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La socialista Francina Armengol, nueva presidenta del Congreso con el apoyo independentista

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La socialista balear Francina Armengol aplaudida por miembros de su grupo tras ser elegida presidenta de la Cámara Baja en la sesión constitutiva de las Cortes Generales de la XV Legislatura, este jueves en Madrid. EFE/ Chema Moya

Madrid (EFE).- La expresidenta de Baleares, y diputada del PSOE, Francina Armengol, ha sido elegida presidenta del Congreso con el apoyo de 178 diputados, superando así la mayoría absoluta necesaria en primera vuelta gracias a los votos de Junts y del resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez.

Armengol se convierte en la cuarta mujer que ostenta la presidencia del Congreso, en este caso de la XV Legislatura, y representará a la tercera autoridad del Estado.

La candidata del PSOE ha superado en votos a la exportavoz del Congreso y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha sido apoyada por menos diputados de los esperados, ya que finalmente Vox ha decidido no apoyarla y apostar por su diputado Ignacio Gil Lázaro, argumentando que los populares ya les han comunicado que no les ayudarán a conseguir un puesto en la Mesa.

La nueva presidenta del Congreso ha recibido el apoyo de los 7 diputados de Junts, y los 7 de ERC, que hasta una hora antes de iniciarse la sesión no habían decidido el sentido de su voto.

El acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes para oficializar el uso del catalán en las sesiones plenarias del Congreso ha facilitado la presidencia socialista, que también ha sido apoyada por los 31 diputados de Sumar, los 6 diputados de EH Bildu, los 5 del PNV y uno del BNG, en una votación con papeleta y con urna.

Una vez elegida la nueva presidencia, los 350 diputados eligen ahora también por llamamiento y en urna a los cuatro vicepresidentes de la Mesa de Congreso y posteriormente a los cuatro secretarios de este órgano.

Aceptará que el Congreso debata en lenguas cooficiales

La nueva presidenta del Congreso se ha comprometido a que en el pleno de la Cámara Baja se pueda debatir y hablar en todas las lenguas cooficiales, en catalán, euskera y gallego a partir de la sesión de hoy, en la que se ha constituido el Congreso y arranca la XV Legislatura.

En su discurso una vez que todos los diputados han adquirido su pleno derecho como parlamentarios al tomar posesión de sus escaños, Armengol ha invitado a toda la Cámara “a construir entre todos los espacios para que esta España real se conozca y se reconozca mejor desde la escucha y el diálogo”.

“Para que las razas, las lenguas y las identidades no sean barreras de cristal”, ha puntualizado tras defender la pluralidad de ideas desde el respeto en una España “llena de colores y de matices”.

La Mesa del Congreso contará con 2 vicepresidentes del PP, 1 del PSOE, y 1 de Sumar

El PP ha obtenido dos vicepresidencias de la Mesa del Congreso mientras que el PSOE y Sumar han conseguido un puesto cada uno y Vox se ha quedado fuera.

Tras la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso, los 350 diputados han votado de forma secreta y en urna a los vicepresidentes primero, segundo, tercero y cuarto.

El nuevo pleno del Congreso ha elegido por 113 votos al que fuera ya vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez de Celis, para revalidarlo en ese mismo cargo mientras que el PP ha conseguido que en la Mesa también esté presentes como vicepresidente segundo el diputado Antonio Bermúdez de Castro, que ha recibido 73 votos.

No obstante, como la diputada gallega Marta González, ha empatado a 65 votos con la diputada de Sumar Esther Gil, el pleno debe votar nuevamente entre las dos candidatas para dirimir quién ocupará la vicepresidencia tercera y quién la cuarta.
Por su parte, Vox no ha logrado revalidar la vicepresidencia cuarta al conseguir su candidato Ignacio Gil Lázaro tan solo 33 apoyos.

De los cuatro vicepresidencias, la diputada procedente del PP gallego Marta González y una de las voces de los populares en materia de igualdad, así como la empresaria Esther Gil que encabezó, como independiente, la lista por Cádiz dentro del movimiento Sumar serán la dos caras nuevas, ya que tanto Gómez de Celis como Bermúdez de Castro son veteranos en el Congreso.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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