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¿Qué partidos formarán la Diputación de València después del 26M?

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La Diputación de València, surgida tras las elecciones municipales de este 26 de mayo, quedará integrada por 13 diputados del PSPV, ocho del PP, cinco de Compromís, y tres de Ciudadanos mientras que EU y Podemos, hasta ahora con un representante cada uno se quedarán fuera esta legislatura. Además, en el nuevo plenario provincial que se constituirá en el mes de julio entran dos nuevos partidos La Vall ens Uneix y Vox, con un representante cada uno, según han informado fuentes de la institución provincial.

En comparación con la composición de la Diputación de Valencia salida de las urnas en 2015, el PSPV dispondrá de cuatro representantes más en la corporación provincial; el PP tendrá cuatro menos; Compromís uno menos y Ciudadanos gana uno.

Por otro lado, la coalición Unides Podem, que en la legislatura saliente contaba con una diputada por parte de Esquerra Unida y un diputado por parte de València en Comú, no tendrá representación en la corporación provincial. Estos dos escaños los ocuparán Vox, que ha sumado un diputado en el partido judicial de Valencia, y La Vall ens Uneix, que ha ganado en las urnas el diputado del partido judicial de Ontinyent.

Si tenemos en cuenta los nueve partidos judiciales y el reparto de las 31 diputadas y diputados en cada uno de ellos, en Valencia, con 18 diputados en juego, el PSPV tendrá seis representantes frente a los cuatro de la anterior legislatura; el PP se queda con cuatro frente a los seis que tenía; Compromís mantiene sus cuatro representantes, Ciudadanos gana uno y suma tres y entra Vox.

En cuanto al resto de partidos judiciales, en Alzira el PSOE se queda con el diputado que tenía el PP y Compromís mantiene el suyo; y en los partidos judiciales de Gandia, Llíria, Sagunto y Xàtiva se mantienen un diputado para el PSOE y otro para el PP. Además, los socialistas se quedan con el diputado de Sueca que tenía Compromís y con el de Requena que estaba en poder del PP, y pierden el de Ontinyent a favor de La Vall ens Uneix, según las mismas fuentes.

Tras la constitución de los ayuntamientos de la provincia y la toma de posesión de los alcaldes y alcaldesas de este nuevo período legislativo, la Diputación será la última institución en formarse y dar inicio a la nueva legislatura, en un período que abarca desde finales de junio hasta mediados de julio.

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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