Firmas
‘Montesquieu y el lío en la Justicia’, por José Antonio Sorzano
Publicado
hace 8 añosen
De
Foro de Opinión: José Luis Sampedro
Desde luego a decir de ese conocido refrán popular, últimamente a España parece que le ha echado mal de ojo un tuerto, ya que no salimos de un lio para inmediatamente meternos en otro de monumentales y superiores dimensiones.
Si este sufrido país de nuestras entretelas no tuviera bastante con los innumerables casos de corrupción comisionados por esa troupe de políticos corruptos pertenecientes al llamado Poder Ejecutivo o gubernamental, ahora solamente nos faltaba el follón que se ha montado en uno de los brazos de la Justicia y, por supuesto, máximo garante de nuestro Estado de Derecho, como es la Fiscalía Anticorrupción. “Casi na porta el diari”, como viene a decir el acervo popular valenciano.
La esperada dimisión del Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Sr. Moix, por ocultar por lo visto una empresa más o menos fantasma en Panamá, hace que cualquier ciudadano pueda poner el grito en el cielo, al poder exigir a partir de ahora la previa y absoluta transparencia personal de quienes están llamados a ejercer la acusación popular en nombre del Estado. Vamos, en otras palabras, la total transparencia de quienes, a su vez, pueden decidir quiénes pueden ser los buenos y quienes los malos en esta viña de nuestro Señor llamada España.
Pero es que además y para más inri, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, nombrado por el Gobierno, ha sido mayoritariamente reprobado en el Congreso de los Diputados, junto con el actual ministro de Justicia. Por no hablar de la petición de su inmediata dimisión por una plataforma de fiscales progresistas, según lo manifestado por su misma portavoz la fiscal S. Puente. Reprobación que, por otro lado, como era de esperar, no ha causado ningún efecto, por lo visto, por aquello de la división de poderes de Montesquieu, donde los tres máximos poderes del Estado: Legislativo ( Parlamento), Ejecutivo ( Gobierno) y Judicial, cada uno salta independientemente a la comba en distintos patios del solar patrio. Aunque siendo así, yo por lo menos personalmente sigo pensando en la prevalencia puntual del Parlamento como representante directo del pueblo, sobre los otros dos poderes tanto el Ejecutivo como el Judicial, salvando la independencia de este último, por supuesto.
Uno recuerda aquellos tiempos donde fiscales Anticorrupción, como Giménez Villarejo o el propio Salinas, nadie jamás pudo ponerle tacha o macula a su magnífica trayectoria. Por no hablar de esos otros Fiscales Generales del Estado, como Cándido Conde-Pumpido, o Eduardo Torres Dulce, uno nombrado por el Psoe y el otro por el PP, ambos de sensata y discreta trayectoria al frente de esta institución
Visto lo cual, es por lo que cuanto antes urge una profunda y consensuada reforma constitucional entre todas las fuerzas políticas, donde por ejemplo el Fiscal General del Estado deje de ser el Fiscal General del gobierno de turno, para ser de verdad el Fiscal General del Estado. Y para eso no hay mejor manera de conseguir tal fin que el mismo sea nombrado por los 2/3 ( 233 diputados) del Congreso. Número de diputados, que a la vista de la actual composición de la Cámara, implicaría como mínimo a tres fuerzas políticas de las representadas a la hora de elegir al Fiscal General.
De igual manera, creo sinceramente en la conveniencia de reformar urgentemente el actual sistema que ampara las excedencias especiales de jueces y fiscales, para poder ocupar cargos públicos y políticos en los distintos gobiernos del Poder Ejecutivo. Entre otras razones, como se está viendo en la actualidad, porque no deja de ser alarmante que un juez o fiscal que haya desempeñado un cargo político en el gobierno de un determinado partido, vuelva de nuevo a la Carrera Judicial como si regresara de unas vacaciones por el Caribe. De ser así, muchos ciudadanos nos preguntaríamos donde quedaría la supuesta imparcialidad de dicho juez o fiscal, después de haber desempeñado un puesto político en el seno de un partido determinado?
Dicho lo cual, creo sinceramente como abogado y periodista, y al amparo del art 20 de la Constitución sobre la libertad de Expresión, que la regulación constitucional respecto de la Justicia debería ser bastante más estricta a la vista de lo que ha venido aconteciendo a fecha de hoy en el seno de este Poder. No se entiende muy bien, por poner un simple ejemplo, como Belloch, magnifico ministro de Interior y alcalde de Zaragoza, de un partido como el Psoe, pueda volver ahora como magistrado a la Audiencia Nacional, sin levantar ninguna velada suspicacia entre sus adversarios. Por lo tanto, dicho lo cual, simplemente apuntare que: “Zapatero a tus zapatos”. Y así no habrá problemas.
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José Luis Fortea
………….corría el verano de 1975, aquel en el que no cesaba de sonar en las radios el Bimbó de Georgie Dann, que acabaría siendo declarada oficialmente la canción del verano, aquel en el que Televisión Española emitía su series detectivescas de moda, las de “Tony Baretta” y “Kojak” y que amenizaba desde el pasado mes de abril, la noche de los sábados, con un nuevo programa llamado “Directísimo”, presentado por un joven bilbaíno de treinta y tres años, de grandes bigotes, llamado José María Íñigo Gómez.
Bernard Thévenet
Aquel verano, en el que ganaba el tour, contra todo pronóstico, el francés Bernard Thévenet, imponiéndose a un Eddy Merckx, líder desde la sexta jornada, que había sido golpeado por un espectador en su costado derecho en el ascenso al Puy de Dome, presentando desde entonces unas molestias que le harían perder a partir de aquella etapa, la decimocuarta, el maillot amarillo y que no lo volvería a recuperar, de un periodo estival más que sofocante y tórrido, en el que una caña en aquellos días costaba entonces diez pesetas, de aquel verano, el del 75, el último del jefe del Estado español, que fallecería cinco meses más tarde.
Qué pasó un 22 de julio
El martes 22 de julio, de un día como hoy, de hace más de cuarenta años , a unos cincuenta y tres kilómetros de Sevilla, en el término municipal de Paradas, iba a tener lugar uno de los sucesos más trágicos de los últimos tiempos, que acabaría por convulsionar la vida de sus cerca de ocho mil habitantes, de un terrible episodio que en los juzgados terminaría conociéndose como el expediente 20/75.
A unos cuatro kilómetros de la mencionada población de Paradas, se encuentra la finca de los Galindos, perteneciente, desde hace seis años, a Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Grañina, donde suele acudir esporádicamente, en tiempo estival, sin la compañía de su mujer, María de las Mercedes Delgado Durán. Al frente del aludido inmueble, se encuentra Manuel Zapata Villanueva, de cincuenta y nueve años, antiguo legionario y miembro de la Guardia Civil, que allí vive junto a su mujer Juana Martín Macías, de cincuenta y tres años, desempeñando las tareas de capataz, en unos terrenos dedicados principalmente al cultivo de la aceituna.
En el cortijo trabajan siete personas, tres tractoristas y cuatro temporeros, que a eso de las ocho de la mañana, de aquel martes día 22, ya se encuentran allí para ponerse a bregar, antes de que el sol les ajusticie con esos 49 ºC que alcanzarán a lo largo de aquella misma mañana. Zapata, como de costumbre, es quien distribuye “la faena”, mandando a las alpacas, a medio kilometro de la finca, al tractorista José González Jiménez, a un segundo tractor, junto con tres braceros, a la parte posterior del cerro y al tercer tractorista Ramón Parrilla a regar garrotes (que son los troncos de los olivos metidos en bolsas con tierra) de una jornada laboral que se prolongará hasta la una, momento en el que harán un alto en el camino para almorzar, durante cerca de media hora, y proseguir hasta eso de las cuatro de la tarde, cuando el mercurio se encarame en lo más alto de los termómetros respondiendo al calor abrasivo de esos casi cincuenta grados.
Y es entonces, sobre esa hora de las cuatro de la tarde, cuando el grupo de los tres temporeros que se encuentran en la parte del cerro observan salir un humo negro y espeso del cortijo, dirigiéndose rápidamente hacia allí.
Al llegar al lado de la verja de la entrada, encuentran restos de lo que parece un reguero de sangre, que les hace presagiar que alguien pudiera haber resultado herido, de un rastro abundante que dibujando un movimiento sobre la tierra serpenteante poco a poco se va diluyendo hasta llegar a desaparecer, por lo que Antonio Escobar, uno de aquellos trabajadores, acude raudo hacia el cuartel de la Guardia Civil, para dar el pertinente aviso, mientras Antonio Fenet Pastor, que lleva cinco años trabajando las tierras de Los Galindos, divisa lo que le da la sensación son dos cuerpos mutilados en aquel fuego que acelerado con gasolina desprende un olor más que nauseabundo, decidiendo no indagar más, hasta la llegada de la Benemérita.
No tardan mucho en personarse en el cortijo el cabo Raúl Fernández acompañado de un número de la Guardia Civil, para realizar las primeras diligencias de investigación. Al entrar en la casa, observan, al lado de una mesa camilla, otro gran charco de sangre, cuyo rastro se dirige pasillo arriba, hacia donde se encuentra la puerta de una habitación cerrada con un candado, colocado en la parte exterior, que fuerzan para poder acceder a su interior, encontrándose una vez dentro, el cuerpo de Juana Martín, la mujer del capataz, con la cabeza destrozada, golpeada por algún objeto romo, no hallándose nada más reseñable en la vivienda.
En el exterior, donde todavía permanece encendido aquel fuego, aparecen los restos casi calcinados del tractorista José González, Pepe, de 27 años y su esposa Asunción Peralta, seis años mayor que él, de 34 años, a quien al parecer había ido a recoger al pueblo para traerla allí, en algún momento de aquel día, aparcando su seiscientos de color crema en la entrada del cortijo, desconociéndose los motivos.
En la cuneta del llamado Camino de Rodales, cubierto con un montón de paja, se descubre un cuarto cuerpo sin vida, el del jornalero Ramón Parrilla, de 40 años de edad, tractorista eventual de la finca, muerto de un disparo de escopeta.
De Zapata, el capataz de la finca de Los Galindos, no hay rastro alguno, por lo que las primeras sospechas recaen sobre este, emitiéndose incluso, a la mañana siguiente, por el recién llegado juez del juzgado de Écija (al estar el de Carmona de vacaciones) Andrés Márquez Aranda la pertinente orden de busca y captura.
Al parecer, en los mentideros del pueblo, se decía que las relaciones entre el capataz y el tractorista Pepe no eran todo lo buenamente deseables que podían ser, fruto de un intento de José González por cortejar a una de las hijas de Zapata, negándose este a dicha relación, enemistando en cierta manera a ambos. Lo cual fue considerado como un posible móvil de aquel crimen, aunque no resolvía las dudas existentes sobre las restantes muertes.
Y fue entonces cuando tres días más tarde, el 25 de julio apareció el cadáver del capataz, que tras la autopsia realizada determinaría que había resultado ser la primera de las víctimas de aquel crimen que ya sumaba con esta, cinco muertes, desarbolando la hipótesis que se había venido considerando como probable.
El sumario del caso, el denominado expediente número 20 de 1975, con más de mil trescientos folios, ha dado a lo largo de la historia numerosas elucubraciones y teorías que no han podido resultar finalmente probadas, recayendo durante años las sospechas, tras haber sido encontrado el cuerpo de Manuel Zapata, sobre José González Jiménez que juzgado y condenado por el pueblo tendría que esperar hasta la exhumación de los cadáveres mediante orden emitida por el juez Heriberto Asensio que acabaría determinando que el “sospechoso” era, de igual forma, triste víctima de este suceso, y que además en opinión del prestigioso médico forense Luis Frontela Carreras, estudiando aquellas manchas de sangre en el piso encontradas, concluiría que a –“Juana la arrastraron desde el comedor hasta el dormitorio entre dos personas por lo menos”- .
Transcurrido los plazos legales previstos sin encontrarse el culpable de estos hechos, la causa quedaría archivada en el año 1988, y siguiendo el principio que extingue la responsabilidad criminal por el transcurso del tiempo, siendo para este tipo de delitos el previsto de veinte años, fue por tanto declarado su prescripción en 1995, a los veinte años de haberse cometido.
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