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Valencia

Quedan en libertad dos de los empresarios encarcelados por el Caso Azud

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EFE/Biel Aliño

València, 30 jun (EFE).- La jueza del Caso Azud ha acordado la libertad para dos de los empresarios investigados en esta causa que estaban en prisión preventiva desde el 15 de mayo al considerar, con el informe favorable de la Fiscalía, que su salida de la cárcel ya no supone un riesgo para las pruebas que acumulan en la instrucción.

Joaquín P.R. y Mónica M.G. han sido de este modo puestos en libertad, mientras que siguen en prisión por esta misma causa el tercer empresario encarcelado provisionalmente, Jaime Febrer, el exvicealcalde Alfonso Grau y el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Rafel Rubio. Sobre cada una de estas personas todavía no hay previsión de cuándo saldrán de prisión, todos o alguno de ellos, según informan a EFE fuentes del caso.

Aunque ordena su libertad, la jueza encargada de la investigación ordena en el mismo auto otras medidas cautelares para los dos empresarios citados, como comparecencias periódicas en sede judicial, retirada del pasaporte y prohibición de salida del país, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La magistrada decidió el 15 de mayo la prisión provisional, comunicada y sin fianza de estas cinco personas «al apreciar riesgo de destrucción de pruebas». Fueron detenidos en la segunda fase de esta operación, en la que se llevaron a cabo 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín.

En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

La investigación adquirió una nueva dimensión después de los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución).

En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue «número dos» en los sucesivos gobiernos de Barberá, Alfonso Grau, y también al que fuera durante muchos años figura clave de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia e inmediatamente cesado tras ser detenido.

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Valencia

El «yonqui del dinero»dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

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El "yonqui del dinero"dice ahora que manipuló las grabaciones que abrieron el caso Imelsa

València, 27 oct (EFE).- El exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, ha declarado ante el juez que él y su suegro manipularon y editaron las grabaciones que abrieron la investigación policial y judicial del caso Imelsa sobre supuesta corrupción en varias Administraciones controladas por el PP.

Benavent ha comparecido este miércoles a petición propia junto a su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y ha respondido únicamente a sus preguntas, rechazando cualquier interpelación del juez o el fiscal.

Según han explicado a EFE fuentes judiciales conocedoras de la declaración, el «yonqui del dinero» ha cambiado su versión sobre las grabaciones que dieron origen a esta macrocausa y ha afirmado que él y su suegro «cortaban y pegaban» esas grabaciones donde se aludía a la manipulación de expedientes o al cobro y reparto de mordidas.

Benavent, que ha declarado durante una media hora, mantiene que fue él quien realizó esas grabaciones, pero dice ahora que las provocó de forma malintencionada, es decir, provocando determinadas expresiones en sus interlocutores.

Otras fuentes, conocedoras igualmente del contenido de la declaración, han matizado que los cortes a los que ha aludido Benavent en su declaración hacen referencia a partes que consideraron, tanto él como su suegro, «intrascendentes».

Estas mismas fuentes han insistido en que, en su declaración, Benavent no ha puesto en duda la veracidad de las conversaciones y su objeto, y han recordado que Benavent ya dijo que consideraba esas grabaciones un «seguro de vida por si le pasaba algo», y que la «mala intención» con la que fueron realizadas ya se conocía.

Insisten además en que las grabaciones, en efecto, son fragmentos, pero que estos extractos no se encuentran editados ni presentan cortes.

En consecuencia, observan poco recorrido judicial a esta declaración e insisten en que no propiciará ninguna instrucción adicional o paralela, sino que la validez de estas pruebas se traducirá en unas cuestiones previas sobre las que se deberá pronunciar un tribunal.

El cambio de estrategia se cimienta, además, en el escrito presentado por su letrado, Juan Carlos Navarro, en el Juzgado de Instrucción número 18, en el que cuestiona toda la prueba documental obtenida a partir de unas grabaciones que califica como «sustraídas», además de «no íntegras, manipuladas y alteradas».

A juicio de este letrado, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial por la entonces diputada de Esquerra Unida -actualmente consellera- Rosa Pérez Garijo «se privó al órgano enjuiciador del control» y se practicaron diligencias que «supusieron una restricción de los derechos fundamentales».

En dicha denuncia, Pérez Garijo aportó un lápiz de memoria que contenía las grabaciones cuya veracidad ahora niega Benavent.

Otro de los aspectos clave de la impugnación formulada por Juan Carlos Navarro es la diligencia de entrada y registro practicada en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, Ramiro Blasco, por haberse hecho, supuestamente, sin las preceptivas autorizaciones.

En ese registro, efectuado por la UCO de la Guardia Civil, se hallaron los conocidos como «papeles del sirio», que llegaron a manos de Benavent a través de un tercero y que incriminan al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana en supuestas prácticas corruptas relacionadas con la privatización de las ITV valencianas y del plan eólico, y que han dado pie al conocido como caso Erial.

En referencia a este registro, el exgerente de Imelsa ha explicado este miércoles ante el juez que desconoce qué documentación se llevó la UCO del despacho de su exabogado, porque «tenía mucha».

Por último, el nuevo abogado de Benavent advierte sobre la «ruptura de la cadena de custodia» de las pruebas obtenidas, y alude expresamente al citado lápiz de memoria con las grabaciones, los documentos obtenidos en el despacho de Ramiro Blasco y la obtenida a partir del volcado de los ordenadores y el material informático analizado por la UCO.

El autodenominado «yonqui del dinero» se ha presentado en el juzgado con la misma estética que en sus últimas comparecencias públicas aunque sin el desparpajo ni la expresividad de otras ocasiones, más bien al contrario: ha desfilado ante la prensa cabizbajo y sin detenerse ni realizar comentario alguno.

Dentro del juzgado, tras declarar, se ha limitado a apuntar a los periodistas que había sido «amable» durante estos últimos cinco años, pero que eso se ha terminado, puesto que «no va a decir nada más».

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