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PP: «Con la nueva Ley de Vivienda, el Gobierno favorece la ocupación»

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Alicante, 11 oct (EFE).- La diputada nacional del PP por Alicante Macarena Montesinos ha afirmado este lunes que, «con la nueva Ley de Vivienda, el Gobierno de Sánchez favorece la ocupación y penaliza a los propietarios».

Montesinos y los también parlamentarios nacionales populares por Alicante César Sánchez y Agustín Almodóbar, se han reunido con el presidente del PP de la provincia de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, para seguir trabajando en la estrategia política y en las reivindicaciones que están trasladando al Gobierno para este territorio.

Según un comunicado del partido, Montesinos ha considerado que «la regulación del precio de los alquileres supone un ataque sin precedentes a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica».

«Solo una mayor oferta de vivienda en el mercado permite abaratar los precios. Desde el PP tenemos claro que el intervencionismo que promueve el PSOE al mercado del alquiler es un movimiento más de Sánchez para contentar a sus socios radicales de Podemos, sin pensar en los sectores afectados», ha dicho.

También ha asegurado que «se está haciendo una Ley de Vivienda al servicio de los intereses del Gobierno, no al de los ciudadanos».

«No olvidemos que tanto el Banco de España como la Comisión Europea advierten de que el control de alquileres puede tener el efecto no deseado. Es decir, no va a resolver la situación de las personas vulnerables, ni garantiza el derecho a la propiedad privada y mucho menos garantiza el acceso a la vivienda de los jóvenes», ha recalcado Montesinos.

Según el PP, «lo que hay que hacer es ampliar la oferta, dar seguridad jurídica y no atacar a los cuatro millones de familias ahorradoras que lo tienen como complemento de rentas y pensiones y a los 2,3 millones de pequeños propietarios que reconocen recibir rendimientos de alquileres en la Declaración de la Renta».

El PP propone «la cesión de suelo público para la construcción de viviendas en alquiler, con incentivos fiscales a los propietarios para recuperar las viviendas vacías».

Montesinos ha resaltado que apuestan por una Ley de Vivienda que garantice el derecho a la vivienda de los españoles, y en especial a los jóvenes», y que «no fomente la ocupación, como pretende hacer el PSOE», ni «penalice a los propietarios».

Los populares abogan, igualmente, por facilitar el acceso al empleo, ya que, aducen, el 40 % de los jóvenes no tiene un puesto de trabajo. «Difícilmente podrán emanciparse» si, «para colmo, desde el Gobierno se penaliza el emprendimiento con la asfixia fiscal y la subida de la luz», ha expuesto la diputada.

Mientras, Almodóbar se ha referido al «abandono» del sector turístico en la provincia por parte, según ha afirmado, del Gobierno, lo que ha llevado al cierre de «muchos negocios» del sector con «las consecuencias desastrosas que ha reportado», según los populares.

«Por ello, proponemos la puesta en marcha de forma inmediata del programa de viajes del Imserso y medidas alternativas que permitan alargar la temporada, ya que la tardía adjudicación no garantiza que los viajes vayan a arrancar de inmediato, con el riesgo del cierre de más hoteles y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la provincia», ha apuntado.

Por su parte, Sánchez ha subrayado que la Convención Nacional del PP, que finalizó el pasado día 3 con un acto en la Plaza de Toros de València, ha supuesto «un estímulo para todo el partido y en especial para los afiliados y simpatizantes que, por la crisis del Covid-19, no han podido asistir a actividades de partido durante estos meses; unos afiliados que han vuelto a demostrar su compromiso y las ganas de cambio que tienen».

«Más de 14.000 personas se congregaron para decir alto y claro que el futuro de España pasa por el PP, que necesitamos que cuanto antes Pablo Casado llegue a La Moncloa para solucionar todos los problemas de nuestro país», ha manifestado.

Según Sánchez, «se siente el cambio también en la Comunitat con el liderazgo de Carlos Mazón» al frente del PPCV, «un líder que está desmontando las mentiras de Ximo Puig y que tiene un programa claro y factible para todos los valencianos».

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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