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Puigdemont exige la amnistía inmediata

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Puigdemont ha sido claro sobre las condiciones para que Junts per Catalunya se siente a la mesa para negociar la investidura. Reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo, amnistía inmediata y un futuro referéndum legal sobre la autodeterminación.

Las exigencias de Puigdemont para sentarse en la mesa: abandono de la vía judicial y amnistía

Así lo ha explicado este martes el eurodiputado Carles Puigdemont desde Bruselas en una esperada conferencia en un hotel a dos pasos de las instituciones europeas.  Menos de 24 horas después de haberse reunido con la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz.

«Estamos en un momento especial. En unos días el Parlamento español empezará los tramites y no parece que el candidato de la derecha tenga apoyos ni para la primera ni en la segunda ronda y tampoco el presidente y sus socios. España se enfrenta a uno de esos dilemas que nunca resuelve bien, o confrontación entre los bloques que han polarizado o pactos. Pero el pacto tiene un problema, o mejor dicho, dos. El primero es que España no es habitual que lo haga para resolver retos democráticos, como se ve en la cuestión del Poder judicial por la incapacidad de los dos grandes partidos. El segundo que el pacto posible no es uno cualquiera, sino que requiere a Junts. Una formación a la que se atacado sin descanso por parte de las dos fuerzas políticas. Hasta el punto que hace dos meses y medio esos partidos no tuvieron ningún problema en sumar sus votos para que el candidato de Junts no fuera alcalde de Barcelona«, ha dicho el todavía reclamado por la Justicia.

Las peticiones de Puigdemont

La primera petición es clara, quiere «el reconocimiento a la legitimidad democrática del independentismo. Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que nos traten como terroristas», ha dicho.

La segunda de las peticiones declara que el 1 de octubre no fue ilegal, pidiendo el abandono de la vía judicial. «Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Puigdemont recalca que la amnistía también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios», declara.

Puigdemont solicita una amnistía inmediata para que pueda haber un pacto de investidura, cuyo plazo termina en noviembre.

La tercera de sus peticiones solicita un mecanismo de medición verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los «dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos».

«Cumplimiento de los compromisos por adelantado»

«El cumplimiento de los compromisos por adelantado es una manera de verificar (de ahí la importancia de que la lengua propia de Cataluña sea reconocida el próximo día 19 como lengua oficial de la UE ), pero lógicamente no se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución. Por eso, para poder transitar, es necesario este mecanismo de garantía», ha dicho Puigdemont. La figura no está definida, de forma deliberada.

Por último, «fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales». Junts quiere el referéndum de independencia y su promesa será línea roja, pero una vez que empiece formalmente la negociación de investidura. La amnistía es condición previa, la consulta legal futura debe quedar pactada antes de que termine noviembre. Aunque la ejecución pueda ser más adelante en el tiempo, sin precisar ahora mismo.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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