València, 30 jun (EFE).- La jueza del Caso Azud ha acordado la libertad para dos de los empresarios investigados en esta causa que estaban en prisión preventiva desde el 15 de mayo al considerar, con el informe favorable de la Fiscalía, que su salida de la cárcel ya no supone un riesgo para las pruebas que acumulan en la instrucción.
Joaquín P.R. y Mónica M.G. han sido de este modo puestos en libertad, mientras que siguen en prisión por esta misma causa el tercer empresario encarcelado provisionalmente, Jaime Febrer, el exvicealcalde Alfonso Grau y el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Rafel Rubio. Sobre cada una de estas personas todavía no hay previsión de cuándo saldrán de prisión, todos o alguno de ellos, según informan a EFE fuentes del caso.
Aunque ordena su libertad, la jueza encargada de la investigación ordena en el mismo auto otras medidas cautelares para los dos empresarios citados, como comparecencias periódicas en sede judicial, retirada del pasaporte y prohibición de salida del país, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La magistrada decidió el 15 de mayo la prisión provisional, comunicada y sin fianza de estas cinco personas «al apreciar riesgo de destrucción de pruebas». Fueron detenidos en la segunda fase de esta operación, en la que se llevaron a cabo 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.
El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València.
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín.
En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución).
En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Barberá, Alfonso Grau, y también al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia e inmediatamente cesado tras ser detenido.
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