La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, durante su comparecencia en Les Corts Valencianes para dar explicaciones sobre los casos de menores tutelados por la Generalitat víctimas de abusos sexuales. EFE/Kai Försterling
València, 18 ene (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que los 175 menores atendidos por el servicio de atención a niños, niñas y adolescentes (SAANNA) en su primer año de funcionamiento no son «menores tutelados abusados», sino que están a cargo de la Administración, en muchos casos, por haber sufrido abusos.
En su comparecencia en Les Corts Valencianes para dar explicaciones sobre los casos de menores tutelados por la Generalitat víctimas de abusos sexuales, Oltra ha acusado al PP de «mentir descaradamente», «manipular» y «tergiversar» estos datos con el único objetivo de desgastar al Consell y a ella misma.
Ha destacado que esos 175 menores tutelados atendidos por sospechas de haber sufrido abusos o por comportamientos sexuales inadecuados a su edad, 131 son por casos ocurridos previamente a estar tutelados, de los que 73 se conocen por revelaciones posteriores a la tutela.
En seis casos se han detectado posibles abusos durante las vistas al domicilio familiar o del entorno, 16 por posibles casos en entornos próximos, 10 son sospechas de abusos entre iguales y 12 son por conductas inadecuadas a la edad de los menores.
«No hay ningún caso que se deba a profesionales del sistema de protección», ha asegurado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, quien ha advertido de que ni las «mentiras ni calumnias» del PP podrán variar el rumbo de mejora del sistema de protección de la Infancia y la Adolescencia iniciado por el Botànic.
Ha asegurado que a diferencia de cómo actuaba el PP cuando gobernaba, ahora hay «transparencia«, ya que se han respondido 236 peticiones de documentación sobre infancia y ha comparecido ocho veces en Les Corts para hablar de asuntos de menores, y además, existen unos protocolos claros de actuación.
«Si queremos erradicar la situación, lo primero es reconocerla, estudiarla y atenderla», ha afirmado Oltra, quien ha comparado la violencia que se ejerce contra los menores con la que sufren las mujeres, y ha dicho que ya es hora de sacarla del espacio privado y unirnos como sociedad para hacerle frente.
Oltra ha acusado al PP de no haberse parado a pensar en el daño que hacen con sus acusaciones a los menores víctimas de abusos o maltrato, a los que trasladan el mensaje de que su familia les ha fallado, y de que el sistema de protección también lo hará y por lo tanto están solos.
La vicepresidenta del Consell ha destacado que en estos años de gobierno del Botànic se ha multiplicado el presupuesto destinado a infancia y adolescencia, que ha pasado de 98 millones en 2014 a 260,2 millones en 2021, y hay más de 700 profesionales preparados para prestar estos servicios.
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo
València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios
El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.
Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.
Más inspecciones y vigilancia continua
Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.
El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.
Moratoria y nuevas normas urbanísticas
El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.
Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:
Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
Tope del 15% en plantas bajas por manzana
Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal
También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.
En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.
Presión sobre la vivienda en València
El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.
Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.
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