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Puig se alía con el presidente catalán para captar fondos europeos destinados a la recuperación económica

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El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, han acordado establecer un «corredor de intereses compartidos» que permitirá tejer alianzas para desarrollar estrategias comunes de captación de fondos europeos centradas en la superación de la pandemia de COVID-19 y la recuperación económica y social.

Así se ha puesto de manifiesto en la comparecencia posterior a la reunión celebrada en el Palau de la Generalitat, una cita en la que los mandatarios de los gobiernos valenciano y catalán han adoptado la decisión de crear un grupo de trabajo estable para generar sinergias que permitan aprovechar el potencial de los fondos de la UE.

Tal y como ha avanzado Ximo Puig, ambas comunidades reivindicarán ante el Gobierno central más capacidad de singularizar el uso de estos fondos europeos en las respectivas comunidades para adaptarlos a las necesidades del tejido productivo, y también establecerán mecanismos de colaboración para la creación de consorcios empresariales con la vista puesta en las convocatorias de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica en áreas como la automoción, el espacio agroalimentario, el sanitario o el aerospacial, así como alianzas en proyectos como los relacionados con el hidrógeno verde que desarrollan los clústeres de Castelló y Tarragona, o líneas de trabajo vinculadas a la economía azul y la protección de humedales como l’Albufera o el Delta de l’Ebre.

Además, también se han tratado otras cuestiones de interés para los dos territorios, como la infrafinaciación de la Comunitat Valenciana, sobre cuya necesidad de mejora se ha pronunciado el mandatario catalán, y que Ximo Puig considera que debe solucionarse «sin frentismo» y mediante una «reforma estructural» urgente del modelo de financiación que garantice la igualdad entre la ciudadanía y la sigularidad entre territorios. Igualmente, se han analizado aspectos como la necesidad de extender los fondos COVID a 2022.

El encuentro institucional ha permitido, por otro lado, incidir, como ha señalado el jefe del Gobierno valenciano, en la relevancia de adoptar acciones para paliar los efectos de la pandemia en la salud mental, y también de seguir insistiendo ante el Ejecutivo central y ante la UE en el carácter prioritario de dar un «impulso definitivo» al corredor mediterráneo, una infraestructura «fundamental» para garantizar la prosperidad no solo de la Comunitat Valenciana y de Cataluña, sino del conjunto de España. Además, también se ha abordado la importancia de estrechar lazos en ámbitos como el cultural, con un «espacio comunicacional en que tantas cosas hay a compartir», tal y como ha indicado Puig.

«Respeto, diálogo y voluntad de acuerdo»

El president de la Generalitat valenciana ha subrayado que la reunión ha permitido reflejar el deseo de ambas comunidades de intensificar la cooperación institucional «desde el respeto, el diálogo y la voluntad de acuerdo», ya que, tal y como ha indicado, «por encima de todo, está el interés de las personas, que son los sujetos activos de nuestra existencia como gobiernos».

El máximo responsable del Consell ha recordado que Cataluña es el principal cliente comercial de la Comunitat Valenciana y su principal proveedor, y que la Comunitat Valenciana es, para Cataluña, su segundo cliente principal y el cuarto proveedor. «No somos unos entre tantos; somos vecinos a un lado y otro del Sénia», que debe ser punto de unión y no de separación, ha enfatizado.

Como ha remarcado, no tiene «ningún sentido» un «alejamiento institucional» que no se ha producido en otros ámbitos como el económico, el social o el cultural. «Es la hora de los puentes y de las soluciones», ha indicado el president, que se ha referido también en este sentido a las líneas de colaboración forjadas con Baleares y a las que la Generalitat pretende también establecer con otras comunidades.

«Se trata de tejer alianzas desde la normalidad institucional y desde la autonomía de cada gobierno», ha indicado, porque «ahora mismo la prioridad es clara: superación de la pandemia y recuperación económica y social», ha agregado.

En el encuentro, se ha expresado también el rechazo ante las manifestaciones de violencia homófoba sufridas en diferentes puntos de España, la última de ellas en València. Puig ha recordado que la Comunitat Valenciana es una «tierra diversa basada en el respeto, en la inclusión y en la solidaridad y que no quiere saber nada de estas acciones violentas que entorpecen la normal convivencia». Por ello, ha expresado todo su «apoyo y aliento» hacia quienes «ven truncada su libertad por aquellos que no tienen respeto hacia la vida de los demás».

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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