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Qué es la Pirexia, el efecto secundario entre los vacunados con la tercera dosis

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pirexia que es
Una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Moderna. EFE/EPA/Gary Coronado / Archivo

La pirexia es un efecto secundario que sufren los vacunados con algunas dosis específicas de la vacuna contra la COVID-19. El Ministerio de Sanidad, en su último Informe de Farmacovigilancia sobre vacunas Covid-19, ha explicado los principales efectos adversos que más sufren las personas que se han vacunado con la tercera dosis de Pfizer y Moderna, también conocidas como Comirnaty y Spikevax.

Qué es la Pirexia, el efecto secundario entre los vacunados con la tercera dosis

La tercera dosis de Moderna se ha administrado a más de 13 millones de personas, concretamente a 13.726.242 pinchazos. No se trata de la vacuna más usada en España, pues predomina el uso de Pfizer, pero sin embargo, sí es la que más se ha utilizado en lo que a dosis de refuerzo se refiere, ya que Pfizer sólo ha inoculado casi 11 millones.

El principal efecto secundario que presentaron los vacunados con ella fue el de Pirexia, es decir un proceso febril, seguido de Cefalea, Linfadenopatía, Mialgia y Malestar.

Efectos secundarios de Moderna tras la tercera dosis

En el caso de las vacunas de Moderna los efectos secundarios más notificados son los siguientes:

-Pirexia (34%)

-Cefalea (18%)

-Linfadenopatía (16%)

-Mialgia (12%)

-Malestar689%

-Dolor en la zona de vacunación679%

-Náuseas (8%)

-Fatiga (8%)

-Artralgia (7%)

-Escalofríos (6%)

Efectos secundarios de Pfizer tras la tercera dosis

En el caso de las vacunas de Pfizer los efectos secundarios más notificados tras el tercer pinchazo son los siguientes:

-Linfadenopatía (21%)

-Pirexia (20%)

-Cefalea (10%)

-Mialgia (8%)

-Malestar (7%)

-Fatiga (6%)

-Dolor en la zona de vacunación (4%)

-Escalofríos (4%)

-Artralgia (3%)

-Dolor Axilar (3%)

¿Qué es la Linfadenopatía?

El principal efecto secundario de la vacuna contra el COVID-19 es la Linfadenopatía, es decir, inflamación de los ganglios linfáticos, seguido de Pirexia, Cefalea, Mialgia y Malestar.

Más de la mitad de la población española ha recibido la pauta completa

A nivel nacional, se han administrado 94.223.806 dosis, el 96,8% de las entregadas en España, que ascienden a 97.332.475 unidades. Además, se han inoculado 24.639.562 terceras dosis: 10.913.320 de Pfizer y 13.726.242 de Moderna. Esto supone que el 52,0% de la población española ha recibido ya su dosis de refuerzo.

Además, un total de 2.053.572 niños de 5 a 11 años ya han recibido su primera dosis y 1.554.655 también la segunda, lo que supone el 53,8% con una dosis y el 40,7% con la pauta completa, tras el inicio de la vacunación el miércoles 15 de diciembre.

Un total de 39.027.546 personas han recibido ya la pauta completa, 19.561 más que la semana pasada. Esto supone el 92,5% de los mayores de 12 años. Por otra parte, un total 39.207.161 personas han recibido al menos una dosis, el 92,9%, 5.181 más que el viernes anterior.

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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