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Valencia

Puig anuncia el Plan Resiste, de 340 millones, para los sectores más afectados por la pandemia

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Subida salarial

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado el plan Resiste, dotado con 340 millones, para ayudar a los cuatro sectores más afectados por las restricciones a la movilidad social: la hostelería y los alojamientos turísticos, la restauración, la actividad turística (agencias de viajes u operadores) y actividades de ocio.

Puig, que ha detallado este plan de choque tras reunirse con los agentes sociales (CEV, CCOO y UGT) en el Palau de la Generalitat, ha calificado este plan de «ayudas paréntesis» para la situación excepcional actual, once días después de las últimas restricciones adoptadas en la Comunitat Valenciana, y orientado a minimizar los daños en los sectores más vulnerables.

Ha justificado que estas ayudas se dirigen a estos sectores dado que la hostelería representa casi la mitad de los trabajadores que continúan en ERTE y de los autónomos con prestación de cese de actividad, y que desde el inicio de la pandemia son los que concentran el 30 % de la pérdida de valor añadido y el 50 % de la destrucción de empleo.

Los 340 millones del plan -que beneficiará a 21.000 empresas y 43.000 autónomos– serán aportados en un 82 % (279 millones) por la Generalitat (de fondos del Presupuesto de 2021 y especialmente de los fondos REACT-EU), y el resto por un Fondo de Cooperación Municipal Covid que se creará en los próximos días con un mínimo de 120 millones y en el que se incluirán también ayudas a la artesanía o el comercio no sedentario.

El plan consiste en ayudas directas a empresas, autónomos y trabajadores afectados por ERE, ayudas a sectores con perjuicio sostenido, nuevos instrumentos financieros del Banco de la Generalitat y aportación de un Fondo de Cooperación Municipal (acordado con diputaciones y ayuntamientos).

Comprende varias medidas principales: 80 millones de ayudas directas para cubrir cuotas a la Seguridad Social de 21.000 empresas y 43.000 autónomos de los sectores más afectados; 8 millones para complementar la prestación de la Seguridad Social ya recibida para los 26.000 autónomos más afectados por el cierre total de actividad o por la reducción drástica de ingresos; y 17 millones para ayudar a los 48.000 trabajadores que siguen en ERTE y perciben un salario reducido.

El plan también apoyará las actividades de ocio y entretenimiento, con especial atención al ocio nocturno (salas de fiesta, discotecas, pubs, teatros) por la restricción sostenida durante estos meses, que se beneficiarán de las ayudas del Fondo de Cooperación.

Para aportar liquidez y solvencia a las empresas durante este año se habilitarán dos nuevos instrumentos de financiación empresarial del banco público de la Generalitat en condiciones favorables.

Por una parte, una línea de préstamos bonificados de hasta 750.000 euros para empresas vinculadas al ocio, el alojamiento, la restauración y actividades conexas, con ayudas bonificables, con la que pretende movilizar 50 millones de euros.

Además, habrá una línea de préstamos participativos de hasta 800.000 euros para empresas que estén en una situación financiera límite y que antes de la pandemia eran viables (otros 50 millones).

El president, que ha recordado que la Generalitat ya ha otorgado mil millones de ayudas para hacer frente a la pandemia, ha asegurado que la prioridad es «salvar vidas, salvar empresas y salvar familias» y todo ello debe hacerse de forma simultánea «sin aplazar la recuperación para después de la covid porque sería demasiado tarde».

Ha destacado el diálogo social existente en la Comunitat que propicia acuerdos, y en este sentido el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, ha señalado la capacidad de la Administración autonómica, local y provincial de «unirse a favor de los sectores más perjudicados» y de la patronal y los sindicatos para salir de esta situación.

Navarro ha aprovechado para pedir agilidad en los procesos de la Administración para evitar «males mayores» dada la situación de los sectores, las empresas y los trabajadores.

Por su parte, el secretario general de CCOO PV, Arturo León, ha asegurado que el plan es «un salvavidas», un paso hacia el objetivo de reactivación económica, y ha resaltado el acuerdo social Alcem-nos, la ejecución del Presupuesto de la Generalitat y los fondos europeos para transformar el modelo económico.

Desde UGT PV, su secretario general, Ismael Sáez, ha señalado que cuando se ponen recursos es sencillo alcanzar acuerdos y ha alabado el acuerdo entre todas las partes, si bien ha apuntado que la negociación colectiva en la hostelería de Valencia y Castellón está estancada y ha hecho un llamamiento a los empresarios al respecto.

En los próximos días se articulará la norma y se especificará cómo poder obtener las ayudas que recoge el plan de choque, ha indicado Puig, que ha añadido que en el caso de los ERTE serán 150 euros al mes en una ayuda única de dos meses.

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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