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Mesa del Castillo organiza una jornada sobre gestión de indemnizaciones y atención médica en accidentes tráfico

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ANA CÁNOVAS
MURCIA, 7 Feb – El Hospital Mesa del Castillo organiza durante este jueves, a partir de las 16.30 horas, una jornada sobre ‘La reclamación de indemnizaciones de accidentes de tráfico’, a la que asistirá como ponente el abogado José Pérez Tirado, experto a nivel nacional. Además, la inscripción es gratuita en ‘comunicacion@mesadelcastillo.com’.

Esta jornada está dirigida a profesionales del derecho, la gestión de seguros de circulación y la atención médica. El encuentro será en el Aula de Cultura de Cajamar, en Murcia, y pretende ser un foro para actualizar conocimientos acerca de la gestión de indemnizaciones y atención médica en caso de accidente de circulación.

No obstante, la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos a motor, junto a la reciente modificación del Código Penal, supone un cambio en el manejo de los lesionados a nivel de forma y procedimiento. Sin embargo, dichos cambios no se están aplicando correctamente en la práctica.

Además, para aclarar la situación asistirá a la jornada, como primer ponente, el abogado José Pérez Tirado, especialista en Responsabilidad Civil y Seguro, para impartir la conferencia “Los errores que no deben cometer los abogados en la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico. La correcta aplicación de la ley con su próxima reforma y el nuevo convenio de asistencia sanitaria”.

Por su parte, el doctor José Manuel Moreno, traumatólogo y coordinador médico de la Unidad de Lesionados de Tráfico del Hospital Mesa del Castillo, se dirigirá al público con la ponencia “Evolución del informe médico asistencial al informe médico de alta concluyente”.

Asimismo, el Hospital Mesa del Castillo entregará el ‘Premio Doctores Mesa del Castillo’ a la mejor nota MIR 2018 que haya optado por la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en honor al doctor Antonio Mesa del Castillo López (1938-2016), que dedicó su trayectoria profesional a dicha especialidad tan ligada a la atención de lesionados por accidente de circulación.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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