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Más de 100 taxistas fueron denunciados por aplicar tarifa de festivo el 15 de marzo

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Los taxistas valencianos colapsan las calles de Valencia como protesta

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – La Policía Local denunció a más de 100 taxistas el 15 de marzo por aplicar tarifa propia de festivo cuando, según la Orden 3/2016 de 1 de marzo, no lo era, a pesar de que se informó a los conductores desde «primera hora de la mañana» sobre la tarifa que debían aplicar ese día.

La concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, ha mantenido esta mañana una reunión con representantes del sector del taxi, como la Federación Sindical del Taxi de València y Provincia, la Federación del Taxi USO Comunidad Valenciana y la Asociación de Taxistas de la Comunidad Valenciana, según ha informado la concejalía en un comunicado.

Menguzzato ha calificado la reunión de «satisfactoria» y ha agradecido la «comprensión» por parte de los representantes de los taxistas, ya que ha señalado que la Policía Local de València no organizó «ningún dispositivo específico» para denunciar a taxistas sino que se informó desde «primera hora de la mañana» sobre la tarifa que debían aplicar ese día. De hecho, la mayoría de las denuncias que se pusieron fueron por la tarde.

En este sentido, Policía Local denunció a 18 taxistas desde las 8 de la mañana hasta las 12 por no aplicar la tarifa adecuada; mientras que desde las 12 de la mañana, «hora en la que todos los taxistas de la ciudad debían saber cuál era la tarifa que tenían que aplicar ese día», hasta las 21 horas, Policía Local denunció a otros 88 taxistas.

«Informamos preventivamente para que esa situación no se produjera, en ningún momento hubo un dispositivo de Policía Local para multar. Si había mucha policía en la calle era únicamente porque era 15 de marzo, primer día de las Fallas», ha indicado Menguzzato, que ha señalado que la Policía Local «velará siempre porque se garanticen los derechos de los consumidores».

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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