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Puigdemont exige la amnistía inmediata

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Puigdemont amnistía

Puigdemont ha sido claro sobre las condiciones para que Junts per Catalunya se siente a la mesa para negociar la investidura. Reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo, amnistía inmediata y un futuro referéndum legal sobre la autodeterminación.

Las exigencias de Puigdemont para sentarse en la mesa: abandono de la vía judicial y amnistía

Así lo ha explicado este martes el eurodiputado Carles Puigdemont desde Bruselas en una esperada conferencia en un hotel a dos pasos de las instituciones europeas.  Menos de 24 horas después de haberse reunido con la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz.

«Estamos en un momento especial. En unos días el Parlamento español empezará los tramites y no parece que el candidato de la derecha tenga apoyos ni para la primera ni en la segunda ronda y tampoco el presidente y sus socios. España se enfrenta a uno de esos dilemas que nunca resuelve bien, o confrontación entre los bloques que han polarizado o pactos. Pero el pacto tiene un problema, o mejor dicho, dos. El primero es que España no es habitual que lo haga para resolver retos democráticos, como se ve en la cuestión del Poder judicial por la incapacidad de los dos grandes partidos. El segundo que el pacto posible no es uno cualquiera, sino que requiere a Junts. Una formación a la que se atacado sin descanso por parte de las dos fuerzas políticas. Hasta el punto que hace dos meses y medio esos partidos no tuvieron ningún problema en sumar sus votos para que el candidato de Junts no fuera alcalde de Barcelona«, ha dicho el todavía reclamado por la Justicia.

Las peticiones de Puigdemont

La primera petición es clara, quiere «el reconocimiento a la legitimidad democrática del independentismo. Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que nos traten como terroristas», ha dicho.

La segunda de las peticiones declara que el 1 de octubre no fue ilegal, pidiendo el abandono de la vía judicial. «Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Puigdemont recalca que la amnistía también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios», declara.

Puigdemont solicita una amnistía inmediata para que pueda haber un pacto de investidura, cuyo plazo termina en noviembre.

La tercera de sus peticiones solicita un mecanismo de medición verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los «dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos».

«Cumplimiento de los compromisos por adelantado»

«El cumplimiento de los compromisos por adelantado es una manera de verificar (de ahí la importancia de que la lengua propia de Cataluña sea reconocida el próximo día 19 como lengua oficial de la UE ), pero lógicamente no se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución. Por eso, para poder transitar, es necesario este mecanismo de garantía», ha dicho Puigdemont. La figura no está definida, de forma deliberada.

Por último, «fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales». Junts quiere el referéndum de independencia y su promesa será línea roja, pero una vez que empiece formalmente la negociación de investidura. La amnistía es condición previa, la consulta legal futura debe quedar pactada antes de que termine noviembre. Aunque la ejecución pueda ser más adelante en el tiempo, sin precisar ahora mismo.

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Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

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Caso Koldo-Ábalos
El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar del juicio en el Tribunal Supremo, en Madrid

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) – Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

 

 

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