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Puig cerrará la Comunitat si no lo hacen otras autonomías

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«Estamos expectantes respecto de las medidas que puedan tomar otras comunidades autónomas, sobre todo aquellas que son limítrofes o que tenemos la suerte de contar con la presencia de ciudadanos de esas autonomías». En estos términos se ha pronunciado el President de la Generalitat, Ximo Puig, cuando se le ha preguntado hoy si se plantea un cierre perimetral de la Comunitat Valenciana de cara al puente de Todos los Santos para evitar la llegada de visitantes de otras regiones españolas.

Puig ha emplazado a «las próximas horas» para conocer el sentido de su decisión, a la espera de la evolución de los acontecimientos. De momento, una de las comunidad autónomas limítrofes, Murcia, acaba de decidir el cierre perimetral de la región y todos sus municipios. Pero el presidente valenciano se refería claramente al resultado de la cumbre que en breve celebran las comunidades de Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha para tomar su decisión.

Las dos Castillas no tienen dudas sobre la necesidad de un cierre conjunto, pero Madrid se resiste. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, es partidario del confinamiento perimetral y ha advertido que «no nos quedan muchas balas en la recámara», pero ha dejado la decisión en manos de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En estos momentos ya hay seis comunidades en cierre perimetral en España: Navarra, La Rioja, Aragón, Euskadi, Asturias y ahora Murcia. Además, Andalucía anunciará en breve que también cierra y se está a la espera de la decisión de Madrid, ya que tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León tienen decidido cerrar perimetralmente, sea cual sea el resultado de la reunión.

Ximo Puig ha recordado que usará «todos los mecanismos» que considere necesarios para proteger la salud de los valencianos, siempre según las instrucciones de los expertos de salud pública, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de un nuevo confinamiento porque «no se trata de especular, sino de actuar».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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