Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados y un notario, acusados de expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. La operación también se ha saldado con el arresto de la cuidadora de la anciana y del comprador de los inmuebles, con un beneficio ilícito estimado en unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.
Ventas irregulares y patrimonio enajenado
La investigación se inició en junio de 2025, tras la denuncia presentada por la familia de la víctima, que alertó de la dificultad creciente para contactar con la anciana y mantener encuentros presenciales. Ante la sospecha, los familiares consultaron el Registro de la Propiedad y comprobaron que todos los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un breve periodo de tiempo.
Las pesquisas revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados, que actuaban simultáneamente como letrados del comprador, lo que dejó a la vendedora en una situación de total indefensión. Las ventas se cerraron por importes muy inferiores al valor real de mercado.
El papel clave del notario y la cuidadora
Todas las transacciones se formalizaron ante el mismo notario, encargado de dar validez legal a las operaciones. Incluso en la venta del piso donde residía la afectada, transmitido en régimen de nuda propiedad, se impusieron condiciones especialmente gravosas, que incluían la posible pérdida del usufructo.
Los investigadores también constataron que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir el usufructo de la vivienda, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía allí, cuando en realidad era su domicilio habitual.
Por su parte, la cuidadora, considerada una figura de gran influencia sobre la anciana, fue incluida en el testamento y era la encargada de extraer dinero de las cuentas bancarias de la víctima.
Beneficio económico y delitos investigados
Como consecuencia de todas estas actuaciones, los implicados habrían obtenido un beneficio económico cercano a los 785.000 euros. Durante una hospitalización de la mujer, los agentes llegaron a detectar presencia de sustancias tóxicas en su organismo, un extremo que agravó las sospechas sobre su entorno más cercano.
Los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales y todos han pasado a disposición judicial.
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