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Más de 20.000 alumnos de la Comunitat se presentan a las pruebas de acceso a la universidad

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Consulta aquí el listado de alumnos admitidos en las universidades valencianas

Un total de 20.250 estudiantes matriculados en Bachillerato y ciclos formativos harán, a partir de este martes, las pruebas de acceso a la universidad (PAU) ordinarias del curso 2018-2019, que tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de junio.

Del número de alumnos matriculados en las pruebas, 19.137 acceden tras haber cursado estudios de Bachillerato y 1.104 proceden de ciclos formativos. Por otro lado, 11.931 de los aspirantes son mujeres y los restantes 8.319 son hombres.

Por universidades, los matriculados en esta prueba se desglosan de la siguiente manera: Universidad de Alicante, 3.495 alumnos (1.435 hombres y 2.060 mujeres), 3.330 de los cuales acceden desde Bachillerato y 163 desde ciclos formativos; Universitat Jaume I, 2.320 estudiantes (1.378 mujeres y 942 hombres), 2.232 de los cuales proceden de Bachillerato y 87 de ciclos formativos; Universidad Miguel Hernández de Elche, 3.501 matriculados (2.083 mujeres y 1.418 hombres), 3.413 de los cuales son de Bachillerato y 85 de ciclos formativos; Universitat Politècnica de València, 5.185 estudiantes (3.036 mujeres y 2.149 hombres), 4.691 de los cuales proceden de Bachillerato y 493 de ciclos formativos, y Universitat de València, 5.749 alumnos (3.374 mujeres y 2.375 hombres), de los cuales 5.471 son de Bachillerato y 276 de ciclos formativos.

En cuanto a los matriculados en fase obligatoria, son 18.137 estudiantes, 3.119 de los cuales lo han hecho en la UA; 3.259, en la UMH; 4.451, en la UPV; 5.183, en la UV, y 2.125, en la UJI. Por su parte, los alumnos de Bachillerato que solo se han matriculado en la fase voluntaria son 394, 74 de los cuales harán las pruebas en la UA; 53, en la UMH; 84, en la UPV; 126, en la UV, y 57, en la UJI.

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) del curso 2018-2019 para el alumnado que esté en posesión del título de Bachillerato o de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o técnico deportivo superior, se celebrarán los días 4, 5 y 6 de junio, en convocatoria ordinaria, y los días 2, 3 y 4 de julio, en convocatoria extraordinaria.

 

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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