento o la Generalitat, estamos hablando por hablar», ha desarrollado González, que ha indicado que antes de tomar cualquier decisión sobre su permanencia en València tendrán que recibir el borrador del decreto, presentarán alegaciones y pedirán un informe ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, ha agregado que también estudiarán «si la norma es legal o no», puesto que el presidente de Unauto VTC en la Comunitat ha sostenido que creen que la Generalitat «no está habilitada para modificar las condiciones hasta dentro de cuatro o seis años» según interpretan de lo establecido por el Gobierno central.

«NO SÉ SI TIENE QUE VER CON LA UNIDAD DE LOS PAÏSOS»
Ricardo González ha censurado que en caso de que se apruebe algún tipo de precontratación ocurrirá «igual que ha pasado en Barcelona», donde han «tenido que dejar de trabajar, se ha quedado gente sin trabajo y los turistas no tienen servicio de VTC en una ciudad tan turística». Por eso, ha afirmado que la norma que está tramitando el Gobierno valenciano es un «decreto a la catalana, pancatalán».

En esta línea, ha puesto de relieve que Barcelona es «la primera ciudad de Europa en la que se cierran las VTC» y València «sería la segunda». «No sé si tiene que ver con la unidad de los Països Catalans», ha criticado.

Fuente : Europa Press

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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