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PP: «Con la nueva Ley de Vivienda, el Gobierno favorece la ocupación»

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Alicante, 11 oct (EFE).- La diputada nacional del PP por Alicante Macarena Montesinos ha afirmado este lunes que, «con la nueva Ley de Vivienda, el Gobierno de Sánchez favorece la ocupación y penaliza a los propietarios».

Montesinos y los también parlamentarios nacionales populares por Alicante César Sánchez y Agustín Almodóbar, se han reunido con el presidente del PP de la provincia de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, para seguir trabajando en la estrategia política y en las reivindicaciones que están trasladando al Gobierno para este territorio.

Según un comunicado del partido, Montesinos ha considerado que «la regulación del precio de los alquileres supone un ataque sin precedentes a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica».

«Solo una mayor oferta de vivienda en el mercado permite abaratar los precios. Desde el PP tenemos claro que el intervencionismo que promueve el PSOE al mercado del alquiler es un movimiento más de Sánchez para contentar a sus socios radicales de Podemos, sin pensar en los sectores afectados», ha dicho.

También ha asegurado que «se está haciendo una Ley de Vivienda al servicio de los intereses del Gobierno, no al de los ciudadanos».

«No olvidemos que tanto el Banco de España como la Comisión Europea advierten de que el control de alquileres puede tener el efecto no deseado. Es decir, no va a resolver la situación de las personas vulnerables, ni garantiza el derecho a la propiedad privada y mucho menos garantiza el acceso a la vivienda de los jóvenes», ha recalcado Montesinos.

Según el PP, «lo que hay que hacer es ampliar la oferta, dar seguridad jurídica y no atacar a los cuatro millones de familias ahorradoras que lo tienen como complemento de rentas y pensiones y a los 2,3 millones de pequeños propietarios que reconocen recibir rendimientos de alquileres en la Declaración de la Renta».

El PP propone «la cesión de suelo público para la construcción de viviendas en alquiler, con incentivos fiscales a los propietarios para recuperar las viviendas vacías».

Montesinos ha resaltado que apuestan por una Ley de Vivienda que garantice el derecho a la vivienda de los españoles, y en especial a los jóvenes», y que «no fomente la ocupación, como pretende hacer el PSOE», ni «penalice a los propietarios».

Los populares abogan, igualmente, por facilitar el acceso al empleo, ya que, aducen, el 40 % de los jóvenes no tiene un puesto de trabajo. «Difícilmente podrán emanciparse» si, «para colmo, desde el Gobierno se penaliza el emprendimiento con la asfixia fiscal y la subida de la luz», ha expuesto la diputada.

Mientras, Almodóbar se ha referido al «abandono» del sector turístico en la provincia por parte, según ha afirmado, del Gobierno, lo que ha llevado al cierre de «muchos negocios» del sector con «las consecuencias desastrosas que ha reportado», según los populares.

«Por ello, proponemos la puesta en marcha de forma inmediata del programa de viajes del Imserso y medidas alternativas que permitan alargar la temporada, ya que la tardía adjudicación no garantiza que los viajes vayan a arrancar de inmediato, con el riesgo del cierre de más hoteles y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la provincia», ha apuntado.

Por su parte, Sánchez ha subrayado que la Convención Nacional del PP, que finalizó el pasado día 3 con un acto en la Plaza de Toros de València, ha supuesto «un estímulo para todo el partido y en especial para los afiliados y simpatizantes que, por la crisis del Covid-19, no han podido asistir a actividades de partido durante estos meses; unos afiliados que han vuelto a demostrar su compromiso y las ganas de cambio que tienen».

«Más de 14.000 personas se congregaron para decir alto y claro que el futuro de España pasa por el PP, que necesitamos que cuanto antes Pablo Casado llegue a La Moncloa para solucionar todos los problemas de nuestro país», ha manifestado.

Según Sánchez, «se siente el cambio también en la Comunitat con el liderazgo de Carlos Mazón» al frente del PPCV, «un líder que está desmontando las mentiras de Ximo Puig y que tiene un programa claro y factible para todos los valencianos».

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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