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Miles de pensionistas toman las calles de València para reivindicar unas prestaciones dignas

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Las calles del centro de València se han llenado de pensionistas este jueves para reclamar unas prestaciones dignas. Alrededor de las 11 horas, ha comenzado la manifestación desde el punto de partida, la plaza del Ayuntamiento, para finalizar frente a la sede de la Delegación del Gobierno. Esta marcha estaba prevista para el día 17 de marzo, pero se pospuso hasta este jueves para evitar que coincidiese con uno de los días principales de las Fallas.

La protesta celebrada, convocada por organizaciones sindicales y diferentes colectivos sociales, persigue, entre otros, que se recupere el subsidio para mayores de 52 años, restablecer los 65 años como la edad de jubilación y no los 67 actuales, que se cobren pensiones dignas de al menos 1.080 y que, a su vez, estas se revaloricen automáticamente según el IPC.

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha acercado a la plaza acompañado de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Una vez allí se han unido el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, miembros del equipo de gobierno municipal y el diputado Joan Baldoví. Ante la cabecera de protesta, el alcalde ha manifestado “que es totalmente intolerable que no se aplique el crecimiento del IPC a las pensiones, es decir, que estén degradándose”.

Imagen: Ayuntamiento de València

Así mismo, ha destacado Joan Ribó, “hay que hablar de la ocupación, y si los jóvenes no tienen unos contratos de trabajo estables y dignos, si no se cambia el estatuto de los trabajadores que ha degenerado todo el sistema de trabajo actual, nuestros jóvenes tendrán unas pensiones cada vez peores”. El primer edil ha concluido pidiendo «pensiones dignas para las personas que tienen, y trabajo digno por aquellos que algún día tienen que conseguirlo ”.

Imagen: CCOO PV

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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