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Pedro Sánchez anuncia la subida «inmediata» del salario mínimo interprofesional

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El Gobierno y los agentes sociales retoman este miércoles el diálogo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sobre la que siguen existiendo discrepancias y reservas incluso dentro del propio Ejecutivo. Pedro Sánchez, sin embargo, se ha adelantado anunciado que la subida del mismo será «inmediata». Lo ha hecho en la comparecencia con la que ha presentado el nuevo curso político.

Se trata del primer encuentro entre el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y representantes de los agentes sociales, para abordar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

 

El último incremento se acordó a principios de 2020, cuando se llevó el SMI a los 950 euros mensuales por 14 pagas, cuantía en la que se decidió mantener durante este año ante la falta de acuerdo en el diálogo social y las diferencias dentro del Gobierno.

La vicepresidenta Nadia Calviño, que en distintas ocasiones había mostrado cautela ante una nueva subida del SMI defendida por la vicepresidenta Yolanda Díaz, abrió la puerta a finales de julio a que se estudiara dicho incremento en septiembre para aplicarlo en los últimos meses del año al considerar que los datos de empleo estaban siendo muy positivos y podrían seguir la tendencia durante el verano.

 

Desde la parte de los agentes sociales, los sindicatos se han movilizado casi todos los meses de este año para pedir, entre otras cosas, la subida del SMI. CCOO apunta a que se suba «al menos» lo que el IPC, en el entorno del 3%, y desde UGT se ha apuntado un aumento de 25 euros al mes, mientras que la patronal CEOE mantiene su oposición.

«Lo que desearíamos es que hubiera un acuerdo en ese marco de diálogo social y adoptar una decisión que fuera conforme a lo que está siendo la recuperación económica en nuestro país, pero que contara con el consenso de los agentes sociales», dijo el martes el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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