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Primeras reacciones en contra de la futura prohibición de objetos de plástico de un solo uso

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contenedores amarillos

VALENCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (AVEP), Salvador Benedito, ha defendido este jueves que «los plásticos tienen que ser la solución, no el problema» y ha abogado por regular su fabricación para hacerlos «más saludables» pero en ningún caso prohibirlos. «El plástico es reciclable, el problema es la recogida», ha subrayado.

Así lo ha manifestado tras conocer que el Plan Integral de Residuos (PIR) que prepara la Conselleria de Medio ambiente –que inicia ahora su tramitación– prevé prohibir en la Comunitat Valenciana, a partir de 2020, la comercialización de plásticos de un solo uso cuando se puedan sustituir por otro material alternativo como los bastoncillos de los oídos y de Chupa Chups, pajitas, cubiertos de plástico o las cápsulas de café. Una iniciativa que ya han puesto en marcha lugares como Baleares o Francia.

Según el empresario, «con la tecnología que hay hoy en día se pueden separar» los materiales para «reutilizar» el plástico, «que no nos sigan que es complicado», ha criticado en declaraciones a Europa Press. «Todo se puede reclasificar y reciclar», ha insistido.

En su opinión, se opta por la «vía de prohibir cosas cuando entendemos que hay que ir por la vía reglamental para establecer normas para este tipo de producto» y los fabricantes deben «ir en la línea de buscar plásticos más saludables». De hecho, «el principal contaminante es el automóvil y no lo están prohibiendo», ha puntualizado.

En este sentido, ha argumentado que «los plásticos llevan muchos años en esta sociedad» y han evolucionado hasta no tener «nada que ver con los que se hacían hacer 50 años». Por ejemplo, antes llevaban plomo y cuando se vio que podía ser cancerígeno se eliminó y «todos se han adaptado en Europa», ha recordado.

En todo caso, el presidente de AVEP ha abogado por «un consumo más responsable» y «ser conscientes que si hay plástico en el mar es porque alguien lo ha tirado allí».

A la Conselleria de Medio Ambiente ha «agradecido» que hasta ahora ha escuchado a los empresarios del plástico y ha apuntado que cuando el PIR pase a exposición pública, lo estudiarán para presentar sus alegaciones motivada así como sus propuestas alternativas. Siempre con ánimo de «entrar a colaborar como sociedad», ha puntualizado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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