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Así es el nuevo sistema de la ORA en València

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«Vamos a cambiar radicalmente la manera en que gestionamos el aparcamiento en la ciudad de València hacia un sistema del siglo XXI, que en esta ciudad se debía haber hecho ya, a semejanza de otras ciudades que disponen de un sistema moderno desde hace décadas, con una gestión mucho más adecuada del espacio público». El concejal Giuseppe Grezzi ha detallado este miércoles las pautas fundamentales del nuevo sistema de regulación del aparcamiento en la vía pública. Entre las novedades, destacan la modernización de los sistemas de pago, de uso y de vigilancia, y la introducción de una nueva zona exclusiva para residentes, la Zona Verde.

«Desde el Ayuntamiento hemos trabajado en una actuación totalmente novedosa, mucho más avanzada y acorde al planteamiento de estos 5 años de transformación y humanización de la ciudad», ha afirmado el concejal. La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes la adjudicación del nuevo contrato a la empresa EYSA, por un plazo de 5 años.

Tal como ha explicado el concejal, la nueva ORA se basa en tres claves fundamentales: la regulación del estacionamiento favoreciendo la rotación, la disminución del tráfico que busca plaza de aparcamiento, y la reserva de plazas para uso exclusivo de residentes. Como novedad del nuevo sistema de gestión, ha subrayado Grezzi, destaca la puesta en uso de una plataforma centralizada de gestión «que nos permitirá hacer unas funcionalidades mucho más avanzadas que en el modo de regulación actual, ya muy anticuado». Dicho sistema estará integrado en la Plataforma municipal de gestión del estacionamiento que en estos momentos se halla en fase de licitación por parte de la Entidad Pública del Estado Red.es, en el marco de la estrategia Smart City.

TRES ZONAS: AZUL, NARANJA Y VERDE

La nueva regulación de aparcamientos se aplicará en tres nuevas zonas: Azul, Naranja, y la nueva zona Verde, de uso exclusivamente para residentes. La zona Naranja ha explicado Grezzi, que ya existe, se transforma en zona de estacionamiento de uso mixto: rotación y residentes. «Queremos cambiar la manera en que se gestiona esta zona para utilizarla en zonas de barrios donde sea necesario habilitar más operaciones de carga y descarga que puedan ser interesantes para el comercio en determinadas franjas horarias, siempre en horario diurno, y que no se utilicen para residentes», ha explicado el concejal, quien ha añadido que todo ello se determinará mediante estudios y fórmulas de participación. Por su parte, la zona Azul tendrá un funcionamiento similar al actual, con tarificación por distritos y un máximo de uso de dos horas, como es ahora. El edil ha subrayado que se prevé realizar «un control más adecuado de la rotación, lo que permitirá que haya mayor cantidad de usuarios y una gestión más adecuada, y las personas puedan ir directamente a las plazas disponibles», que en estos momentos suman 4.879 plazas.

En cuanto la zona Verde, «es una zona de nueva creación como las que ya existen en muchas ciudades de España y de Europa, y será exclusiva para residentes mediante el pago de una tasa anual que se ha de establecer». Algunos barrios ya han solicitado su aplicación, ha explicado el concejal, y se irán estudiando todas las peticiones. Las personas residentes dispondrán de un distintivo para poder estacionar en las plazas establecidas.

La licitación del contrato, que se aprobó con un presupuesto base de 34.024.891,80 euros (28.119.745,29 + IVA) saldrá con una baja ofertada 0,283 sobre el 0,75 de partida (es decir 0,75-0,283= 0,467), lo que significa que de los ingresos que se obtengan por el estacionamiento, el 46,7% será para la empresa adjudicataria, y el 53,3% para el Ayuntamiento, «lo que significa una notable mejora dado que hasta ahora el 62,7% era para la empresa», ha destacado Grezzi. La adjudicación será aprobada este viernes por la Junta de Gobierno Local.

VIGILANCIA MEDIANTE VEHÍCULOS CON CÁMARA

Una de las novedades más importantes y que cambia el modelo de gestión es que se realizarán labores de vigilancia del aparcamiento en las zonas azul, verde y naranja con cámaras lectoras de matrículas, instaladas a bordo de vehículos de vigilancia. Tal como ha explicado Giuseppe Grezzi, una de las principales funcionalidades de la plataforma de gestión centralizada es uno acceso real en tiempo real en toda la información: «podremos saber el estado de los parquímetros, control de incidencias, monitorización y control de las operaciones, actualización y modificación de los parámetros… y esto también nos permitirá gestionar de una manera mucho más ágil y flexible el aparcamiento y el estacionamiento regulado», ha explicado.

En segundo lugar, se podrán integrar todas las aplicaciones de pago de diferentes proveedores y con todo tipo de sistemas de pago (desde las tradicionales monedas a tarjetas de crédito, aplicaciones móviles…) es decir que se dispondrá de una plataforma de código abierto que permitirá que más operadores puedan entrar y mejorar el servicio. Finalmente, mediante todos esos datos «se abre la posibilidad de realizar estudios e informes sobre el sistema y también sobre módulo de gestión de denuncias y el módulo de gestión económica».

Además, los nuevos parquímetros de última generación podrán hacer una tarificación avanzada que permitirá distinguir entre tipos de vehículos (será obligatorio poner la matrícula al aparcar en zona regulada), y en función también de otros elementos como índices de contaminación, de ocupación de la zona, de bonificaciones… En total se dispondrá de 5.000 sensores de ocupación, «lo que nos ayudarán todavía más a poder gestionar con más eficacia la ocupación de las plazas y todos los datos y hacer uso flexible según las necesidades», ha concluido el concejal de Movilidad Sostenible.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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