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Qué le puede pasar a Daniel Sancho: Estos son los escenarios que afronta

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Qué le puede pasar a Daniel Sancho
Daniel Sancho-INSTAGRAM

Madrid, (OFFICIAL PRESS-EFE).- Daniel Sancho, acusado del asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, ha evitado la pena de muerte gracias a su colaboración con la Justicia. Sin embargo, ahora se enfrenta a un complejo proceso legal que podría incluir recursos, peticiones de indulto y la posibilidad de ser trasladado a España para cumplir su condena. Pero, ¿qué le puede pasar a Daniel Sancho? Vemos todos los escenarios posibles.

Actualmente, Daniel Sancho está en prisión provisional en la cárcel de Samui, donde fue ingresado el 7 de agosto de 2023, solo cinco días después del crimen cometido en la isla de Phangan. Su futuro inmediato se centra en una serie de decisiones legales que determinarán dónde y cómo cumplirá su condena.

Posible Traslado a una Prisión de Máxima Seguridad

Aunque Sancho ha solicitado permanecer en la prisión de Samui, la legislación tailandesa exige que los condenados a más de 15 años de cárcel sean trasladados a prisiones de mayor seguridad. Las opciones incluyen las superpobladas cárceles de Surat Thani y Nakhon Si Thammarat, que albergan 5.400 y 4.200 reclusos, respectivamente. Actualmente, las autoridades de Samui están a la espera de la orden de traslado, lo que podría ocurrir en cualquier momento.

¿Es Posible Recurrir la Condena?

Sí, los abogados de Daniel Sancho ya han anunciado su intención de apelar. El proceso de apelación podría prolongarse hasta un año, pasando primero por el Tribunal de Apelaciones y luego por el Tribunal Supremo de Tailandia. Mientras tanto, la familia de la víctima, Edwin Arrieta, ha decidido no recurrir la indemnización de 106.000 euros establecida por el juez.

¿Puede Daniel Sancho Obtener un Indulto Real?

Sí, existe la posibilidad de que Daniel Sancho se beneficie de un indulto real, una práctica común en Tailandia que se aplica en fechas religiosas o relacionadas con la monarquía. Este indulto, que solo se puede solicitar una vez la sentencia sea firme, podría reducir parcialmente su condena.

Asistencia Consular Española

Sancho tiene derecho a recibir asistencia de las Oficinas Consulares de España, que pueden ofrecer ayuda económica y no económica para mejorar sus condiciones en la prisión tailandesa. En caso de necesidad, la embajada o consulado podría proporcionarle una ayuda de hasta 120 euros mensuales, siempre que su familia no pueda hacerlo.

Posibilidad de Ser Trasladado a España

Aunque no existe un acuerdo de extradición entre España y Tailandia, ambos países tienen un convenio de transferencia de presos desde 1987. Este acuerdo permite a los condenados, incluidos aquellos con penas de cadena perpetua, solicitar su traslado a España una vez que la condena sea firme. Sin embargo, Sancho deberá cumplir al menos cuatro años en prisión en Tailandia y pagar la indemnización completa a la familia de la víctima antes de solicitar el traslado.

Precedentes de Transferencia de Presos entre España y Tailandia

Un caso similar es el de Artur Segarra, condenado en 2017 a la pena de muerte por un tribunal de Bangkok por el asesinato de David Bernat. Tras su condena, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Bang Kwang, donde cumple cadena perpetua después de que su pena fuera conmutada en 2020 por el monarca tailandés.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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