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Valencia

¿Por qué aumentan los delitos violentos entre jóvenes?

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Acusado de violar a una mujer inconsciente por embriaguez
Un furgón de la policía nacional patrulla por el centro de la ciudad. EFE/Biel Aliño/Archivo

València, 14 nov (OFFICIAL PRESS/EFE/Jordi Ferrer).- La Fiscalía de Menores de Valencia ha observado en los últimos meses un incremento de casos violentos cometidos por menores, bien en enfrentamientos entre ellos o bien hacia los progenitores, en algunos casos «de forma gratuita o sin que exista una provocación o una motivación clara».

En declaraciones a EFE, la fiscal delegada de la sección de menores en la Fiscalía Provincial de Valencia, Consuelo Benavent, explica que los delitos más habituales con los que trabajan los especialistas de esta sección son los delitos contra el patrimonio, los robos con violencia y las lesiones.

La especialista en menores no ha observado que se estén reproduciendo en Valencia los patrones de peleas entre bandas juveniles que ya existen en otras grandes ciudades españolas.

Benavent explica que tiene conocimiento de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están vigilando la situación de forma especial, pero indica que no se ha producido ninguna comunicación a la Fiscalía al respecto.

«Vemos casos de agresiones totalmente gratuitas, en ocasiones en grupos, desde peleas con las manos hasta agresiones con armas blancas, y también de violencia filio-parental», señala para advertir del crecimiento de este último tipo de casos.

Respecto al uso de armas blancas, añade que ha observado en varias ocasiones cómo algunos menores han afirmado que llevaban cuchillos de cocina u otro tipo de herramientas afiladas encima «para defenderse», lo cual considera «muy preocupante» porque las agresiones «dejan de ser fortuitas».

«Hemos observado también poca tolerancia por parte de algunos menores en situaciones de conflicto. Es decir, que se llega a situaciones límite con mucha rapidez, y cuando intervienen compañeros o amigos es para participar en la pelea y ampliar el conflicto, no para separar o evitar problemas», advierte Benavent.

EL PAPEL CLAVE DE LAS AMISTADES

Por ello, esta especialista apunta que «el entorno familiar de los menores y los valores que se les inculcan es importante, pero quizá lo es más el entorno de iguales.

Los jóvenes, por lo general, son bastante influenciables y sus amistades cercanas suponen un gran condicionante».

Así, apunta que es habitual encontrar ciertas carencias familiares o situaciones de riesgo en el ámbito familiar de los menores con los que trabajan pero «casi más determinante que las familias es el entorno de iguales, junto con los hábitos de consumo de alcohol y drogas».

Respecto al acoso escolar o conflictos que, sin llegar a constituir una situación literal de acoso suponen un problema en el ámbito escolar, Benavent señala que «no está erradicado ni mucho menos», pero «no se observa un repunte».

En este sentido, cree que el aumento de las denuncias en su día o la publicidad a determinadas situaciones, junto con el papel de los centros educativos, «que tienen responsabilidades en la gestión de estas situaciones», han contribuido a manejarlos mejor, hasta el punto de que «algunos casos se resuelven dentro de cada centro educativo».

EL PROBLEMA AÑADIDO DE LAS REDES SOCIALES

Por el contrario, la fiscal advierte sobre las redes sociales, que constituyen un problema añadido a las relaciones tóxicas en las que intervienen los menores.

«Existe quizá una falsa sensación de impunidad al estar escondido tras una pantalla», señala a EFE Benavent, que de nuevo insiste en que «hay que explicar a los menores las consecuencias de sus actos, algo tan sencillo como el respeto, tratar a los demás como desean ser tratados».

«También debemos mirarnos un poco al espejo los adultos y preguntarnos si los menores están reproduciendo alguna conducta que ven en casa», subraya.

Preguntada por la carga de trabajo en su sección, Benavent lamenta que, pese al incremento de casos y la dificultad de los mismos, la sección sigue contando con los mismos once fiscales con los que contaba hace veintiún años, cuando se puso en marcha.

 

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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