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Puig confía en iniciar una «desescalada prudente» a partir de 6 de septiembre

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Ximo Puig: "No vamos a permitir más chuleos del Valencia"

València, 16 ago (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que confía en que, a partir del 6 de septiembre, se pueda iniciar «una desescalada lo más prudente, consciente y robusta que sea posible» en la que el objetivo es dar la «máxima seguridad» para el inicio de curso y también comenzar con medidas de apertura si es posible, hacia una «normalidad mejorada».

Así lo ha explicado durante la visita que ha realizado en Vila-real (Castellón) al punto de vacunación habilitado en el Estadio de la Cerámica, donde ha estado acompañado por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; el alcalde de la localidad, José Benlloch, y el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, entre otros.

El president ha avanzado que esta semana se alcanzará el 71,4 % de la población a vacunar en la Comunitat Valenciana con la pauta completa y el 86,7 %, con la primera dosis ya administrada.

El responsable del Consell ha explicado que, con las fechas de vacunación otorgadas esta semana, se ha culminado ya el proceso de citación, excluyendo a las personas que han bloqueado estas semanas por sus vacaciones y a las que no pueden ser localizadas por no tener los teléfonos actualizados.

Ximo Puig ha valorado también el ritmo de vacunación que experimenta la provincia de Castellón, donde se ha superado ya el 70 % de la población a vacunar con la pauta completa y esta semana finalizará con un porcentaje del 73,6 % ya inmunizada.

De acuerdo con las previsiones para esta semana, está previsto que se administren 500.665 dosis, lo que convierte a esta semana en la segunda con mayor previsión de vacunas.

La vacunación se generalizará en el grupo de edad de 19 a 12 años para que el alumnado inicie el curso habiendo recibido al menos una dosis.

En concreto, 291.989 dosis (58 %) se destinarán a personas de 19 a 12 años y el resto irá destinado a personas que no se vacunaron en su día y a segundas dosis de personas de la franja de 39-20 años.

El grueso de vacunas de esta semana, un total de 404.838 dosis, vuelve a ser del laboratorio Pfizer. Además, se inocularán 94.100 dosis de Moderna, casi todas para la franja de edad de entre 19 y 12 años, y se administrarán 1.367 dosis de AstraZeneca y otras 360 de Janssen.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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