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Prisión provisional sin fianza para Oriol Junqueras y siete exconsellers catalanes

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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruye la causa contra catorce exmiembros del Govern de la Generalitat de Cataluña por delitos de rebelión, sedición y malversación, ha acordado este jueves el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente del Ejecutivo autonómico Oriol Junqueras y de los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y Transparencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familia), Meritxell Borràs (Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), Joaquim Forn (Interior) y Carles Mundó (Justicia).

La magistrada también ha acordado el ingreso en prisión del exconseller de Empresa y Conocimiento Santiago Vila, que dimitió de su cargo horas antes de la votación el pasado 27 de octubre en el Parlament de Cataluña de la declaración de independencia, aunque éste saldrá en libertad si deposita la fianza de 50.000 euros que le ha sido exigida.

En todos los casos, las medidas acordadas por la juez son las solicitadas por el Ministerio Fiscal.

En el auto en el que decreta la prisión incondicional de los ochos primeros, Lamela considera que existe riesgo de fuga dada la gravedad de los delitos que se les imputan y las penas que llevan aparejadas y añade que “tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados, que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.

“Se aprecia también alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern de la Generalitat”, añade la juez.

La magistrada, por último, afirma que “existe alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las actividades delictivas descritas en esta resolución se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años (…), reincidiendo constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que los investigados conocían de forma personal y directa”.

En cuanto a Santiago Vila, Lamela señala que también aprecia riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, pero dice que, “frente a los demás querellados, no se aprecia en el señor Vila riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, es decir, un día antes de que la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.

Junqueras y los ocho exconsellers han prestado hoy declaración ante Lamela, que les había citado en calidad de investigados tras admitir a trámite la querella que la Fiscalía interpuso el pasado lunes contra ellos y contra los restantes exmiembros del Govern: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), que no han comparecido en el tribunal.

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Koldo García se acoge a su derecho a no declarar y el Supremo lo mantiene en libertad

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Caso Koldo
Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha acudido este jueves al Tribunal Supremo por su implicación en el conocido como caso Koldo. Durante su cuarta comparecencia, García se ha acogido a su derecho a no declarar, y la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado su ingreso en prisión, por lo que el Supremo ha decidido mantenerlo en libertad.

Motivos de su decisión de no declarar

El exasesor no respondió a las preguntas del juez Leopoldo Puente porque no dispone del material completo de los audios que él mismo grabó y que constan en el informe de la UCO. Koldo ha solicitado en varias ocasiones que se le devuelva este material para contextualizar sus declaraciones. El instructor le recordó que no está obligado a justificar su decisión de no declarar, mientras que la Fiscalía criticó su postura, alegando que su elocuencia ante los medios contrasta con su silencio en sede judicial. La defensa de García defendió que sus declaraciones públicas se deben al acoso mediático que sufre.

Libertad bajo medidas cautelares

A pesar de la acusación popular que solicitaba su ingreso en prisión por riesgo de que el dinero investigado estuviera fuera del país, la Fiscalía consideró que las medidas cautelares actuales son suficientes. Koldo García mantiene la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar quincenalmente ante el juez. Según fuentes judiciales, aunque los indicios han aumentado tras los últimos informes de la UCO, no existen razones para decretar prisión preventiva.

Investigación sobre movimientos de dinero

El juez quiere que García aclare el origen y la mecánica de 95.437 euros vinculados a gastos del exministro Ábalos, cantidad que se cruza con otra línea de investigación sobre ingresos en efectivo y pagos en metálico del PSOE sin respaldo documental. Los informes policiales mencionan un supuesto “lenguaje en clave”, con términos como “chistorras” (billetes de 500 €), “soles” (200 €) y “lechugas” (100 €), así como referencias a “folios” y a una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos.

El último informe de la UCO destaca la existencia de vínculos patrimoniales estrechos entre Ábalos y García, indicando que el exasesor ha asumido gastos de Ábalos con su propio patrimonio. Esto ha motivado la comparecencia ante el Supremo para verificar estos movimientos antes de decidir si se endurecen las medidas cautelares.

Estrategia de la defensa

La defensa de Koldo García ha solicitado la anulación parcial de la causa, alegando que el instructor está entrando en hechos que no están amparados por el suplicatorio concedido por el Congreso para actuar contra Ábalos. El origen del procedimiento se remonta a presuntas adjudicaciones irregulares de contratos sanitarios, aunque el caso se ha fragmentado en varias piezas, incluyendo supuestos amaños de obra pública.

 

 

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