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Confirman la rebaja de condena a dos miembros de La Manada por la aplicación de la Ley del solo sí es sí

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Rebajan condena de La Manada ‘ley del solo sí es sí’
Concentración en Sevilla en abril de 2018 contra la primera sentencia contra los miembros de La Manada.PACO PUENTES

Pamplona, 25 de abril de 2025 – El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la reducción de pena de 15 a 14 años de prisión para dos de los cinco condenados por la violación grupal ocurrida en los Sanfermines de 2016 en Pamplona. La revisión se realiza en virtud de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí.

Aplicación directa de la nueva ley

Esta decisión ratifica la adoptada en febrero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y se suma a la rebaja ya confirmada en 2024 por el Tribunal Supremo para otro de los implicados. En ambos casos, se ha considerado que la pena inicial de 15 años excedía los nuevos mínimos legales establecidos tras la entrada en vigor de la ley.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, presidida por Joaquín Galve, sostiene que no hay diferencias relevantes entre los casos analizados y la sentencia previa del Supremo, lo que justifica aplicar el mismo criterio: una pena muy cercana al nuevo mínimo legal, que pasó de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años tras la reforma.

Respaldo de la Fiscalía y rechazo a los recursos

La resolución también desestima los recursos presentados por la acusación particular y las acciones populares promovidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que se oponían a la rebaja. La Fiscalía, en cambio, se posicionó a favor de mantener la reducción de la pena.

El auto del TSJN subraya que “no se ve razón alguna para rectificar” la revisión aplicada, insistiendo en que el nuevo marco penal debe ajustarse a los mínimos actuales, tal como ya había determinado el Tribunal Supremo en su sentencia de julio de 2024.

Posible recurso ante el Supremo

Las dos resoluciones del TSJN aún pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, que ya ha sentado precedente en esta causa. Los cinco condenados por el caso, conocido como el de La Manada, recibieron condenas por agresión sexual, tras la reclasificación del delito en 2019 que sustituyó la antigua tipificación de abuso sexual.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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