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Pedro Cavadas ya advirtió sobre el uso de las mascarillas

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Cavadas rodilla
Pedro Cavadas A3 MEDIA

En octubre de 2020 el doctor Pedro Cavadas acudió al programa de A3 «El hormiguero», que presenta Pablo Motos, y volvió a mostrarse muy crítico con la gestión del gobierno respecto a la pandemia y muy pesimista sobre la posibilidad de que la vacuna esté próxima. «La realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo», llegó a decir el cirujano valenciano. Pero como suele pasar con las declaraciones del doctor, su vaticinio sobre las mascarillas ahora que vuelven a ser obligatorias, han vuelto a salir a la luz.

Pedro Cavadas sobre las mascarillas

Es por ello que la contestación del cirujano ante la pregunta de Pablo Motos de cuándo nos podremos quitar la mascarilla fue lacónica: «me gustaría pensar que en un par de años será opcional y decisión de cada uno, pero no lo veo tan rápido». Es decir, según sus cálculos estaríamos hablando de octubre de 2022.

Cavadas se volvió a mostrar extremadamente crítico con la gestión que se ha hecho en España de la pandemia. «No sé quién habrá controlado la epidemia, pero quién lo haya hecho, lo ha hecho muy mal y por dos veces», afirmó el doctor, que añadió que «si el resultado es malo es que quién estaba al cargo lo ha hecho muy mal. Quién estaba al cargo, no sé, pero el resultado es muy malo».

El cirujano también fue muy crítico con Fernando Simón, de quien llegó a decir «no lo conozco, ni ganas». En opinión del valenciano, España tiene suficiente talento para haberlo hecho bien y, en cambio, es el país que peor lo ha hecho «no en la primera, sino en las dos olas».

Cavadas carga contra las vacunas

Para Cavadas también habló de los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19 «es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada como Dios manda. Eso, son años, no meses. Hay propuestas de vacuna con ensayos clínicos que aceptamos como tal, y si la empezamos a administrar masivamente, a ver quién se come las primeras 15-20 encefalitis que producirán cualquiera de ellas». Nadie puede asumir, recalcó el cirujano, los riesgos de una vacuna poco testada.

 

La entrevista a Pedro Cavadas en «El hormiguero» supuso el máximo de audiencia de la temporada para el programa que dirige Pablo Motos, con un 23,3% de share y casi 4 millones de espectadores. También se convirtió rápidamente en trending topic en las redes sociales.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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