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PP: «Con la nueva Ley de Vivienda, el Gobierno favorece la ocupación»

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Alicante, 11 oct (EFE).- La diputada nacional del PP por Alicante Macarena Montesinos ha afirmado este lunes que, «con la nueva Ley de Vivienda, el Gobierno de Sánchez favorece la ocupación y penaliza a los propietarios».

Montesinos y los también parlamentarios nacionales populares por Alicante César Sánchez y Agustín Almodóbar, se han reunido con el presidente del PP de la provincia de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, para seguir trabajando en la estrategia política y en las reivindicaciones que están trasladando al Gobierno para este territorio.

Según un comunicado del partido, Montesinos ha considerado que «la regulación del precio de los alquileres supone un ataque sin precedentes a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica».

«Solo una mayor oferta de vivienda en el mercado permite abaratar los precios. Desde el PP tenemos claro que el intervencionismo que promueve el PSOE al mercado del alquiler es un movimiento más de Sánchez para contentar a sus socios radicales de Podemos, sin pensar en los sectores afectados», ha dicho.

También ha asegurado que «se está haciendo una Ley de Vivienda al servicio de los intereses del Gobierno, no al de los ciudadanos».

«No olvidemos que tanto el Banco de España como la Comisión Europea advierten de que el control de alquileres puede tener el efecto no deseado. Es decir, no va a resolver la situación de las personas vulnerables, ni garantiza el derecho a la propiedad privada y mucho menos garantiza el acceso a la vivienda de los jóvenes», ha recalcado Montesinos.

Según el PP, «lo que hay que hacer es ampliar la oferta, dar seguridad jurídica y no atacar a los cuatro millones de familias ahorradoras que lo tienen como complemento de rentas y pensiones y a los 2,3 millones de pequeños propietarios que reconocen recibir rendimientos de alquileres en la Declaración de la Renta».

El PP propone «la cesión de suelo público para la construcción de viviendas en alquiler, con incentivos fiscales a los propietarios para recuperar las viviendas vacías».

Montesinos ha resaltado que apuestan por una Ley de Vivienda que garantice el derecho a la vivienda de los españoles, y en especial a los jóvenes», y que «no fomente la ocupación, como pretende hacer el PSOE», ni «penalice a los propietarios».

Los populares abogan, igualmente, por facilitar el acceso al empleo, ya que, aducen, el 40 % de los jóvenes no tiene un puesto de trabajo. «Difícilmente podrán emanciparse» si, «para colmo, desde el Gobierno se penaliza el emprendimiento con la asfixia fiscal y la subida de la luz», ha expuesto la diputada.

Mientras, Almodóbar se ha referido al «abandono» del sector turístico en la provincia por parte, según ha afirmado, del Gobierno, lo que ha llevado al cierre de «muchos negocios» del sector con «las consecuencias desastrosas que ha reportado», según los populares.

«Por ello, proponemos la puesta en marcha de forma inmediata del programa de viajes del Imserso y medidas alternativas que permitan alargar la temporada, ya que la tardía adjudicación no garantiza que los viajes vayan a arrancar de inmediato, con el riesgo del cierre de más hoteles y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la provincia», ha apuntado.

Por su parte, Sánchez ha subrayado que la Convención Nacional del PP, que finalizó el pasado día 3 con un acto en la Plaza de Toros de València, ha supuesto «un estímulo para todo el partido y en especial para los afiliados y simpatizantes que, por la crisis del Covid-19, no han podido asistir a actividades de partido durante estos meses; unos afiliados que han vuelto a demostrar su compromiso y las ganas de cambio que tienen».

«Más de 14.000 personas se congregaron para decir alto y claro que el futuro de España pasa por el PP, que necesitamos que cuanto antes Pablo Casado llegue a La Moncloa para solucionar todos los problemas de nuestro país», ha manifestado.

Según Sánchez, «se siente el cambio también en la Comunitat con el liderazgo de Carlos Mazón» al frente del PPCV, «un líder que está desmontando las mentiras de Ximo Puig y que tiene un programa claro y factible para todos los valencianos».

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Revilla no alcanza un acuerdo con el rey Juan Carlos en el acto de conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha llegado a un acuerdo con los abogados del rey emérito Juan Carlos I durante el acto de conciliación celebrado este viernes 16 de mayo en el complejo judicial de Las Salesas (Santander). La cita judicial, previa a un posible juicio, forma parte de la demanda interpuesta por el exmonarca por unas declaraciones que considera «injuriosas».

Revilla: «No me voy a retractar, lo que dije es lo que piensa la mayoría de españoles»

A su llegada al juzgado, Revilla dejó claro que no pensaba retractarse de sus afirmaciones y que lo más probable es que el caso acabe en juicio. “Yo no me callo ante las injusticias. He dicho lo que pienso y lo que muchos españoles también opinan”, declaró ante los medios.

Tras el acto, el expresidente cántabro aseguró sentirse tranquilo y confió en la justicia. “No he mentido, solo me he hecho eco de información ya publicada en medios de comunicación”, explicó, subrayando que “muchos periodistas también podrían haber sido demandados” por difundir los mismos datos.

«Le diría al rey emérito que pida perdón y devuelva el dinero»

Revilla también lamentó que el rey Juan Carlos no se presentara al acto de conciliación, a pesar de estar en España. “Está en Sanxenxo, tiene un avión y escoltas que pagamos entre todos. Me hubiera gustado un careo con él”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué le diría al monarca si lo tuviera enfrente, Revilla fue contundente:

“Le pediría que pidiera perdón sinceramente y que repatriara todo el dinero que tiene fuera”.

A pesar de haber defendido en su momento la figura del rey durante el 23-F, Revilla no ocultó su decepción: “Su última etapa ha sido lamentable. Me ha defraudado”.

El rey emérito exige una rectificación y 50.000 euros

La defensa legal del rey Juan Carlos I, liderada por la abogada Guadalupe Sánchez, reclama a Revilla una rectificación pública de sus declaraciones y una indemnización de 50.000 euros por daño moral, que en caso de cobrarse serían donados a Cáritas. La demanda, presentada el pasado 1 de abril, alega que Revilla profirió expresiones “calumniosas e injuriosas” en diversos medios entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Un caso mediático que podría terminar en los tribunales

Este enfrentamiento legal entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla ha generado una gran expectación mediática. Todo apunta a que, ante la falta de acuerdo, el conflicto se resolverá finalmente en los tribunales.


 

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