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Valencia

Mazón pide a la Academia Valenciana de la Lengua «revalencianizar» los criterios lingüísticos

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El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se reúne con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, para avanzar en el objetivo de que todos los valencianos se sientan representados por la institución normativa. EFE/ Biel Aliño
València, 18 sep (OFFICIAL PRESS-EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha planteado a la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, «revalencianizar conjuntamente los criterios lingüísticos de la Generalitat» y «recuperar» el espíritu fundacional de la institución normativa.

Así lo ha trasladado en la reunión que han mantenido esta tarde en el Palau de la Generalitat, que Cantó ha calificado de «cordial» y en la que ha pedido al president «lealtad institucional», que «ame» el valenciano promocionando su uso y le ha advertido de que generar polémica «no beneficia a nadie y menos al valenciano».

Mazón ha considerado que «no puede ser que haya valencianohablantes que se sientan al margen de la normativa», según ha informado la Generalitat tras la reunión.

«El valenciano es de todos y todos tienen que verse identificados al margen de si lo hablan todos los días o no», ha defendido el president, que ha propuesto iniciar un proceso «abierto y permanente para que ningún valenciano se sienta excluido».

Según las mismas fuentes, se ha acordado además mantener una sesión bilateral con miembros de la AVL y de la Conselleria de Educación, encabezada por el conseller José Antonio Rovira, para iniciar un proceso de «sensibilidad y coordinación conjunta».

El presidente de la Generalitat se reunirá también con todos los grupos políticos con representación en les Corts Valencianes para abrir un proceso que «logre el mayor consenso posible».

Según Mazón, «se han acabado» los tiempos en los que desde el Consell se decía si alguien «es buen o mal valenciano, o si es más valenciano o menos» por hablar más a menudo valenciano o no, o por hablar valenciano de una forma u otra en función del lugar de residencia o de lo que le han enseñado sus padres.

Todos los valencianos tienen «plena capacidad» para defender la denominación, el Estatut y las señas de identidad, ha defendido, ya que ha lamentado que «el valencianismo social y político se ha sentido en estos últimos años demasiado alejado» de la AVL, cuya «autoridad académica y científica» reconoce «todo el mundo”.

Tras la reunión, en declaraciones a los periodistas, la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, ha definido el encuentro con el president de «cordial» y dentro de la «normalidad institucional» que requiere su cargo.

LA ACADEMIA REIVINDICA SU INDEPENDENCIA

Cantó ha defendido a independencia de esta institución y ha recordado que la AVL siempre «ha cumplido íntegramente la ley de creación de la academia».

La AVL, ha señalado, «trabaja con criterios científicos y rigurosos y en ese sentido seguiremos trabajando», y ha indicado que el president de la Generalitat le ha trasmitido y «tiene claro» que la autoridad del valenciano en la Comunitat Valenciana es de la AVL.

«Por tanto, quiero entender y suponer que en todas las consellerias, como parte de la administración autonómica, se respetará la normativa de la academia», ha afirmado Cantó.

La presidenta de la AVL ha trasladado asimismo a Mazóbn su compromiso, como el de sus antecesores en el cargo, a «tender puentes a las entidades e instituciones centenarias valencianas», y le ha pedido «lealtad institucional» y que la colaboración sea «recíproca».

Cantó ha insistido en que «la definición de valenciano y catalán en el diccionario normativo es clara, transparente y meridiana».

«Otra cosa es qué tipo de relaciones políticas mantendrán los diferentes gobiernos», pero «ese no es nuestro papel, nuestro papel es definir las palabras y qué es cada cosa», ha añadido.

La presidenta de la AVL ha advertido asimismo de que la polémica «no beneficia a nadie, y al que menos al valenciano», cuyo principal problema es «su uso».

Por ello, ha instado a Mazón a «amar» el valenciano y un compromiso «absoluto» de todas las instituciones para promocionarlo y no «recortarlo», con medidas como el cambio de la ley de plurilingüismo o reducir su puntuación como mérito en el acceso a plazas públicas en la Comunitat.

«Suprimir el valenciano de la enseñanza, no solo como asignatura, va en contra de la igualdad de oportunidades» para los alumnos de las zonas castellanohablante, ha añadido sobre la propuesta de la Conselleria de Educación.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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