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Más de 20.000 alumnos de la Comunitat se presentan a las pruebas de acceso a la universidad

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Consulta aquí el listado de alumnos admitidos en las universidades valencianas

Un total de 20.250 estudiantes matriculados en Bachillerato y ciclos formativos harán, a partir de este martes, las pruebas de acceso a la universidad (PAU) ordinarias del curso 2018-2019, que tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de junio.

Del número de alumnos matriculados en las pruebas, 19.137 acceden tras haber cursado estudios de Bachillerato y 1.104 proceden de ciclos formativos. Por otro lado, 11.931 de los aspirantes son mujeres y los restantes 8.319 son hombres.

Por universidades, los matriculados en esta prueba se desglosan de la siguiente manera: Universidad de Alicante, 3.495 alumnos (1.435 hombres y 2.060 mujeres), 3.330 de los cuales acceden desde Bachillerato y 163 desde ciclos formativos; Universitat Jaume I, 2.320 estudiantes (1.378 mujeres y 942 hombres), 2.232 de los cuales proceden de Bachillerato y 87 de ciclos formativos; Universidad Miguel Hernández de Elche, 3.501 matriculados (2.083 mujeres y 1.418 hombres), 3.413 de los cuales son de Bachillerato y 85 de ciclos formativos; Universitat Politècnica de València, 5.185 estudiantes (3.036 mujeres y 2.149 hombres), 4.691 de los cuales proceden de Bachillerato y 493 de ciclos formativos, y Universitat de València, 5.749 alumnos (3.374 mujeres y 2.375 hombres), de los cuales 5.471 son de Bachillerato y 276 de ciclos formativos.

En cuanto a los matriculados en fase obligatoria, son 18.137 estudiantes, 3.119 de los cuales lo han hecho en la UA; 3.259, en la UMH; 4.451, en la UPV; 5.183, en la UV, y 2.125, en la UJI. Por su parte, los alumnos de Bachillerato que solo se han matriculado en la fase voluntaria son 394, 74 de los cuales harán las pruebas en la UA; 53, en la UMH; 84, en la UPV; 126, en la UV, y 57, en la UJI.

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) del curso 2018-2019 para el alumnado que esté en posesión del título de Bachillerato o de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o técnico deportivo superior, se celebrarán los días 4, 5 y 6 de junio, en convocatoria ordinaria, y los días 2, 3 y 4 de julio, en convocatoria extraordinaria.

 

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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