Valencia
Oltra dice al juez que no supo nada de la acusación a su ex entre 2017 y 2019
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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 4 añosen
La ex vicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, declaró este lunes en el Juzgado de Instrucción número 15 que no supo nada de la acusación por abusos a una menor -tutelada por el Consell-, de la que era objeto su entonces marido, desde agosto de 2017, cuando éste le informa, hasta que es condenado, más de dos años después, en diciembre de 2019.
Según consta en la declaración judicial, a la que ha tenido acceso EFE, Oltra aseguró a preguntas del fiscal que «en agosto de 2017 no sabía cuánto tiempo llevaba el proceso» en marcha e insistió en que ni conocía los «entresijos» del mismo, ni ha indagado en el proceso penal, ni ha leído el expediente informativo que se abrió en la Conselleria y por el que está acusada de un supuesto delito de encubrimiento.
A preguntas del juez, Oltra aseguró que no se enteró de que su entonces marido dejó de trabajar como educador en el centro de menores entre el 20 de febrero y el 12 de marzo de 2017, después de cometer los abusos.
Dijo que ese mes tuvo que desplazarse fuera de Valencia, que estuvo en Bruselas y en Madrid, que su entonces marido trabajaba de noche una semana sí y otra no y que le dijo que «le debían días», que no se preocupase por sus hijos por lo intenso de su agenda, que él los atendía.
El juez le preguntó quién de la Conselleria debía saber que su marido había sido apartado de su puesto de trabajo, ya que varios de los procesados han negado haber tenido constancia de ello, a lo que Oltra respondió que «eso es autoorganización de la Administración, es como si yo hubiera sido consellera de Sanidad y le preguntara quién entra en quirófano».
Oltra negó haber dado ninguna instrucción al personal de la Conselleria respecto al caso de abusos y aseguró desconocer cómo sabía el personal del centro de menores y los propios menores acogidos que el acusado de abusos era su marido.
El juez le exhibió un correo del 21 de febrero de 2017 entre una técnico de la Conselleria y la directora del centro de menores en el que la primera le dice a la segunda que «He hablado con Paco (su superior), en total discreción, hemos valorado que mejor que vea a la niña la psicóloga de la sección y depende derivaríamos a Espill o ya vemos».
Al respecto, le preguntó si entiende que la técnico pusiese el acento en «la total discreción con la que habla con su superior», a lo que la ex vicepresidenta respondió que «los técnicos trabajan según su leal saber y entender y sin interferencias».
Preguntada acerca de cómo entendía que existiendo un servicio de atención psicológica externo, contratado para evaluar o tratar casos como el de la menor abusada, se recurriese a una psicóloga de la sección, Oltra manifiestó que debió ser una decisión de estos profesionales.
Igualmente, al ser cuestionada sobre cómo entiende que los hechos no fuesen puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, aseguró que se debieron seguir «unos procedimientos basados en la buena fe, según su leal saber y entender, de acuerdo a una instrucción de septiembre de 2017».
Preguntada acerca de por qué desde la Conselleria de Igualdad se solicitó la versión de su exmarido «sin haberse formulado una sola pregunta a la niña o adolescente», Oltra apuntó que no lo puede valorar.
Sobre el motivo por el cual dijo a los medios de comunicación que había sido ella quien había ordenado a la directora general que abriera el expediente informativo del caso de abusos, Oltra dijo que «fue un estallido emocional».
«El día previo se había producido la imputación de cinco personas, incluida la directora general, y mi hijo me preguntó cuando oyó la noticia en la radio si esas personas no eran compañeras mías y si no tenían familia. Me preguntó si esas familias no estarían padeciendo también. Fue un momento de alta tensión emocional. Fue mi manera de desahogarme», aseguró ante el juez.
Preguntada acerca de cuál fue la razón de que existiendo ya un proceso penal en marcha se sometiera a la niña o adolescente a una nueva entrevista con una técnico jurídica de la Conselleria, que en opinión del juez se hizo sin que aparentemente se respetaran sus derechos como víctima, Oltra respondió que lo desconoce, pero que sabe que trabajaron sin interferencia alguna, al menos proveniente de ella.
El fiscal le preguntó si sabe de quién partió la idea de que se abriese ese expediente interno en la Conselleria, a lo que la exconsellera manifestó que «ahora sé que partió de la directora general».
Publicado
hace 9 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
La Fiscalía solicita:
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
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