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Noelia de Mingo, la doctora que mató a tres personas, condenada a 33 años de internamiento psiquiátrico

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Noelia de Mingo
Un momento del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra Noelia de Mingo, por agredir con un cuchillo de dos empleadas de un supermercado de El Molar en 2021. De Mingo ya fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a tres personas en 2003. EFE/ Zipi
Madrid, 20 nov (OFFICIAL PRESS-EFE).- Noelia de Mingo, la doctora que mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003 y que este lunes ha sido juzgada por apuñalar a dos empleadas de un supermercado en El Molar (Madrid) en 2021, ha aceptado una condena de 33 años de internamiento, que continuará en el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que De Mingo será trasladada entre hoy y mañana desde Madrid al psiquiátrico penitenciario alicantino, el único que hay en España de estas características junto al de Sevilla.

La Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar este lunes el juicio a Noelia de Mingo por los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2021 en El Molar y por los que Fiscalía solicitaba para ella nueve años y nueve meses de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado, si bien reclama que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica.

Condenada a 33 años de internamiento psiquiátrico

Por su parte las dos acusaciones particulares que ejercen las dos víctimas solicitaban que fueran condenada a 15 años de prisión por cada tentativa de asesinato, mientras que la defensa de Noelia de Mingo pedía que sea ingresada en un centro psiquiátrico por eximente completa debido a su enfermedad.

Antes del juicio la acusada ha llegado a una conformidad con la Fiscalía por la que reconoce los hechos y acepta una condena de quince años de internamiento por cada una de las dos tentativas de asesinato, y de tres años y un día por el delito de atentado a agente de la autoridad.

El acuerdo aprecia una eximente completa por anomalía psíquica y prevé además una libertad vigilada que consiste en no acercarse a las víctimas a menos de 500 metros durante cinco años ni entrar en El Molar durante ese mismo tiempo.

También estipula que de Mingo pague 110.000 euros a una de las víctimas y 50.000 a la otra.

El presidente de la Sala ha leído esta sentencia «in voce», en voz alta, y Noelia de Mingo, que ha permanecido engrilletada durante la vista, ha dicho que «si» entendía y estaba conforme con ella.

En este caso la Fiscalía defendía en su escrito de acusación que en el momento de los hechos la acusada «tenía una floración de su enfermedad mental (esquizofrenia paranoide) en la que la percepción y el entendimiento de la realidad estaban gravemente alterados y, por tanto, le limitaban sus capacidades intelectivas y volitivas, si bien no las abolía», considera el Ministerio Público.

Recuerda que ya en 2003 concurrió en la acusada una eximente completa de enajenación mental por tres delitos de asesinato, cuatro de tentativa y un delito de lesiones graves.

Noelia de Mingo

Noelia de Mingo fue condenada a 25 años de reclusión en centro psiquiátrico por el asesinato de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid en 2003, donde era doctora y donde comenzó a atacar a compañeros.

Quedó en libertad en octubre de 2017 por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que, de acuerdo con el juez de Vigilancia Penitenciaria y los informes médicos y forenses, sustituyó el internamiento por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar.

Cuando llevaba cuatro años libre, el 20 de septiembre de 2021, ocurrieron los hechos que ahora reconoce: entró a un supermercado y, con un cuchillo que llevaba, apuñaló a una cajera y a otra trabajadora, tras lo que se enfrentó a los agentes que fueron a detenerla.

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Se quedan sin boda y pierden hasta 1.200 euros: el cierre de un salón en Valencia deja 30 afectados

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El cierre inesperado de un salón de celebraciones en Sueca (Valencia) ha dejado a una treintena de clientes sin el espacio que habían contratado para sus bodas, bautizos y comuniones. Los afectados aseguran que han perdido, por el momento, las cantidades que adelantaron para reservar las instalaciones y temen no recuperar el dinero.

El establecimiento, conocido como Can Cela, tenía eventos programados para los próximos meses y también para 2027. Entre los perjudicados hay parejas que llevaban meses preparando su boda y que ahora se han visto obligadas a buscar otro lugar para celebrar el enlace.

El caso ha generado un grupo de WhatsApp en el que ya se reúnen alrededor de 30 personas afectadas. A través de este canal comparten información, contratos y experiencias para intentar encontrar una solución.

Dos parejas de Picassent habían pagado hasta 1.200 euros por su boda

Entre los afectados se encuentran dos parejas de Picassent que tenían previsto casarse en 2027. José y Adrián habían reservado Can Cela para febrero, mientras que Helena y Miguel habían elegido septiembre para celebrar su enlace.

Ambas parejas habían entregado importantes cantidades como señal para garantizar la fecha y el espacio. José y Adrián habían adelantado 1.000 euros, mientras que Helena y Miguel habían abonado 1.200 euros, una cantidad respaldada por un contrato firmado.

El cierre del salón ha dejado a las dos parejas sin el lugar que habían elegido para uno de los días más importantes de sus vidas. Además de la pérdida económica, han tenido que afrontar de forma repentina la búsqueda de un nuevo establecimiento.

En el caso de Helena y Miguel, encontrar una alternativa para septiembre de 2027 no ha sido sencillo. Muchos salones ya tenían las fechas ocupadas, aunque finalmente han conseguido otro espacio para poder celebrar la boda.

Una treintena de afectados por el cierre de Can Cela

Los problemas no afectan únicamente a parejas que tenían contratada su boda. Entre las aproximadamente 30 personas que se han organizado para reclamar también hay clientes que habían reservado el establecimiento para bautizos, comuniones y otras celebraciones familiares.

Según los testimonios de los afectados, algunos conocieron la situación a través de publicaciones en redes sociales de otros clientes, sin haber recibido previamente una comunicación directa sobre el cierre.

La preocupación se extendió y llevó a los perjudicados a crear un grupo de WhatsApp para compartir información y coordinar sus actuaciones.

Los afectados denuncian que no tienen garantías de recuperar las reservas

De acuerdo con los testimonios publicados, los responsables del establecimiento habrían alegado problemas económicos y trasladado que no pueden responsabilizarse de la situación.

Por el momento, los clientes aseguran que no cuentan con una solución concreta ni con garantías de devolución de las cantidades adelantadas. Los contratos y los justificantes de pago se han convertido en documentos fundamentales para quienes intentan recuperar su dinero.

El caso ha llegado también a la televisión nacional. El programa de RTVE ‘Directo al grano’ ha abordado la situación de varias parejas afectadas por el cierre del salón de celebraciones de Sueca.

Mientras tanto, los clientes continúan pendientes de recibir explicaciones y de saber qué ocurrirá con las reservas que ya habían pagado. Para muchos, el cierre de Can Cela no solo supone un perjuicio económico, sino también tener que reorganizar celebraciones familiares que llevaban meses preparando.

 

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