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Noelia de Mingo, la doctora que mató a tres personas, condenada a 33 años de internamiento psiquiátrico

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Noelia de Mingo
Un momento del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra Noelia de Mingo, por agredir con un cuchillo de dos empleadas de un supermercado de El Molar en 2021. De Mingo ya fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a tres personas en 2003. EFE/ Zipi
Madrid, 20 nov (OFFICIAL PRESS-EFE).- Noelia de Mingo, la doctora que mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003 y que este lunes ha sido juzgada por apuñalar a dos empleadas de un supermercado en El Molar (Madrid) en 2021, ha aceptado una condena de 33 años de internamiento, que continuará en el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que De Mingo será trasladada entre hoy y mañana desde Madrid al psiquiátrico penitenciario alicantino, el único que hay en España de estas características junto al de Sevilla.

La Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar este lunes el juicio a Noelia de Mingo por los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2021 en El Molar y por los que Fiscalía solicitaba para ella nueve años y nueve meses de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado, si bien reclama que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica.

Condenada a 33 años de internamiento psiquiátrico

Por su parte las dos acusaciones particulares que ejercen las dos víctimas solicitaban que fueran condenada a 15 años de prisión por cada tentativa de asesinato, mientras que la defensa de Noelia de Mingo pedía que sea ingresada en un centro psiquiátrico por eximente completa debido a su enfermedad.

Antes del juicio la acusada ha llegado a una conformidad con la Fiscalía por la que reconoce los hechos y acepta una condena de quince años de internamiento por cada una de las dos tentativas de asesinato, y de tres años y un día por el delito de atentado a agente de la autoridad.

El acuerdo aprecia una eximente completa por anomalía psíquica y prevé además una libertad vigilada que consiste en no acercarse a las víctimas a menos de 500 metros durante cinco años ni entrar en El Molar durante ese mismo tiempo.

También estipula que de Mingo pague 110.000 euros a una de las víctimas y 50.000 a la otra.

El presidente de la Sala ha leído esta sentencia «in voce», en voz alta, y Noelia de Mingo, que ha permanecido engrilletada durante la vista, ha dicho que «si» entendía y estaba conforme con ella.

En este caso la Fiscalía defendía en su escrito de acusación que en el momento de los hechos la acusada «tenía una floración de su enfermedad mental (esquizofrenia paranoide) en la que la percepción y el entendimiento de la realidad estaban gravemente alterados y, por tanto, le limitaban sus capacidades intelectivas y volitivas, si bien no las abolía», considera el Ministerio Público.

Recuerda que ya en 2003 concurrió en la acusada una eximente completa de enajenación mental por tres delitos de asesinato, cuatro de tentativa y un delito de lesiones graves.

Noelia de Mingo

Noelia de Mingo fue condenada a 25 años de reclusión en centro psiquiátrico por el asesinato de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid en 2003, donde era doctora y donde comenzó a atacar a compañeros.

Quedó en libertad en octubre de 2017 por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que, de acuerdo con el juez de Vigilancia Penitenciaria y los informes médicos y forenses, sustituyó el internamiento por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar.

Cuando llevaba cuatro años libre, el 20 de septiembre de 2021, ocurrieron los hechos que ahora reconoce: entró a un supermercado y, con un cuchillo que llevaba, apuñaló a una cajera y a otra trabajadora, tras lo que se enfrentó a los agentes que fueron a detenerla.

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Hallan 110 perros desnutridos y con signos de maltrato en una parcela de Buñol

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Los animales estaban atados con cadenas cortas, hacinados y sin agua bajo el sol; el propietario de la finca está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal

La Policía Local de Buñol y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han localizado a 110 perros en condiciones extremas de desnutrición y con diversos signos de maltrato en una parcela del término municipal de Buñol, en la provincia de Valencia. Tras la intervención, todos los animales han sido incautados y trasladados a un centro de acogida, mientras que el propietario de la finca está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal.

La actuación policial comenzó después de que un vecino alertara de la posible situación de abandono y maltrato que sufrían los animales. A partir de ese aviso, los agentes de la Policía Local iniciaron una investigación para recopilar indicios y pruebas que permitieran confirmar los hechos.

Una vez reunidas las primeras evidencias, solicitaron la colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Requena para intervenir en la parcela y comprobar el estado de los perros.

110 perros vivían hacinados, sin agua y bajo el sol

Cuando los agentes accedieron al lugar, encontraron un escenario de extrema gravedad. Según ha informado la Policía Local de Buñol, los 110 perros permanecían a pleno sol, expuestos a altas temperaturas y sin disponer de agua.

Los animales estaban atados con cadenas cortas y hacinados en espacios reducidos, sin apenas posibilidad de moverse. Además, presentaban un grave estado de desnutrición y diferentes signos de maltrato.

La Policía Local ha descrito la situación como un escenario «desolador y de máxima urgencia», ante las condiciones en las que sobrevivían los animales.

La gravedad de los hechos llevó a los efectivos a intervenir de inmediato para garantizar la protección de los perros y evitar que continuaran en esas condiciones.

Los animales han sido trasladados a un centro de acogida

Tras la intervención, los 110 perros fueron incautados y trasladados a Ribamontes, un centro de acogida de animales concertado por el Ayuntamiento de Buñol.

En estas instalaciones reciben atención veterinaria y los cuidados necesarios para evaluar su estado de salud y atender las consecuencias de la desnutrición y las condiciones en las que fueron encontrados.

Tanto los animales como las actuaciones policiales han quedado a disposición judicial, mientras continúa el procedimiento relacionado con los hechos.

El propietario de la parcela, investigado por maltrato animal

Como consecuencia de la intervención, el propietario de la parcela ha quedado en calidad de investigado por un presunto delito de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino y contó posteriormente con la participación conjunta de la Policía Local de Buñol y el Seprona de la Guardia Civil de Requena.

Desde la Jefatura de la Policía Local han destacado la actuación de los dos agentes que lideraron la investigación desde el primer momento, subrayando su rapidez de respuesta y su intervención ante una situación de extrema urgencia.

También han agradecido la colaboración ciudadana que permitió conocer los hechos y la participación del equipo del Seprona, cuya profesionalidad y dedicación resultaron fundamentales para llevar a cabo el operativo.

El hallazgo de los 110 perros en estas condiciones ha provocado una intervención de gran magnitud en Buñol, con todos los animales ya fuera de la parcela y bajo atención especializada mientras las diligencias siguen su curso judicial.

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