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Mercadona busca 200 personas para su departamento de informática entre recién titulados y perfiles ‘senior’

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Mercadona empleo

VALÈNCIA, 17 Abr.- Mercadona ha puesto en marcha un proceso de captación de talento para incorporar a más de 200 personas a su departamento de Informática, ubicado en Paterna (Valencia), entre recién titulados universitarios y de Formación Profesional (FP) y perfiles ‘senior’ con experiencia.

Por un lado ha abierto un proceso, en colaboración con la Conselleria de Educación, para seleccionar personal de ciclos formativos de FP grado superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

Paralelamente, completa esta búsqueda de más de 200 personas con la necesidad de incorporar perfiles ‘senior’ con amplia experiencia y recién titulados de grados universitarios, detalla la cadena valenciana en un comunicado.

El departamento de Informática está compuesto por 500 personas, profesionales multidisciplinares especializados en ingeniería ‘software’, tanto ‘frontend’ como ‘backend’, ‘cloud’, ‘site reliability’, jefes de proyecto, arquitectura empresarial, administradores de sistemas, operaciones, analítica, ‘iot’ y seguridad informática.

Con este proceso, la compañía persigue impulsar su proyecto de transformación digital, con una inversión anual de 150 millones de euros, para mejorar las herramientas y procesos informáticos y abordar iniciativas en colaboración con proveedores especialistas de las soluciones informáticas. El objetivo es agilizar «al máximo» la toma de decisiones e incrementar la eficiencia y agilidad de los procesos a través de datos únicos y veraces.

Para ello, los seleccionados tendrán la oportunidad de abordar este reto y de «crecer profesionalmente» dentro del proyecto Mercadona, que «apuesta por las personas y que cuenta con una política de recursos humanos centrada en su desarrollo».

Como los 85.000 que forman la plantilla, los nuevos trabajadores tendrán contratos fijos «desde el primer día», planes específicos de formación y la opción, a medio plazo, de optar a puestos de mayor responsabilidad dentro de la política de promoción interna de la que en 2018 se beneficiaron 860 trabajadores.

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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