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Confirman la rebaja de condena a dos miembros de La Manada por la aplicación de la Ley del solo sí es sí

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Rebajan condena de La Manada ‘ley del solo sí es sí’
Concentración en Sevilla en abril de 2018 contra la primera sentencia contra los miembros de La Manada.PACO PUENTES

Pamplona, 25 de abril de 2025 – El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la reducción de pena de 15 a 14 años de prisión para dos de los cinco condenados por la violación grupal ocurrida en los Sanfermines de 2016 en Pamplona. La revisión se realiza en virtud de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí.

Aplicación directa de la nueva ley

Esta decisión ratifica la adoptada en febrero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y se suma a la rebaja ya confirmada en 2024 por el Tribunal Supremo para otro de los implicados. En ambos casos, se ha considerado que la pena inicial de 15 años excedía los nuevos mínimos legales establecidos tras la entrada en vigor de la ley.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, presidida por Joaquín Galve, sostiene que no hay diferencias relevantes entre los casos analizados y la sentencia previa del Supremo, lo que justifica aplicar el mismo criterio: una pena muy cercana al nuevo mínimo legal, que pasó de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años tras la reforma.

Respaldo de la Fiscalía y rechazo a los recursos

La resolución también desestima los recursos presentados por la acusación particular y las acciones populares promovidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que se oponían a la rebaja. La Fiscalía, en cambio, se posicionó a favor de mantener la reducción de la pena.

El auto del TSJN subraya que “no se ve razón alguna para rectificar” la revisión aplicada, insistiendo en que el nuevo marco penal debe ajustarse a los mínimos actuales, tal como ya había determinado el Tribunal Supremo en su sentencia de julio de 2024.

Posible recurso ante el Supremo

Las dos resoluciones del TSJN aún pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, que ya ha sentado precedente en esta causa. Los cinco condenados por el caso, conocido como el de La Manada, recibieron condenas por agresión sexual, tras la reclasificación del delito en 2019 que sustituyó la antigua tipificación de abuso sexual.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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