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Puig cerrará la Comunitat si no lo hacen otras autonomías

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«Estamos expectantes respecto de las medidas que puedan tomar otras comunidades autónomas, sobre todo aquellas que son limítrofes o que tenemos la suerte de contar con la presencia de ciudadanos de esas autonomías». En estos términos se ha pronunciado el President de la Generalitat, Ximo Puig, cuando se le ha preguntado hoy si se plantea un cierre perimetral de la Comunitat Valenciana de cara al puente de Todos los Santos para evitar la llegada de visitantes de otras regiones españolas.

Puig ha emplazado a «las próximas horas» para conocer el sentido de su decisión, a la espera de la evolución de los acontecimientos. De momento, una de las comunidad autónomas limítrofes, Murcia, acaba de decidir el cierre perimetral de la región y todos sus municipios. Pero el presidente valenciano se refería claramente al resultado de la cumbre que en breve celebran las comunidades de Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha para tomar su decisión.

Las dos Castillas no tienen dudas sobre la necesidad de un cierre conjunto, pero Madrid se resiste. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, es partidario del confinamiento perimetral y ha advertido que «no nos quedan muchas balas en la recámara», pero ha dejado la decisión en manos de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En estos momentos ya hay seis comunidades en cierre perimetral en España: Navarra, La Rioja, Aragón, Euskadi, Asturias y ahora Murcia. Además, Andalucía anunciará en breve que también cierra y se está a la espera de la decisión de Madrid, ya que tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León tienen decidido cerrar perimetralmente, sea cual sea el resultado de la reunión.

Ximo Puig ha recordado que usará «todos los mecanismos» que considere necesarios para proteger la salud de los valencianos, siempre según las instrucciones de los expertos de salud pública, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de un nuevo confinamiento porque «no se trata de especular, sino de actuar».

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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