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Puig se alía con el presidente catalán para captar fondos europeos destinados a la recuperación económica

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El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, han acordado establecer un «corredor de intereses compartidos» que permitirá tejer alianzas para desarrollar estrategias comunes de captación de fondos europeos centradas en la superación de la pandemia de COVID-19 y la recuperación económica y social.

Así se ha puesto de manifiesto en la comparecencia posterior a la reunión celebrada en el Palau de la Generalitat, una cita en la que los mandatarios de los gobiernos valenciano y catalán han adoptado la decisión de crear un grupo de trabajo estable para generar sinergias que permitan aprovechar el potencial de los fondos de la UE.

Tal y como ha avanzado Ximo Puig, ambas comunidades reivindicarán ante el Gobierno central más capacidad de singularizar el uso de estos fondos europeos en las respectivas comunidades para adaptarlos a las necesidades del tejido productivo, y también establecerán mecanismos de colaboración para la creación de consorcios empresariales con la vista puesta en las convocatorias de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica en áreas como la automoción, el espacio agroalimentario, el sanitario o el aerospacial, así como alianzas en proyectos como los relacionados con el hidrógeno verde que desarrollan los clústeres de Castelló y Tarragona, o líneas de trabajo vinculadas a la economía azul y la protección de humedales como l’Albufera o el Delta de l’Ebre.

Además, también se han tratado otras cuestiones de interés para los dos territorios, como la infrafinaciación de la Comunitat Valenciana, sobre cuya necesidad de mejora se ha pronunciado el mandatario catalán, y que Ximo Puig considera que debe solucionarse «sin frentismo» y mediante una «reforma estructural» urgente del modelo de financiación que garantice la igualdad entre la ciudadanía y la sigularidad entre territorios. Igualmente, se han analizado aspectos como la necesidad de extender los fondos COVID a 2022.

El encuentro institucional ha permitido, por otro lado, incidir, como ha señalado el jefe del Gobierno valenciano, en la relevancia de adoptar acciones para paliar los efectos de la pandemia en la salud mental, y también de seguir insistiendo ante el Ejecutivo central y ante la UE en el carácter prioritario de dar un «impulso definitivo» al corredor mediterráneo, una infraestructura «fundamental» para garantizar la prosperidad no solo de la Comunitat Valenciana y de Cataluña, sino del conjunto de España. Además, también se ha abordado la importancia de estrechar lazos en ámbitos como el cultural, con un «espacio comunicacional en que tantas cosas hay a compartir», tal y como ha indicado Puig.

«Respeto, diálogo y voluntad de acuerdo»

El president de la Generalitat valenciana ha subrayado que la reunión ha permitido reflejar el deseo de ambas comunidades de intensificar la cooperación institucional «desde el respeto, el diálogo y la voluntad de acuerdo», ya que, tal y como ha indicado, «por encima de todo, está el interés de las personas, que son los sujetos activos de nuestra existencia como gobiernos».

El máximo responsable del Consell ha recordado que Cataluña es el principal cliente comercial de la Comunitat Valenciana y su principal proveedor, y que la Comunitat Valenciana es, para Cataluña, su segundo cliente principal y el cuarto proveedor. «No somos unos entre tantos; somos vecinos a un lado y otro del Sénia», que debe ser punto de unión y no de separación, ha enfatizado.

Como ha remarcado, no tiene «ningún sentido» un «alejamiento institucional» que no se ha producido en otros ámbitos como el económico, el social o el cultural. «Es la hora de los puentes y de las soluciones», ha indicado el president, que se ha referido también en este sentido a las líneas de colaboración forjadas con Baleares y a las que la Generalitat pretende también establecer con otras comunidades.

«Se trata de tejer alianzas desde la normalidad institucional y desde la autonomía de cada gobierno», ha indicado, porque «ahora mismo la prioridad es clara: superación de la pandemia y recuperación económica y social», ha agregado.

En el encuentro, se ha expresado también el rechazo ante las manifestaciones de violencia homófoba sufridas en diferentes puntos de España, la última de ellas en València. Puig ha recordado que la Comunitat Valenciana es una «tierra diversa basada en el respeto, en la inclusión y en la solidaridad y que no quiere saber nada de estas acciones violentas que entorpecen la normal convivencia». Por ello, ha expresado todo su «apoyo y aliento» hacia quienes «ven truncada su libertad por aquellos que no tienen respeto hacia la vida de los demás».

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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