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Puig confía en iniciar una «desescalada prudente» a partir de 6 de septiembre

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Ximo Puig: "No vamos a permitir más chuleos del Valencia"

València, 16 ago (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que confía en que, a partir del 6 de septiembre, se pueda iniciar «una desescalada lo más prudente, consciente y robusta que sea posible» en la que el objetivo es dar la «máxima seguridad» para el inicio de curso y también comenzar con medidas de apertura si es posible, hacia una «normalidad mejorada».

Así lo ha explicado durante la visita que ha realizado en Vila-real (Castellón) al punto de vacunación habilitado en el Estadio de la Cerámica, donde ha estado acompañado por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; el alcalde de la localidad, José Benlloch, y el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, entre otros.

El president ha avanzado que esta semana se alcanzará el 71,4 % de la población a vacunar en la Comunitat Valenciana con la pauta completa y el 86,7 %, con la primera dosis ya administrada.

El responsable del Consell ha explicado que, con las fechas de vacunación otorgadas esta semana, se ha culminado ya el proceso de citación, excluyendo a las personas que han bloqueado estas semanas por sus vacaciones y a las que no pueden ser localizadas por no tener los teléfonos actualizados.

Ximo Puig ha valorado también el ritmo de vacunación que experimenta la provincia de Castellón, donde se ha superado ya el 70 % de la población a vacunar con la pauta completa y esta semana finalizará con un porcentaje del 73,6 % ya inmunizada.

De acuerdo con las previsiones para esta semana, está previsto que se administren 500.665 dosis, lo que convierte a esta semana en la segunda con mayor previsión de vacunas.

La vacunación se generalizará en el grupo de edad de 19 a 12 años para que el alumnado inicie el curso habiendo recibido al menos una dosis.

En concreto, 291.989 dosis (58 %) se destinarán a personas de 19 a 12 años y el resto irá destinado a personas que no se vacunaron en su día y a segundas dosis de personas de la franja de 39-20 años.

El grueso de vacunas de esta semana, un total de 404.838 dosis, vuelve a ser del laboratorio Pfizer. Además, se inocularán 94.100 dosis de Moderna, casi todas para la franja de edad de entre 19 y 12 años, y se administrarán 1.367 dosis de AstraZeneca y otras 360 de Janssen.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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