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Procesan al exconseller Blasco y a 20 personas más por fraude de subvenciones en el caso Cooperación

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El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del “Caso Cooperación”, en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG’s y en la construcción de un hospital en Haití.

El auto notificado hoy a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En la resolución, la jueza Nieves Molina, concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.

En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es “evidente” el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como “directores o jefes” del “grupo criminal” para poder “organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos”.

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como “miembros activos” de la trama.

En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de “facto” de la Fundación Entre Pueblos, “era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano D. Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Dª Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, D. Alfonso Navarro”.

La jueza añade que “prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de éstos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes”.

Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, “pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita”.

La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.

La instrucción, en cifras

Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG’s, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas de prisión en la primera pieza del “Caso Cooperación”, por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

La causa consta de 168 tomos, integrados por 50.000 folios. A ello hay que sumar las 24 piezas separadas con más de 40.000 folios formadas con la documentación intervenida en las entradas y registros. Durante la instrucción, que arrancó en 2011, la jueza ha revisado más de 35.000 correos electrónicos que han dado lugar a la formación de 15 tomos más. Se ha analizado, igualmente, el contenido de los 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 teras.

Piezas 4 y 5

Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del “Caso Cooperación”. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

La segunda pieza investiga si Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones

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Sánchez admite cobros en efectivo de menos de 1.000 € pero niega financiación ilegal

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Pedro Sánchez-EUROPA PRESS

En una sesión muy tensa de la comisión de investigación del Senado sobre el Caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que en su etapa como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudo recibir en “alguna ocasión” pagos en efectivo para “liquidar gastos”, pero insistió en que nunca superaron los 1.000 euros por operación y siempre se realizaron contra justificante o factura.

El mandatario subrayó que dichos pagos fueron “anecdóticos” y rechazó de forma rotunda la existencia de financiación ilegal en su partido. “En el PSOE no existen sobresueldos”, afirmó con contundencia, y defendió que las fuentes de financiación del partido son “legales” y trazables.


Detalles de la admisión y matices

Sánchez explicó que esos pagos en metálico se realizaron cuando ejercía como secretario general del PSOE, bajo el procedimiento habitual del partido: solicitud de gasto, factura o justificante, y rembolso.

“Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura”, declaró el presidente.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no precisó la cuantía total de los pagos que ha recibido. “Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron anecdóticos”, dijo ante la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

A preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo, respecto al límite máximo legal para pagos en efectivo (1.000 euros), Sánchez respondió que esos pagos “en ningún caso” lo superaron.


Negación de financiación ilegal y críticas a la comisión

Sánchez utilizó buena parte de su intervención para rechazar las insinuaciones de la oposición y para cuestionar las motivaciones de la comisión investigadora. Calificó la sesión de “comisión de difamación” y llegó a afirmar que “esto es un circo”, lo que provocó reproches del presidente de la comisión del Senado, Eloy Suárez, y de otros grupos parlamentarios.

Además, defendió la “trazabilidad” de las cuentas del PSOE, señalando que tanto él como su partido han actuado con transparencia frente a los hechos que investigan los tribunales, mencionando que su Gobierno, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los “más limpios y honestos de la historia de la democracia”.


Interrogatorios, evasivas y asuntos pendientes

La sesión, que comenzó a las 9:00 h en la Sala Clara Campoamor del Senado, se prolongó más de cinco horas con interrogatorios por parte de numerosos grupos parlamentarios (excepto el PNV).

Durante el interrogatorio, Sánchez respondió en múltiples ocasiones con expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” cuando se le preguntó sobre detalles específicos relacionados con la trama, como los pagos realizados por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o el rescate de la aerolínea Air Europa.

En concreto:

  • Negó que su mujer, Begoña Gómez, tuviera vinculación alguna con el rescate de Air Europa, afirmando que los informes de la unidad de la Guardia Civil descartaban su implicación.

  • Sobre el cese de Ábalos en 2021, aseguró que no fue motivado por los escándalos investigados, sino por una necesidad de renovación del Gobierno tras la pandemia y la desescalada.

  • Finalmente, cuando el senador del PP, Alejo Miranda, le retó a un careo con Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, Sánchez rehusó contestar directamente.


Implicaciones políticas y próximas etapas

Esta comparecencia de Sánchez marca un momento clave en el desarrollo del Caso Koldo. Sus declaraciones tienen varias implicaciones:

  • Reactiva el debate público sobre la financiación de partidos y el uso de efectivo en las formaciones políticas.

  • Pone foco en la credibilidad del presidente del Gobierno, que ha admitido cobros en metálico pese a los límites legales, aunque lo ha hecho dentro de la legalidad según su versión.

  • Agrava el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición (PP, Vox, UPN) que busca que esta sesión derive en responsabilidades políticas o judiciales.

  • Refuerza la presión para que se faciliten documentos, se aclaren pagos en metálico vinculados al PSOE y se depuren responsabilidades en el interior del partido.

La comisión sigue abierta y todavía quedan por comparecer más testigos y cargos vinculados al caso. El Ejecutivo y el PSOE habrán de hacer frente a nuevas interpelaciones, mientras la oposición insiste en que esta sesión ha sido sólo el primer paso para revelar lo que consideran una “financiación irregular” del partido.

 

Una cita histórica en el Senado

La sesión comenzará a las 9:00 horas y se espera que se prolongue durante más de seis horas. Sánchez deberá responder ante los senadores sobre los contratos, licencias y operaciones del Gobierno presuntamente relacionadas con la intermediación de Koldo García, exasesor de Ábalos y una de las figuras centrales del caso.

La comparecencia, solicitada por el Partido Popular, llega en un momento político especialmente tenso para el Ejecutivo, marcado por el desgaste de su pacto con Junts, las sospechas de financiación ilegal en el PSOE y la presión creciente de la oposición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado un interrogatorio directo y sin concesiones. “¿Piensa decir la verdad o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?”, ironizó el dirigente gallego en la víspera de la cita.

Sánchez rompe el silencio dos años después

El presidente no comparecía en el Senado desde marzo de 2024, y lo hace ahora obligado por la normativa parlamentaria, que establece que debe asistir al menos una vez al mes al pleno de la Cámara Alta desde el inicio del curso político.

Para esta sesión, Sánchez contará con el respaldo de su equipo más cercano: el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; y el director de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos.

La comparecencia tendrá lugar en la misma sala en la que ya declararon José Luis Ábalos y Koldo García, piezas clave del caso que investiga la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia.

Una comisión marcada por el caso Koldo y la sombra de la corrupción

La de Sánchez será la segunda comparecencia de un presidente del Gobierno en una comisión de investigación en democracia —la primera fue la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 por los atentados del 11M—, aunque en este caso con un matiz inédito: es la primera vez que un presidente acude para rendir cuentas por un caso de corrupción que afecta a su propio partido.

La investigación judicial apunta a la posible existencia de una “caja B” en el PSOE y a movimientos económicos vinculados a antiguos dirigentes. El exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, ha implicado en sus declaraciones a varios cargos, mientras que Santos Cerdán, exsecretario de Organización, continúa en prisión preventiva en Soto del Real.

Moncloa busca rebajar la tensión antes del interrogatorio

En la víspera de su comparecencia, Moncloa ha intentado reducir el ruido político. Durante la Sesión de Control celebrada este martes en el Congreso, marcada por su brevedad debido al funeral de Estado por las víctimas de la DANA, Sánchez evitó entrar al choque con la oposición.

El presidente centró su discurso en un tono institucional, recordando a las víctimas y elogiando la unidad mostrada durante el homenaje en València. Fuentes del Gobierno explican que el objetivo es mantener la calma y proyectar una imagen de responsabilidad antes de un interrogatorio que se prevé bronco.

Un examen político y moral

La cita de este miércoles no solo pondrá a prueba la capacidad dialéctica de Pedro Sánchez, sino también su credibilidad política y su liderazgo dentro del PSOE. En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de erosión interna en el partido, el presidente buscará exhibir firmeza, transparencia y control frente a los ataques de la oposición.

Mientras tanto, desde el Partido Popular se insiste en que esta comparecencia debe servir para “arrojar luz” sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y sobre la supuesta red de comisiones ilegales.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la sesión de este miércoles quedará registrada como un momento inédito en la historia reciente de la democracia española: el día en que un presidente del Gobierno compareció ante el Senado para responder por un caso de corrupción que golpea directamente a su propio partido.

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