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Procesan al exconseller Blasco y a 20 personas más por fraude de subvenciones en el caso Cooperación
Publicado
hace 9 añosen
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El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del “Caso Cooperación”, en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG’s y en la construcción de un hospital en Haití.
El auto notificado hoy a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En la resolución, la jueza Nieves Molina, concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.
En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.
Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es “evidente” el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como “directores o jefes” del “grupo criminal” para poder “organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos”.
El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como “miembros activos” de la trama.
En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de “facto” de la Fundación Entre Pueblos, “era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano D. Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Dª Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, D. Alfonso Navarro”.
La jueza añade que “prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de éstos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes”.
Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, “pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita”.
La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.
La instrucción, en cifras
Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.
Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG’s, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas de prisión en la primera pieza del “Caso Cooperación”, por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
La causa consta de 168 tomos, integrados por 50.000 folios. A ello hay que sumar las 24 piezas separadas con más de 40.000 folios formadas con la documentación intervenida en las entradas y registros. Durante la instrucción, que arrancó en 2011, la jueza ha revisado más de 35.000 correos electrónicos que han dado lugar a la formación de 15 tomos más. Se ha analizado, igualmente, el contenido de los 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 teras.
Piezas 4 y 5
Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del “Caso Cooperación”. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.
La segunda pieza investiga si Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones
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Julio Iglesias rompe su silencio tras el archivo de la investigación por presuntas agresiones sexuales
Publicado
hace 14 horasen
24 enero, 2026
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos exempleadas de su servicio doméstico, al considerar que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar hechos que habrían ocurrido en el Caribe.
El Ministerio Público argumenta en su decreto de archivo la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, y, por tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para continuar con la investigación preprocesal de los hechos denunciados.
Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras el archivo
Pocas horas después de conocerse la decisión judicial, Julio Iglesias ofreció sus primeras palabras públicas en una entrevista con Ok Diario, en la que aseguró que las denuncias han afectado gravemente a su imagen pública.
“Me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?”, declaró el artista, subrayando que el principio de presunción de inocencia debería aplicarse a todas las personas. “Hay que esperar, hay que investigar y la presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo. En este caso, no ha servido”, añadió.
El cantante también pidió prudencia a la opinión pública y criticó que se pueda “destrozar la reputación de una persona” por una denuncia, en referencia al impacto mediático del caso.
La defensa denuncia un “linchamiento público”
Los abogados del artista han valorado positivamente la decisión de la Fiscalía, aunque han insistido en el daño que, a su juicio, ha causado el proceso mediático. En un comunicado, la defensa sostiene que Iglesias ha sido objeto de un “linchamiento público” fruto de una supuesta orquestación mediática, lo que habría provocado un perjuicio “enorme e irreparable” tanto a su imagen pública como a su entorno personal y familiar.
El equipo jurídico del cantante subraya que el archivo se ha fundamentado en la legalidad y la jurisprudencia vigente, y asegura que seguirá trabajando para “el completo restablecimiento de su honorabilidad”.
Las denunciantes seguirán buscando justicia
Por su parte, las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, que asesoran a las dos extrabajadoras que denunciaron al artista, han considerado “lamentable” la decisión de la Fiscalía española. Ambas entidades han anunciado que las mujeres seguirán luchando por justicia y recurrirán a las vías legales disponibles en las jurisdicciones competentes.
Las denuncias hacían referencia a presuntos episodios de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021 en República Dominicana y Bahamas, circunstancias que han sido determinantes para que la Fiscalía española se declarara incompetente.
Contexto legal del archivo de la investigación
El archivo no implica una valoración sobre los hechos denunciados, sino una decisión basada en la falta de competencia territorial de los tribunales españoles. La normativa vigente limita la capacidad de España para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos suficientes con el país, como la residencia de las víctimas o de los presuntos responsables.
Este caso ha generado un amplio debate mediático y social sobre los límites de la jurisdicción internacional y la protección de las víctimas en contextos transnacionales.
La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata por «falta de competencia»
El recorrido de la denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual, acoso, lesiones y trata de seres humanos a dos exempleadas de su servicio doméstico ha llegado a su fin, al menos en España. Diez días después de abrir diligencias de investigación preliminares, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes su archivo por la «falta de competencia y jurisdicción» de los tribunales españoles para conocer los hechos, que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas en 2021.
Decisión de archivo y posibilidad de acudir a otros tribunales
En un decreto de archivo de ocho páginas, la teniente fiscal Marta Durántez da por finalizadas sus diligencias en una resolución que no es recurrible y recuerda que las dos denunciantes, si así lo consideran, pueden «reproducir su denuncia ante los órganos judiciales» de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Además, recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo». Esta ha sido la justificación clave para el archivo de las diligencias.
Argumentos jurídicos sobre la competencia internacional
El decreto añade que, aunque el delito de trata de seres humanos se persigue extraterritorialmente, requiere que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país. En este caso, constata que «las víctimas son extranjeras», que «no residen en España» y que «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes» para investigarlos.
Asimismo, señala que los denunciados —además de Julio Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano que trabajan para él— tampoco residen en territorio español.
La resolución detalla que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros casos similares que España «no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país», especialmente cuando las víctimas y los presuntos autores son extranjeros y los hechos pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron. También aclara que ninguna de las denunciantes viajó en algún momento con el cantante a su casa de Ojén (Málaga), como se había creído inicialmente.
La Ley de Justicia Universal y las limitaciones de jurisdicción
La teniente fiscal repasa la aplicación del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la territorialidad de los juzgados y tribunales españoles. Recuerda que la reforma de 2014 restringió la justicia universal, introduciendo limitaciones para investigar hechos ocurridos en el extranjero, y subraya que el Tribunal Supremo exige «conexiones relevantes» con España y evitar «interferencias» con otras jurisdicciones.
En cualquier caso, el decreto no entra a valorar si los hechos examinados tienen carácter delictivo y se centra exclusivamente en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso.
La denuncia de las exempleadas y las acusaciones
La denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras —una empleada del hogar y una fisioterapeuta— sostiene que ambas sufrieron tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un entorno de control y acoso continuo, según la información adelantada por ElDiario.es y Univisión.
La organización Women’s Link Worldwide asesoró a ambas en la estrategia judicial y criticó el archivo de la denuncia, calificando la decisión de la Fiscalía de «lamentable» por considerar que se pierde la oportunidad de investigar los hechos y valorar todas las pruebas aportadas.
Una de las exempleadas afirmó haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y mencionó penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.
Investigación periodística y testimonios
La investigación periodística contactó con 15 exempleadas del servicio doméstico y otras profesionales que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en propiedades situadas en República Dominicana (Punta Cana), Bahamas (Lyford Cay) y España (Málaga).
La empleada que asegura haber sufrido penetraciones afirma que el artista, que entonces tenía 77 años, la llamaba a su habitación al finalizar la jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», relató en entrevistas con los medios investigadores, añadiendo que «me sentía como un objeto, como una esclava». Según su testimonio, estos encuentros se producían con la presencia y participación de otra empleada con superioridad jerárquica.
De acuerdo con la investigación, las personas afectadas describen «condiciones de aislamiento, conflictos laborales, estructura jerárquica del personal y un clima de tensión ambiental» derivado del carácter del artista.
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales fueron entrevistadas durante más de un año y ofrecen testimonios considerados consistentes, según la publicación, que asegura que sus declaraciones han sido contrastadas con pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.
Julio Iglesias publica mensajes de ‘WhatsApp’ enviados por sus exempleadas para demostrar la “falsedad” de la denuncia
El cantante Julio Iglesias ha hecho públicos en ‘Instagram’ los mensajes que supuestamente recibió en ‘WhatsApp’ por parte de las dos extrabajadoras que le han denunciado por presunta agresión sexual para así demostrar la “falsedad” de las acusaciones. Lo hace también como respuesta a la Fiscalía que, según el artista, “no le permite ejercer” su defensa al no proporcionarle “el acceso formal a la denuncia”.
En un comunicado que ha emitido en la citada red social, Iglesias ha justificado la publicación de las conversaciones con sus exempleadas alegando que, tras la negativa de la Fiscalía, es el “único medio” que le permite “ejercer legítimamente” su derecho a la defensa “y dejar constancia de los hechos denunciados”.
“La evidencia es clara: las comunicaciones de ‘WhatsApp’ enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, ha exclamado el cantante, que también ha criticado que “es muy grave” que “la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”.
En este contexto, Iglesias ha insistido en el comunicado de ‘Instagram’ que “todo tiene un límite”. “Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, ha reiterado.
Finalmente, el cantante ha explicado que adjunta “algunas de las conversaciones” de ‘WhatsApp’ “que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática” a la que, según ha dicho, está siendo sometido. En concreto, ha publicado varios ‘pantallazos’ con supuestos mensajes de sus exempleadas, fechados en los años 2021, 2022 y 2023.
Petición a la Fiscalía para acceder a la denuncia
Precisamente, Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico asegurando que es “insólito” que no disponga de una copia de la misma.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de Iglesias asegura que es una “paradoja que el único interesado que no la conoce” sea el artista, algo “insólito” de acuerdo con el “ordenamiento jurídico constitucional” español.
Este nuevo escrito llega después de que la Fiscalía haya señalado que no procede estimar la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, como así solicitó el abogado del cantante.
Fue este lunes cuando el abogado de Iglesias pidió al Ministerio Fiscal que le tuviera por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicitó que se diera carpetazo a las mismas por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”.
Reacción del cantante ante las acusaciones
El cantante, por su parte, publicó el pasado viernes un mensaje en su cuenta en Instagram en el que afirmaba que esas acusaciones son “absolutamente falsas” y que le causan “una gran tristeza”. “Nunca había sentido tanta maldad”, exclamó, advirtiendo de que aún le quedan “fuerzas” para que la gente conozca “toda la verdad” y también para defender su “dignidad ante un agravio tan grave”.
La denuncia de las exempleadas
Según la investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Noticias, una de las exempleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.
Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.
La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. “Me usaba casi todas las noches”, dice en una entrevista con los medios investigadores.
Las acusaciones a Julio Iglesias
“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.
De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales “fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables”, recoge la publicación que asegura que “sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos”.
Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.
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