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Más de 8.500 efectivos policiales velarán por la seguridad del 28A en la Comunitat

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Un total de 8.541 efectivos policiales velarán en la Comunitat Valenciana por la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones generales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de abril.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras participar este martes en la Comisión Mixta de Seguridad de la Comunitat para coordinar los dispositivos y la ciberseguridad de los comisiones generales y autonómicos del próximo 28 de abril, acompañada por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, y la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo.

En concreto, de los 8.541 agentes, un total de 3.300 serán agentes de la Policía Nacional; 3.465 de la Guardia Civil; 111 de la Policía de la Generalitat y 1.665 serán efectivos de la Policía Local. Este dispositivo representa el 10% del total de agentes –unos 93.000– que velarán en España por la seguridad de los comicios.

Para Botella, este despliegue pone de manifiesto «el gran esfuerzo colectivo para garantizar el proceso electoral» que «es el corazón mismo de la democracia», ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que ya el pasado 13 de marzo se dictó la instrucción 5/2019 de la Secretaría de Estado precisamente para establecer todos los mecanismos de coordinación en toda España tanto desde un ámbito más tradicional como son los dispositivos, medios materiales y la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como en materia de ciberseguridad para garantizar «la protección de la libertad y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados».

En este punto, ha incidido en la importancia de «combatir las posibles influencias y campañas de desinformación que podrían afectar al proceso electoral». «Esto es algo que el Gobierno de España se ha tomado muy en serio y responde a una recomendación de 2018 de la Comisión Europea a todos loa Estados miembros para que tomaran medidas de cara a los calendarios electorales», ha explicado.

Así, ha subrayado que hay «garantía de seguridad» y «confianza en el proceso electoral». «Objetivamente España está muy preparada para celebrar estos comicios. Trabajamos intensamente para eliminar cualquier problema y anticiparnos a cualquier circunstancia», ha remarcado Botella.

FASES

Ha explicado que el operativo policial está dividido en tres fases. La primera que comprende desde la disolución de las Cortes Generales y hasta el 12 de abril, inicio de la campaña electoral. A partir de ese momento se estará en «una fase de alerta» hasta la jornada de reflexión, cuando se pondrá en marcha la «fase operativa» en la que habrá «máxima atención y disponibilidad» para atender «cualquier circunstancia que se pueda dar».

Por otro lado y preguntada por las medidas que se van a adoptar para frenar los ataques informáticos, Botella ha detallado que se ha diseñado una estructura organizativa «trasversal» con cuatro pilares: el primero que afecta al desarrollo del hardware y mecanismos informáticos; la protección de datos; la ciberseguridad en todos los centros de los diferentes ministerios y otro enfocado a la desinformación que está coordinado por la Secretaría de Estado en colaboración con el departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, ha explicado que por parte de Interior y a través de la instrucción de la Secretaría de Estado, se han activado «todas las capacidades cibernéticas junto a las FCSE para, por un lado, tener capacidad preventiva, alerta y vigilancia para monitorizar en todos los sistemas abiertos cualquier información dirigida a afectar el proceso electoral y, por otra, tener capacidad de respuesta».

Fuente: Europa Press

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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