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Valencia

Quedan en libertad dos de los empresarios encarcelados por el Caso Azud

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EFE/Biel Aliño

València, 30 jun (EFE).- La jueza del Caso Azud ha acordado la libertad para dos de los empresarios investigados en esta causa que estaban en prisión preventiva desde el 15 de mayo al considerar, con el informe favorable de la Fiscalía, que su salida de la cárcel ya no supone un riesgo para las pruebas que acumulan en la instrucción.

Joaquín P.R. y Mónica M.G. han sido de este modo puestos en libertad, mientras que siguen en prisión por esta misma causa el tercer empresario encarcelado provisionalmente, Jaime Febrer, el exvicealcalde Alfonso Grau y el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Rafel Rubio. Sobre cada una de estas personas todavía no hay previsión de cuándo saldrán de prisión, todos o alguno de ellos, según informan a EFE fuentes del caso.

Aunque ordena su libertad, la jueza encargada de la investigación ordena en el mismo auto otras medidas cautelares para los dos empresarios citados, como comparecencias periódicas en sede judicial, retirada del pasaporte y prohibición de salida del país, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La magistrada decidió el 15 de mayo la prisión provisional, comunicada y sin fianza de estas cinco personas «al apreciar riesgo de destrucción de pruebas». Fueron detenidos en la segunda fase de esta operación, en la que se llevaron a cabo 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín.

En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución).

En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Barberá, Alfonso Grau, y también al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia e inmediatamente cesado tras ser detenido.

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Valencia

Las condiciones de Vox para apoyar a Pérez Llorca

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Vox Pérez Llorca
El portavoz de VOX en las Corts, José María Llanos - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Vox pide revocar las Zonas de Bajas Emisiones y rechazar la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo en Les Corts

Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para exigir un giro total en las políticas ambientales vigentes en la Comunitat Valenciana. La formación reclama al Consell que solicite al Gobierno central la revocación inmediata de la obligación de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles y que se deje sin efecto cualquier iniciativa ya aprobada en las localidades valencianas.

Una propuesta que cuestiona las leyes climáticas y las tasas derivadas

La iniciativa registrada plantea además revertir “cualquier medida restrictiva” vinculada a la Ley de Cambio Climático de 2021, al considerar que encarece la movilidad, afecta negativamente a la economía y perjudica a la industria automovilística y al comercio de proximidad.

Vox también reclama la eliminación de la normativa asociada a la Ley de Residuos de 2022, a la que acusa de introducir nuevos gravámenes estatales y tasas municipales —como la tasa de residuos— que, según la formación, impactan en las familias y en el tejido empresarial local.

Rechazo al “fanatismo verde”, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo

La PNL incluye un punto específico para que Les Corts manifiesten su “disconformidad absoluta” con las políticas climáticas europeas y con lo que Vox denomina “fanatismo verde”. El partido de Santiago Abascal sostiene que la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo representan un “modelo ideológico” que limita libertades, incrementa los costes energéticos y debilita el tejido industrial.

En su exposición de motivos, la formación afirma que las ZBE en España son una “imposición ideológica de Bruselas”, impulsada —dicen— por el bipartidismo europeo, y que su aplicación se ha convertido “en un castigo para las clases trabajadoras”, especialmente aquellas que necesitan el vehículo privado para su día a día.

Devolución de sanciones y paralización de las ZBE

Vox propone que Les Corts avalen la devolución de todas las sanciones por incumplimiento de las ZBE que hayan sido cobradas por los ayuntamientos. Asegura que estas medidas penalizan a los vecinos y que debe restablecerse la igualdad de movilidad para todos los ciudadanos.

En este sentido, la formación reivindica como “victoria del sentido común” la paralización de la ZBE de València, aprobada por el pleno municipal pero frenada tras la negativa de Vox a apoyarla. Consideran que la ordenanza respondía a “directrices abusivas de Bruselas” y que “castigaba injustamente” a conductores, autónomos y pequeños comercios.

Un movimiento en pleno proceso de negociación con el PP

La presentación de esta PNL se produce en un momento clave: Vox y el Partido Popular siguen negociando el apoyo a la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón. El plazo para registrar candidaturas expira este miércoles y las conversaciones todavía no están cerradas.

La formación de Abascal busca compromisos claros en materia de rechazo a las políticas ecológicas, restricciones ambientales e inmigración irregular, siguiendo la línea del acuerdo pactado con el anterior gobierno en funciones. También han reclamado inversiones en presas y diques para evitar tragedias como la última DANA, además de políticas de rebaja fiscal.

Por su parte, el PP registrará la candidatura de Pérez Llorca, mientras el debate sobre la ZBE de València continúa tensionando la relación entre ambos socios en el Ayuntamiento.

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