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Puigdemont exige la amnistía inmediata

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Puigdemont amnistía

Puigdemont ha sido claro sobre las condiciones para que Junts per Catalunya se siente a la mesa para negociar la investidura. Reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo, amnistía inmediata y un futuro referéndum legal sobre la autodeterminación.

Las exigencias de Puigdemont para sentarse en la mesa: abandono de la vía judicial y amnistía

Así lo ha explicado este martes el eurodiputado Carles Puigdemont desde Bruselas en una esperada conferencia en un hotel a dos pasos de las instituciones europeas.  Menos de 24 horas después de haberse reunido con la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz.

«Estamos en un momento especial. En unos días el Parlamento español empezará los tramites y no parece que el candidato de la derecha tenga apoyos ni para la primera ni en la segunda ronda y tampoco el presidente y sus socios. España se enfrenta a uno de esos dilemas que nunca resuelve bien, o confrontación entre los bloques que han polarizado o pactos. Pero el pacto tiene un problema, o mejor dicho, dos. El primero es que España no es habitual que lo haga para resolver retos democráticos, como se ve en la cuestión del Poder judicial por la incapacidad de los dos grandes partidos. El segundo que el pacto posible no es uno cualquiera, sino que requiere a Junts. Una formación a la que se atacado sin descanso por parte de las dos fuerzas políticas. Hasta el punto que hace dos meses y medio esos partidos no tuvieron ningún problema en sumar sus votos para que el candidato de Junts no fuera alcalde de Barcelona«, ha dicho el todavía reclamado por la Justicia.

Las peticiones de Puigdemont

La primera petición es clara, quiere «el reconocimiento a la legitimidad democrática del independentismo. Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que nos traten como terroristas», ha dicho.

La segunda de las peticiones declara que el 1 de octubre no fue ilegal, pidiendo el abandono de la vía judicial. «Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Puigdemont recalca que la amnistía también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios», declara.

Puigdemont solicita una amnistía inmediata para que pueda haber un pacto de investidura, cuyo plazo termina en noviembre.

La tercera de sus peticiones solicita un mecanismo de medición verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los «dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos».

«Cumplimiento de los compromisos por adelantado»

«El cumplimiento de los compromisos por adelantado es una manera de verificar (de ahí la importancia de que la lengua propia de Cataluña sea reconocida el próximo día 19 como lengua oficial de la UE ), pero lógicamente no se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución. Por eso, para poder transitar, es necesario este mecanismo de garantía», ha dicho Puigdemont. La figura no está definida, de forma deliberada.

Por último, «fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales». Junts quiere el referéndum de independencia y su promesa será línea roja, pero una vez que empiece formalmente la negociación de investidura. La amnistía es condición previa, la consulta legal futura debe quedar pactada antes de que termine noviembre. Aunque la ejecución pueda ser más adelante en el tiempo, sin precisar ahora mismo.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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