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Primeras reacciones en contra de la futura prohibición de objetos de plástico de un solo uso

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contenedores amarillos

VALENCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP), Salvador Benedito, ha defendido este jueves que «los plásticos tienen que ser la solución, no el problema» y ha abogado por regular su fabricación para hacerlos «más saludables» pero en ningún caso prohibirlos. «El plástico es reciclable, el problema es la recogida», ha subrayado.

Así lo ha manifestado tras conocer que el Plan Integral de Residuos (PIR) que prepara la Conselleria de Medio ambiente –que inicia ahora su tramitación– prevé prohibir en la Comunitat Valenciana, a partir de 2020, la comercialización de plásticos de un solo uso cuando se puedan sustituir por otro material alternativo como los bastoncillos de los oídos y de Chupa Chups, pajitas, cubiertos de plástico o las cápsulas de café. Una iniciativa que ya han puesto en marcha lugares como Baleares o Francia.

Según el empresario, «con la tecnología que hay hoy en día se pueden separar» los materiales para «reutilizar» el plástico, «que no nos sigan que es complicado», ha criticado en declaraciones a Europa Press. «Todo se puede reclasificar y reciclar», ha insistido.

En su opinión, se opta por la «vía de prohibir cosas cuando entendemos que hay que ir por la vía reglamental para establecer normas para este tipo de producto» y los fabricantes deben «ir en la línea de buscar plásticos más saludables». De hecho, «el principal contaminante es el automóvil y no lo están prohibiendo», ha puntualizado.

En este sentido, ha argumentado que «los plásticos llevan muchos años en esta sociedad» y han evolucionado hasta no tener «nada que ver con los que se hacían hacer 50 años». Por ejemplo, antes llevaban plomo y cuando se vio que podía ser cancerígeno se eliminó y «todos se han adaptado en Europa», ha recordado.

En todo caso, el presidente de AVEP ha abogado por «un consumo más responsable» y «ser conscientes que si hay plástico en el mar es porque alguien lo ha tirado allí».

A la Conselleria de Medio Ambiente ha «agradecido» que hasta ahora ha escuchado a los empresarios del plástico y ha apuntado que cuando el PIR pase a exposición pública, lo estudiarán para presentar sus alegaciones motivada así como sus propuestas alternativas. Siempre con ánimo de «entrar a colaborar como sociedad», ha puntualizado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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