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La socialista Francina Armengol, nueva presidenta del Congreso con el apoyo independentista

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mesa del Congreso
La socialista balear Francina Armengol aplaudida por miembros de su grupo tras ser elegida presidenta de la Cámara Baja en la sesión constitutiva de las Cortes Generales de la XV Legislatura, este jueves en Madrid. EFE/ Chema Moya

Madrid (EFE).- La expresidenta de Baleares, y diputada del PSOE, Francina Armengol, ha sido elegida presidenta del Congreso con el apoyo de 178 diputados, superando así la mayoría absoluta necesaria en primera vuelta gracias a los votos de Junts y del resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez.

Armengol se convierte en la cuarta mujer que ostenta la presidencia del Congreso, en este caso de la XV Legislatura, y representará a la tercera autoridad del Estado.

La candidata del PSOE ha superado en votos a la exportavoz del Congreso y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha sido apoyada por menos diputados de los esperados, ya que finalmente Vox ha decidido no apoyarla y apostar por su diputado Ignacio Gil Lázaro, argumentando que los populares ya les han comunicado que no les ayudarán a conseguir un puesto en la Mesa.

La nueva presidenta del Congreso ha recibido el apoyo de los 7 diputados de Junts, y los 7 de ERC, que hasta una hora antes de iniciarse la sesión no habían decidido el sentido de su voto.

El acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes para oficializar el uso del catalán en las sesiones plenarias del Congreso ha facilitado la presidencia socialista, que también ha sido apoyada por los 31 diputados de Sumar, los 6 diputados de EH Bildu, los 5 del PNV y uno del BNG, en una votación con papeleta y con urna.

Una vez elegida la nueva presidencia, los 350 diputados eligen ahora también por llamamiento y en urna a los cuatro vicepresidentes de la Mesa de Congreso y posteriormente a los cuatro secretarios de este órgano.

Aceptará que el Congreso debata en lenguas cooficiales

La nueva presidenta del Congreso se ha comprometido a que en el pleno de la Cámara Baja se pueda debatir y hablar en todas las lenguas cooficiales, en catalán, euskera y gallego a partir de la sesión de hoy, en la que se ha constituido el Congreso y arranca la XV Legislatura.

En su discurso una vez que todos los diputados han adquirido su pleno derecho como parlamentarios al tomar posesión de sus escaños, Armengol ha invitado a toda la Cámara “a construir entre todos los espacios para que esta España real se conozca y se reconozca mejor desde la escucha y el diálogo”.

“Para que las razas, las lenguas y las identidades no sean barreras de cristal”, ha puntualizado tras defender la pluralidad de ideas desde el respeto en una España “llena de colores y de matices”.

La Mesa del Congreso contará con 2 vicepresidentes del PP, 1 del PSOE, y 1 de Sumar

El PP ha obtenido dos vicepresidencias de la Mesa del Congreso mientras que el PSOE y Sumar han conseguido un puesto cada uno y Vox se ha quedado fuera.

Tras la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso, los 350 diputados han votado de forma secreta y en urna a los vicepresidentes primero, segundo, tercero y cuarto.

El nuevo pleno del Congreso ha elegido por 113 votos al que fuera ya vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez de Celis, para revalidarlo en ese mismo cargo mientras que el PP ha conseguido que en la Mesa también esté presentes como vicepresidente segundo el diputado Antonio Bermúdez de Castro, que ha recibido 73 votos.

No obstante, como la diputada gallega Marta González, ha empatado a 65 votos con la diputada de Sumar Esther Gil, el pleno debe votar nuevamente entre las dos candidatas para dirimir quién ocupará la vicepresidencia tercera y quién la cuarta.
Por su parte, Vox no ha logrado revalidar la vicepresidencia cuarta al conseguir su candidato Ignacio Gil Lázaro tan solo 33 apoyos.

De los cuatro vicepresidencias, la diputada procedente del PP gallego Marta González y una de las voces de los populares en materia de igualdad, así como la empresaria Esther Gil que encabezó, como independiente, la lista por Cádiz dentro del movimiento Sumar serán la dos caras nuevas, ya que tanto Gómez de Celis como Bermúdez de Castro son veteranos en el Congreso.

 

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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