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Puigdemont exige la amnistía inmediata

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Puigdemont amnistía

Puigdemont ha sido claro sobre las condiciones para que Junts per Catalunya se siente a la mesa para negociar la investidura. Reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo, amnistía inmediata y un futuro referéndum legal sobre la autodeterminación.

Las exigencias de Puigdemont para sentarse en la mesa: abandono de la vía judicial y amnistía

Así lo ha explicado este martes el eurodiputado Carles Puigdemont desde Bruselas en una esperada conferencia en un hotel a dos pasos de las instituciones europeas.  Menos de 24 horas después de haberse reunido con la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz.

«Estamos en un momento especial. En unos días el Parlamento español empezará los tramites y no parece que el candidato de la derecha tenga apoyos ni para la primera ni en la segunda ronda y tampoco el presidente y sus socios. España se enfrenta a uno de esos dilemas que nunca resuelve bien, o confrontación entre los bloques que han polarizado o pactos. Pero el pacto tiene un problema, o mejor dicho, dos. El primero es que España no es habitual que lo haga para resolver retos democráticos, como se ve en la cuestión del Poder judicial por la incapacidad de los dos grandes partidos. El segundo que el pacto posible no es uno cualquiera, sino que requiere a Junts. Una formación a la que se atacado sin descanso por parte de las dos fuerzas políticas. Hasta el punto que hace dos meses y medio esos partidos no tuvieron ningún problema en sumar sus votos para que el candidato de Junts no fuera alcalde de Barcelona«, ha dicho el todavía reclamado por la Justicia.

Las peticiones de Puigdemont

La primera petición es clara, quiere «el reconocimiento a la legitimidad democrática del independentismo. Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que nos traten como terroristas», ha dicho.

La segunda de las peticiones declara que el 1 de octubre no fue ilegal, pidiendo el abandono de la vía judicial. «Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Puigdemont recalca que la amnistía también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios», declara.

Puigdemont solicita una amnistía inmediata para que pueda haber un pacto de investidura, cuyo plazo termina en noviembre.

La tercera de sus peticiones solicita un mecanismo de medición verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los «dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos».

«Cumplimiento de los compromisos por adelantado»

«El cumplimiento de los compromisos por adelantado es una manera de verificar (de ahí la importancia de que la lengua propia de Cataluña sea reconocida el próximo día 19 como lengua oficial de la UE ), pero lógicamente no se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución. Por eso, para poder transitar, es necesario este mecanismo de garantía», ha dicho Puigdemont. La figura no está definida, de forma deliberada.

Por último, «fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales». Junts quiere el referéndum de independencia y su promesa será línea roja, pero una vez que empiece formalmente la negociación de investidura. La amnistía es condición previa, la consulta legal futura debe quedar pactada antes de que termine noviembre. Aunque la ejecución pueda ser más adelante en el tiempo, sin precisar ahora mismo.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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